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Ordenan indemnizar por bullying

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito ordenó al Colegio Americano reparar el daño material y moral por el caso de maltrato escolar de uno de sus estudiantes, en el que estuvo involucrada Lorenza Herrera Garza, directora del DIF de Monterrey.

 

La SE y el Colegio Americano pretenden restituir el daño moral tomando en cuenta sólo la utilidad del último año en la escuela privada
Que ajusten su conducta a los protocolos de actuación que se encuentran establecidos (…) evitar que casos como el que ahora se resuelve se vuelvan a repetir” 
ResoluciónDel Primer Tribunal
Colegiado

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito ordenó al Colegio Americano reparar el daño material y moral por el caso de maltrato escolar de uno de sus estudiantes, en el que estuvo involucrada Lorenza Herrera Garza, directora del DIF de Monterrey.

 

La resolución se subió a estrados el pasado 10 de octubre, en donde establece que la Secretaría de Educación del Estado, que encabeza Esthela María Gutiérrez Garza, tendría que notificar y obligar al Colegio Americano a pagar la indemnización al afectado.

 

Dentro de la revisión de amparo directo 131/2014 solicitado en el Primer Tribunal Colegiado se decretó que el pago para resarcir el daño se tendría que calcular conforme a  la situación económica del Colegio Americano, ubicado en San Pedro.

 

La escuela privada se resiste a reparar el daño moral por un caso de acoso escolar denunciado hace dos años, en el que el agresor es hijo de la actual directora del DIF de Monterrey.

 

La denuncia fue presentada por el padre del menor agredido, Jaime González Páez.

 

Datos de prueba dentro del amparo directo 35/2014 exhibe que el Colegio Americano, calificado como uno de los más prestigiados en Nuevo León, tiene una recaudación de 330 millones de pesos anuales por concepto de colegiaturas, entre otros rubros.

 

Es decir, desde el 2010 a 2014 este colegio tuvo ingresos por mil 033 millones de pesos en este periodo, más 700 millones de pesos por un evento accidentado (la venta de un terrero) ubicado por Río Missouri y Gómez Morín, en San Pedro.

 

“El administrador local de Servicios al Contribuyente de San Pedro Garza García, a través del oficio número 700-62-00-01-2015, en el cual se proporcionó copia certificada de las declaraciones anuales de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014”, señala el documento en poder de Reporte Indigo.

 

Toman ejemplo de la CDMX

 

Para resarcir el daño al estudiante del Colegio Americano de Monterrey, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito puso como ejemplo una jurisprudencia de maltrato escolar ocurrido en la Ciudad de México.

 

Ahí la indemnización se realizó conforme a la recaudación total de 7 millones de pesos de la escuela privada Instituto Universitario Verdad y Ciencia, en donde los directivos tuvieron que pagar el 7 por ciento de esa cantidad. La indemnización fue de 500 mil pesos.

 

En la resolución de este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que debía tomarse en cuenta el daño sufrido al menor, así como el grado de responsabilidad y la situación económica de la institución responsable.

 

Ante esto, la Secretaría de Educación, que encabeza Esthela María Gutiérrez Garza, tendría que obligar al Colegio Americano de Monterrey a pagar la indemnización conforme al porcentaje del total de su recaudación.

 

La estrategia para evadirse

 

La Secretaría de Educación del estado, en conjunto con el Colegio Americano, pretende restituir el daño moral tomando en cuenta sólo la utilidad del último año en la escuela privada.

 

Ante esto, la familia del afectado alista una queja por desacato contra ambas instituciones.

 

Si la Secretaría de Educación aprueba que se indemnice sólo por la utilidad, esto abre la puerta a que el colegio meta gastos y declare pérdidas, por lo que no habría una indemnización digna para la víctima de maltrato escolar.

 

“Que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León impongan al colegio particular a favor del menor, por el daño moral que sufrió por ser víctima de maltrato psicológico y discriminación, una indemnización compensatoria que repare el daño.

 

“Sufrimiento y las aflicciones que causaron la vulneración a los derechos fundamentales del impetrante del amparo, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave”, resolvió el Tribunal Colegiado.

 

Cursos pro derechos humanos

 

El Colegio Americano de Monterrey estará también obligado a erradicar la discriminación y la violación de los derechos humanos entre sus alumnos.

 

El Primer Tribunal Colegiado ordenó, a través de la Secretaría de Educación, que el Colegio Americano imparta cursos de capacitación para prevenir y eliminar el maltrato escolar.

 

Este ordenamiento fue fundado en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas.

 

“Que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León obliguen al Colegio particular a llevar a cabo cursos de capacitación para prevenir y eliminar cualquier forma de violencia escolar para prevenir y erradicar la discriminación y la violación a los derechos humanos.

 

“Para los maestros, alumnos y padres de familia de la institución académica, en la inteligencia de que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León deben vigilar, controlar y dar seguimiento a que se cumpla con esta medida”, adviertió el Tribunal.

 

Además, en la resolución el Tribunal instruyó que el Colegio Americano tendría que ajustar sus protocolos de actuación en un acto de maltrato escolar, con fundamento también en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas.

 

“Las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, y el colegio particular en los casos subsecuentes de acoso escolar por violación al derecho fundamental a la no discriminación y a la dignidad del menor, como en la especie.

 

“Y que ajusten su conducta a los protocolos de actuación que se encuentran establecidos, tanto en las normas federales como locales y de carácter internacional, para proteger el interés superior del menor y evitar que casos como el que ahora se resuelve se vuelvan a repetir”, señaló el Primer Tribunal Colegiado.

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