73

de ellos
se encuentran recluidos en la cárcel estatal de Morelia


Por sufrir el robo de sus bienes y el secuestro de un hijo, Juan Luis Ramírez se sumó a las autodefensas, hoy está preso


Para el abogado defensor no hay forma jurídica de intervención del Gobierno estatal en los procesos penales que enfrentan los civiles armados


“Habrá que ver qué vamos a hacer con muchos autodefensas inocentes que hoy están detenidos”

Silvano Aureoles

Gobernador de Michoacán

Tras analizar la situación durante casi dos meses, el gobierno de Michoacán anunció su disposición para intentar ayudar a los ex integrantes de los grupos de civiles armados que se encuentran presos por haberse defendido del crimen organizado. La postura oficial del actual gobierno michoacano es de destacar, luego de que en las administraciones de los gobernadores Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero nunca se reconoció públicamente la posibilidad de que existieran autodefensas encarcelados injustamente.

A la fecha, de acuerdo con información de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado, existen al menos 383 ex miembros de los grupos de autodefensa encarcelados, entre ellos el líder fundacional del movimiento, José Manuel Mireles Valverde, a los que el Ministerio Público de la Federación intenta aplicar sanciones carcelarias que pueden ir desde los cinco a los 18 años de prisión.

El gobernador Silvano Aureoles reconoció que la situación que enfrentan muchos de los ex autodefensas detenidos es “de preocupación” para su gobierno, por lo que aseguró que se ha tomado la determinación de revisar a fondo cada uno de los casos para determinar las posibilidades de ayuda que se puedan ofrecer a esos hombres que se alzaron contra el crimen organizado.

Sobre los grupos de autodefensa pesa la duda sobre la forma en que fueron financiados; el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ha ventilado la posibilidad de que hayan sido armados, infiltrados y operados por las células de diversos cárteles. Pero también existen evidencias de que muchos autodefensas se alzaron contra los grupos delictivos con sus propios recursos.

“Habrá que ver qué vamos a hacer con muchos autodefensas inocentes que hoy están detenidos”, dijo Silvano Aureoles en ocasión del anuncio que reveló que cada vez son más los miembros de ese movimiento armado que han optado por la legalidad. Cabe mencionar que las autoridades michoacanas han impartido cursos de capacitación a fin de incluirlos en las policías estatales, para que de esa forma continúen con su labor de vigilancia en sus comunidades.

De acuerdo con el gobierno estatal, a la fecha son 179 los hombres que alguna vez formaron parte de los grupos de autodefensa, pero tras negociar con las autoridades optaron por institucionalizarse para seguir sirviendo a sus comunidades en calidad de policías estatales, para lo cual aceptaron asistir al curso denominado “Habilidades para la Función Policial”, lo que los capacita como nuevos servidores públicos.

Además, de acuerdo siempre con datos del gobierno de Michoacán, existen al menos otros 150 ex miembros de las autodefensas que están a la espera de ser incluidos en los cursos de capacitación policial, lo que apunta hacia una lenta pero segura desarticulación de los grupos de civiles armados que nacieron con el fin de combatir al cártel de Los Caballeros Templarios.

En lo que va de la administración de Silvano Aureoles, quien rindió protesta al cargo de gobernador el primero de octubre de 2015, ya se han incorporado a las fuerzas policiales del estado más de 340 personas que alguna vez formaron parte de los grupos de autodefensa. El mayor número de elementos retirados de la seguridad clandestina para ser parte de la fuerzas del Estado se registró el año pasado, cuando cerca de 438 ex autodefensas se hicieron policías.

Al asumir el compromiso de revisar cada uno de los casos de los ex autodefensas inocentes en prisión, el mandatario michoacano destacó que esa sería la forma con la que el Estado reconocería la labor franca, sincera y noble de muchos hombres que decidieron dar la cara por sus comunidades cuando el crimen organizado las invadió.

El delito de ser inocente

A Juan Luis Ramírez el cártel de Los Caballeros Templarios le quitó todo. Le arrebataron su parcela y le quitaron su casa. A causa del secuestro de uno de sus hijos tuvo que vender dos camionetas y la poca maquinaria que tenía para el trabajo agrícola. Su esposa –por la preocupación- desarrolló cáncer de mamá. No le dejaron más alternativa que sumarse a los grupos de autodefensa. También le quitaron la libertad. Hoy se encuentra preso en la cárcel de Morelia.

Está acusado de portar armas de uso exclusivo de las fuerzas federales. Son las mismas armas que les entregó en su momento el comisionado Alfredo Castillo cuando se acercó a los grupos de autodefensa de Aquila para darles el respaldo de la federación en la lucha iniciada contra los cárteles de las drogas. Enfrenta un proceso penal y el Ministerio Público de la Federación solicita para él ocho años de cárcel. Su esposa, María de la Luz, cuando las quimioterapias se lo permiten, lo visita los domingos. Él siempre la recibe con una mezcla de impotencia y dolor por ver la forma en que se le vino abajo su vida. Pero nunca deja de sonreír. A veces putea y mienta madres al gobierno federal. No deja de hablar de la injusticia que se está cometiendo en su caso y en los de otros de sus compañeros que, igual que él, están en la pobreza y en la cárcel. 

Ha enviado no menos de dos docenas de cartas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se revise su situación, pero no ha recibido ninguna respuesta. Dentro de la prisión recibe el mismo trato que se les da a los presos reconocidos como verdaderos delincuentes. Paradójicamente, comparte una celda con dos miembros de Los Caballeros Templarios. Juan Luis está a la espera de una sentencia. Tiene la confianza de que será declarado inocente, pero también sabe que los ocho meses y tres semanas que lleva preso nadie se los va a devolver. Está desilusionado de la justicia. Espera salir de prisión para irse a Estados Unidos, en donde espera buscar un tratamiento más adecuado para su esposa y poner a salvo a sus tres hijos, sobre los pesan amenazas de muerte por parte de la célula de Los Templarios que ha vuelto a operar en su comunidad.

La mano del perdón

Si la oferta del gobierno de Silvano Aureoles resulta cierta, señala el abogado Joel Barajas –quien lleva la defensa de 11 autodefensas presos-, sería el área jurídica de la Secretaría de Gobierno la que deba revisar cada uno de los casos.

Para el abogado defensor no hay forma jurídica de intervención del gobierno estatal en los procesos penales que enfrentan los que estaban dentro del movimiento armado. Todos esos presos, acusados de portación de armas oficiales, no alcanzarían ningún beneficio de ley por tratarse de delitos graves, lo que los obligaría a pagar la sentencia completa. Sin embargo, resalta, si existe la disposición del gobierno del estado, posiblemente se pueda dialogar extrajudicialmente con los jueces michoacanos que llevan esos procesos para que por instrucción directa del titular del Ejecutivo –como ya ha ocurrido en otro casos jurídicos- se decreten libertades absolutorias al momento de dictar sentencia en la primera instancia.

Frente a la realidad jurídica de los procesos de ex autodefensas salta la posibilidad de intervención anunciada por el gobernador de Michoacán, quien ha reconocido públicamente que muchos miembros de ese movimiento fueron detenidos injustificadamente, luego de haber tomado la decisión de defender a sus familias y comunidades ante la creciente presencia del crimen organizado.

Lo que es un hecho, puntualizó el abogado Joel Barajas, es que la mayoría de los autodefensas presos están en prisión por una mala actuación del que fue comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, quien primero facilitó armas para la defensa de las comunidades por parte de civiles, y luego ordenó su detención con el argumentó de la ilegalidad del uso de las armas que les fueron proporcionadas con la anuencia del propio gobierno federal.