La tesis de que el gobierno federal mexicano es cómplice pero miente alegando desconocimiento, lo cual tipificaría como traición a la Patria, en el caso del operativo ilegal Rápido y Furioso, parece ganar terreno.

La operación, realizada  por el Departamento de Justicia de EU desde 2007, para identificar las redes de tráfico ilegal de armas a México. Resultó un fiasco, ya que la Oficina de Tabaco, Armas de Fuego y Contrabando (ATF) perdió todas las pistas de las armas, que terminaron en manos del narcotráfico.

Durante su comparecencia del 15 de noviembre, ante la Comisión legislativa de Gobernación, Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, negó, sobre juramento, que el gobierno federal haya tenido información de Rápido y Furioso.

Pese a las evidencias de los congresistas de EU, Darrel E. Issa y Charles E. Grassle, sobre el conocimiento de la PGR del operativo, el funcionario saliente negó también que Estados Unidos hubiera solicitado autorización para el operativo.

Poiré declaró: “Por parte del gobierno estadounidense no hubo en modo alguno una comunicación solicitando permiso o siquiera informando de este operativo. Si lo hubiera habido, por supuesto que lo hubiéramos negado y rechazado de manera categórica”.

El diputado del PT, Manuel Huerta, contrapuso a Poiré que la omisión del gobierno federal para dar cuenta de las armas incautadas en Rápido y Furioso, en el Sexto Informe, “manifiesta ineficacia en investigación de la responsabilidad de las autoridades mexicanas y norteamericanas en el tráfico ilegal de armas”.

Y “muestra la pasividad de las dependencias de seguridad” y opacidad que expresa “cierta complicidad” al ocultar información y no cumplir con la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

Con ello se violaron las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional y los tratados internacionales en derechos humanos, dijo Huerta.

El CISEN tendría además por ley que haber advertido que un gobierno extranjero violaba la soberanía nacional. Presuntamente, no se enteró de nada. Esto abre camino a que las izquierdas mexicanas interpongan una denuncia por no haber impedido tal violación.

El diputado Heriberto Galindo, del PRI, señaló que operativos similares constituyen una “verdadera afrenta y una intromisión inadmisible de Estados Unidos hacia nuestro país”, lo que merece una enérgica condena y correcciones, y no solo disculpas  del gobierno de EU.

Galindo reclamó que tampoco bastan los extrañamientos realizados por la SRE, ya que el trasiego ilegal e indiscriminado de armas de todo tipo a nuestro país “continúa de manera ilimitada”.