Autoridades, cómplices de despojo
Permitir la existencia de funcionarios corruptos en las áreas de catastro y registro en las administraciones locales cuesta mucho a particulares y a los sistemas de impartición de justicia en México.
Las mafias del despojo solo pueden operar si un notario, o alguien de un catastro municipal o del registro, les abrió la puerta con una escritura falsa o un doble registro.
En Jalisco ya existe evidencia documentada de que hay alteraciones de folios en administraciones municipales.
Ángel PlascenciaLas mafias del despojo solo pueden operar si un notario, o alguien de un catastro o registro, les abrió la puerta con una escritura o registro falsos
"Por lo fundado y motivado en la parte considerativa de esta sentencia definitiva, se concluye; que la parte actora probó su acción; mientras que la parte demandada no justificó sus excepciones"
"El Municipio podría iniciar un procedimiento para recuperar los recursos, si es que hubo un daño al erario"
Permitir la existencia de funcionarios corruptos en las áreas de catastro y registro en las administraciones locales cuesta mucho a particulares y a los sistemas de impartición de justicia en México.
Las mafias del despojo solo pueden operar si un notario, o alguien de un catastro municipal o del registro, les abrió la puerta con una escritura falsa o un doble registro.
En Jalisco ya existe evidencia documentada de que hay alteraciones de folios en administraciones municipales.
Un caso que ejemplifica lo anterior es el del Ayuntamiento de Zapopan, donde apenas el pasado viernes 14 de marzo se anunció que se entregaron 75 expedientes a la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se encontraron irregularidades, por las que se investiga a empleados de dicha área.
“Nosotros no hemos aún querido determinar o cuantificar de manera oficial el posible daño patrimonial. Estamos primeramente remitiéndole todo el soporte documental y las pruebas a la Fiscalía para que ésta determine si encuentra la culpabilidad en esta presunta responsabilidad penal y si se acredita ésta, entonces el Municipio podría iniciar un procedimiento para recuperar los recursos si es que hubo un daño al erario”, señaló al respecto el alcalde, Héctor Robles Peiro.
En los expedientes entregados se encontraron 389 anomalías dentro del Sistema Único de Administración de Catastro (SUAC), y se colocaron seis candados más a cuentas, con lo que ya suman 22 de éstas restringidas, según información de la Contraloría del Municipio.
“Estamos revisando los usuarios autorizados, y cuáles otros sin estar autorizados, aparecen haciendo movimientos en el sistema de administración catastral”, dijo María Teresa Brito Serrano, titular de la Contraloría de Zapopan, sobre la investigación que se realiza en dichas áreas.
Revisiones que deberían llegar hasta las últimas consecuencias, pues aunque la alteración de escrituras puede ser castigada con una sanción administrativa, la realidad es que ese tipo de alteraciones deberían promover acciones penales contra los responsables. Porque gracias a esta complicidad se logran concretar despojos, mediante el camino de los largos y engorrosos litigios.
El caso de los predios del Colegio de Pediatría, en Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, deja ver que gracias a este tipo de actos fraudulentos no existe certeza jurídica sobre algunas propiedades en el estado.
Porque 10 años y varios abogados después, los doctores consiguieron la restitución de la propiedad, de la que tomó posesión un grupo dedicado al despojo (véase, Vencen en juicio a mafia del despojo), en el que resalta como representante Armida de la Parra, la presunta propietaria, María del Rosario Puente Viera, y el vendedor del terreno Alejandro Jacobo Lomelí Ruiz, presunto propietario de varias escrituras que la defensa del Colegio de Pediatría alegan son falsas.
Lo cierto es que existen varias irregularidades en los documentos de dichos terrenos, puesto que los polígonos y los nombres de los predios (como han sido conocidos por años en la zona), no coinciden.
Además de que son varios los despojados, y Armida de la Parra cuenta con diversos litigios por propiedades en situaciones similares, como es el caso de Calvin Charles Westmoreland y su esposa Martha Elena Benavides Hernández, vecinos de De la Parra en Ajijic, que denuncian despojo de una parte de su predio (véase La industria del despojo).
Desde el 2010 se emitió una sentencia favorable para el Colegio de Pediatría, con la finalidad de que fuera restituida la propiedad ubicada en el cruce de prolongación Mariano Otero y prolongación Guadalupe.
Pero no fue hasta febrero del 2014 que se logró hacer la restitución, debido a retrasos en el proceso derivados de la defensa de María del Rosario Puente Veira.
“Por lo fundado y motivado en la parte considerativa de esta sentencia definitiva, se concluye; que la parte actora probó su acción; mientras que la parte demandada no justificó sus excepciones, en consecuencia:
“Se declara que Óscar Nasta Castán, Gilberto Martínez Ramírez, Luis Alberto Aguilar Ramírez, Ángel Barragán de Alba y la persona jurídica Colegio de Pediatría de Jalisco, AC, les corresponde el dominio y por ende propiedad de los siguientes bienes”.
En la sentencia del juez quinto de lo civil, Marco Antonio Madrigal, se enlistan las propiedades de los demandantes o actores, ubicadas en el predio rústico El Camichin.
Notarios cómplices
El caso del suicidio del notario 60, Conrado Cevallos Ponce, dejó muchas interrogantes sobre los motivos que llevaron al fedatario a quitarse la vida.
En noviembre del 2005 se anunció que se emitieron órdenes de aprehensión (de parte de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco) contra varios empleados del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Jalisco, así como notarios por el hallazgo de alteraciones en los registros.
Entre los implicados estaban los fedatarios Conrado Cevallos, así como Juan Lomelí García, y algunos empleados del registro, entre los que figuraban José Guadalupe Andrés García y Alma Verónica González Martínez.
Dos años después y con más procesos en su contra abiertos por alteraciones en el registro, en octubre del 2007 fue encontrado el cuerpo de Cevallos Ponce en su notaría, con un balazo en la sien derecha con salida en la izquierda.
Fuentes cercanas al notariado jalisciense refieren que el suicidio se habría dado luego que el fedatario constatara las consecuencias que vendrían sobre casos en los que dio aval y resultaron fraudulentos.
Quizás entre éstos se encontraba el del predio El Camichin, cuya escritura está acreditada por el notario 60, que se quitó la vida un par de años después de que se emitiera una primera orden de aprehensión en su contra por presuntas irregularidades en el registro.
Con las nuevas revelaciones que hace el alcalde de Zapopan, podrían salir a la luz más de estos fraudes, y los detalles sobre el que sufrió el Colegio de Pediatría, y del cual derivó una resolución que desestimaba las pruebas presentadas por la defensa de esta mafia del despojo. Por lo que es el momento para que administraciones como la zapopana asuman su responsabilidad, y pongan freno a la corrupción en una de las áreas más delicadas para un Ayuntamiento.
Mafia busca amparo
En un juicio de “amparo indirecto” promovido el 2 de febrero de este año por la defensa de los demandados, cuyo expediente es el 133/2014 del Juzgado Quinto Civil federal, se pide que sea detenida la restitución del predio del Colegio de Pediatría.
Como “acto reclamado” se indica en la página del SISE del Poder Judicial Federal, sobre el citado expediente:
“Todo lo actuado en el juicio y como consecuencia la inscripción preventiva o definitiva que podría hacerse a favor de un tercero del bien inmueble de mi propiedad”.
De este modo la defensa de Alejandro Lomelí y María del Rosario Puente Viera busca que se evite la restitución del terreno al Colegio de Pediatría.
En el mismo sistema se establece que el juez negó la “suspensión definitiva” por los actos reclamados, por lo que se espera que se emita la resolución del juicio, sin que se altere en nada la restitución ordenada por el Juez Quinto de lo Civil de Jalisco.
La audiencia constitucional estaba programada para el 10 de marzo pasado, pero en el sistema se indica que se postergó hasta finales de mes, para el 31 de marzo del 2014.