La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al interior del sistema penitenciario jalisciense se incrementó un 50 por ciento en tan solo tres años, lo que ha consolidado su posición como la organización delictiva dominante en las cárceles que están a cargo del Gobierno del estado.

Mientras en el año 2017 la entonces Fiscalía General de Jalisco reportaba que el sistema carcelario estatal tenía recluidos a 354 miembros del CJNG, un nuevo informe del Gobierno del estado actualizado al 17 de septiembre de 2020 revela que el contingente de presos de ese grupo delictivo está compuesto ahora por 530 personas.

50

por ciento ha crecido el número de integrantes del CJNG en tres años en las cárceles

En la actualidad la Secretaría de Seguridad de Jalisco y su Dirección General de Prevención y Reinserción Social señalan que las prisiones estatales alojan en total a 748 miembros del crimen organizado, pertenecientes a 19 grupos criminales distintos, según el informe obtenido vía transparencia (recurso de revisión 1886-2020).

La superioridad numérica y operativa del CJNG en las cárceles estatales de Jalisco es clara. No hay ninguna otra organización criminal que disponga en estos momentos de más de 100 reclusos; luego de ese grupo delictivo, el segundo lugar en este sentido lo ocupan sus antiguos rivales del Cártel de La Resistencia, aun cuando las autoridades solo identifican a 47 presos con esta filiación criminal.

En el 2017, por su parte, la Fiscalía General de Jalisco señalaba que en todo el sistema penitenciario estatal se tenían presos a 839 miembros de los cárteles del narcotráfico, y aunque ya desde ese entonces el CJNG se presentaba como el grupo delictivo predominante, la ascendencia de Los Zetas aún resultaba amenazante pues disponía de 143 integrantes, colocándolo entonces en el segundo sitio por número de reclusos (hoy tiene solo 34).

Otra novedad en el reporte actualizado de las autoridades es la inclusión del Cártel Nueva Plaza, el grupo que se escindió del CJNG para disputarle el control del estado de Jalisco, una pugna a la que se le atribuye buena parte de la violencia que se vive en la entidad, y el alza que se ha dado en el hallazgo de fosas clandestinas.

Este Cártel Nueva Plaza cuya existencia se reveló en el 2018, justamente durante las investigaciones por la desaparición de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), ocurrida el 19 de marzo de ese año, en Tonalá, tiene actualmente 27 reclusos en cárceles estatales de Jalisco.

Según la conclusión a la que llegó la Fiscalía General de Jalisco en ese 2018, los estudiantes Jesús Daniel Díaz García, Marco Francisco García Ávalos y Javier Salomón Aceves Gastélum, del CAAV, fueron asesinados por una célula del CJNG, tras confundirlos con integrantes precisamente del Cártel Nueva Plaza.

La hegemonía del CJNG

Con el incremento de la presencia del CJNG al interior de las cárceles estatales de Jalisco aumentan también las dificultades para imponer la rectoría del Estado en esas instalaciones, donde la disputa por el autogobierno ha conducido en este mismo año a episodios de extrema violencia.

Tan solo este 22 de mayo pasado se registró un multihomicidio de ocho reclusos en la Comisaría de Sentenciados (o Centro de Reinserción Social) del complejo estatal de Puente Grande, en lo que se habría tratado de una pugna relacionada con el autogobierno que se le atribuye en esa prisión justamente el CJNG.

Tras los hechos, las autoridades aseguraron en la Comisaría de Sentenciados dos armas de fuego –una calibre .380 y otra calibre 5.7 mm–, y un artefacto explosivo de fabricación casera; pese a la gravedad de los hechos, se le ha mantenido a José Antonio Pérez Juárez en la titularidad de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del estado.

Así describió lo acontecido ese funcionario el mismo día del multihomicidio: “Un grupo muy reducido agredió por causas que hasta ahorita sería especulativo determinar y eso le compete a la Fiscalía pero el caso es que sí hubo una agresión y la población enardecida en respuesta a lo que ellos consideraron algo injusto, porque las personas agredidas no eran personas que causaran problemas al interior del centro, reaccionaron violentamente con las consecuencias de algunos agresores fallecidos”.

Por esos hechos las autoridades procedieron contra cuatro internos del penal; unos meses después, el 21 de agosto del 2020, se informó que tres de ellos ya habían obtenido sentencia condenatoria:

“En un procedimiento abreviado, tres internos del Centro de Reinserción Social fueron sentenciados a 29 años y 11 meses en prisión por el delito de homicidio calificado en agravio de otros ocho sujetos durante una riña registrada el 22 de mayo de este año. Aquel día, tres de las víctimas y otros hombres obtuvieron armas de fuego así como objetos punzocortantes con los que comenzaron a agredir a otros internos del centro”.

Y agrega: “En la trifulca, ocho internos murieron, por lo que personal de la Fiscalía estatal inició con las investigaciones que permitieron identificar a cuatro de los presuntos participantes identificados como Oscar ‘N’, Omar Arturo ‘N’ y Carlos Jesús ‘N’ así como Jonathan ‘N’”.

El cuarto recluso señalado optó por desechar el juicio abreviado, por lo que su proceso sí derivará eventualmente en un juicio oral para determinar su culpabilidad o inocencia.

Autogobierno

Recientemente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo Montaño, reconoció que el CJNG estaba al mando del autogobierno en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”, la prisión federal del complejo de Puente Grande que ha sido cerrada de forma definitiva.

En un encuentro con académicos del Colegio de México, el funcionario federal dijo este 1 de octubre que la reubicación de los presos de esa prisión federal significó:


Sacarlos de su zona de confort porque, por ejemplo, a los reos pertenecientes al Cartel Jalisco Nueva Generación estar en el penal de Puente Grande es tener todas las condiciones para conservar el autogobierno

Alfonso Durazo

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México

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