La Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció irregularidades en la construcción del Tren Maya por lo que pidió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclarar 156 millones 106 mil 025 pesos por el proyecto.

De acuerdo con las auditorías 379-DE y 1384-DE, se identificaron sobrecostos en asesorías legales, pagos injustificados y falta de mecanismos para verificar el cumplimiento de contratos en la obra prioritaria de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, está pendiente por aclarar 20 millones 716 mil 232 pesos dentro del rubro de Financiamiento y Erogaciones.

La dependencia tampoco aclaró 135 millones 389 mil 793 pesos en la a gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto.

La ASF reveló que en 2019, Fonatur contrató a dos empresas para los servicios legales, económicos y financieros para la estructuración jurídica del Tren Maya, lo cuales podía realizar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

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El organismo fiscalizador identificó que en el informe de auditoría 1384-DE, el Fonatur utilizó algunos supuestos que “no fueron razonables” para elaborar sus proyecciones del Tren Maya entre 2023 y 2053.


Un riesgo en la viabilidad financiera del proyecto, ya que la sobrestimación en la demanda podría repercutir en variaciones significativas respecto de la rentabilidad estimada del proyecto en la etapa de preinversión

ASF

Por lo que ASF determinó que “podría incrementarse la inversión y existiría el riesgo de que el Estado no obtenga la rentabilidad esperada por el proyecto” si se realizan modificaciones en el diseño o retrasos en la obra.

“En términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, indicó.

La construcción de la obra tampoco fue consultado debidamente ante la población indígena, pues en la auditoría 1385-DE, el Fonatur lanzó el proyecto sin estudios para determinar la “factibilidad social” del Tren Maya, es decir no se realizó “un diagnóstico en el que previera los posibles efectos y riesgos sociales que ocasionaría su construcción y operación”.

También se determinó que el megaproyecto es poco transparente en la adjudicación de contratos públicos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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