Matar al mensajero

27 de Abr, 2017

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Martín Méndez Pineda no contó con el respaldo de su Gobierno estatal; salió de Guerrero por sus propios medios y solicitó el asilo político en la garita de El Paso, Texas

De acuerdo a la organización Reporteros sin Fronteras, este 2017 se apunta como un año violento para la prensa mexicana

(Nota del editor: esta nota fue actualizada el 16 de mayo) La libertad de expresión se observa severamente amenazada en México. En apenas cinco meses se han registrado siete homicidios de periodistas, agresiones a 25, amenazas de muerte contra al menos otros 7 y el autoexilio de dos comunicadores.

De acuerdo a organizaciones internacionales, este saldo se atribuye a la corrupción y la impunidad en las esferas policiales, y a la creciente presencia del crimen organizado.

En su informe “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017: un Mapa del Mundo Cada vez más Sombrío”, publicado el pasado 26 de abril por la organización Reporteros Sin Fronteras, se establece que México, es “un caso preocupante”, pues en 15 años descendió del lugar 75 hasta la posición 147, en la lista de los países en donde el ejercicio del periodismo es más seguro.

De acuerdo al informe de esta organización, la más importante en cuanto a la revisión de condiciones para la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en el mundo, este año se apunta, otra vez, como ha sido la constante en los últimos 10 años, como un año violento para la prensa mexicana.

Los siete homicidios de periodistas que van a la fecha, así lo presagian.

El autoexilio anunciado por la periodista Patricia Mayorga Ordoñez, corresponsal de la revista Proceso en Chihuahua, se suma al del periodista de Guerrero, Martín Méndez Pineda, reportero del diario Novedades de Acapulco, quien también decidió salir del país, ante la serie de amenazas de muerte vertidas en su contra a causa de su trabajo periodístico.

Patricia Mayorga dejó su natal Chihuahua luego de una serie de amenazas que se presumen provienen de quien o quienes mandaron asesinar a la periodista Miroslava Breach, según confirmó una fuente del Gobierno estatal de Chihuahua, en donde se estableció que la periodista había realizado algunas investigaciones conjuntas con la periodista asesinada el pasado 23 de marzo.

Por su parte, con sus propios medios, Martín Méndez Pineda decidió salir del país el pasado 2 de febrero, luego que elementos de las fuerzas federales, concretamente de la Gendarmería, lo amenazaron de muerte tras una serie de coberturas para el diario Novedades de Acapulco, que daban cuenta de la brutal violencia que se vive en la entidad.

A estos hechos se suman las amenazas de muerte que se han vertido contra otros periodistas, dos del estado de Puebla, dos de Guerrero, uno de Veracruz, uno de Tamaulipas y otro más de Michoacán, quienes denunciaron los hechos ante el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desde donde se les implementaron medidas de protección.

“México sigue gangrenado por la corrupción y la violencia del crimen organizado, muy presentes en ciertos estados de la república: en Veracruz, Michoacán y Tamaulipas, investigar un tema delicado puede poner en peligro a un periodista rápidamente”, concluye el informe dado a conocer por la represente de Reporteros Sin Fronteras en México, Balbina Flores.

La presentación del informe que expone los riesgos de la prensa a nivel mundial, pero que insiste en las condiciones de impunidad en nuestro país, coincide con el primer aniversario de la muerte del periodista Francisco Pacheco Beltrán, asesinado en Guerrero, en cuya investigación no hay avances, y más bien su familia fue obligada al desplazamiento a causa de amenazas con ella.

Asesinatos sin pistas

Igual que el de Francisco Pacheco Beltrán, también se encuentran sin avance en las investigaciones los homicidios de Adrián Rodríguez, en Chihuahua; Aurelio Cabrera Campos, en Puebla; Agustín Pavía, Marcos Hernández Bautista, Salvador Olmos García y Elido Ramos, en Oaxaca; Pedro Tamayo, Manuel Torres González y Anabel Flores, en Veracruz, y Moisés Lutzow, en Tabasco, todos asesinados el año pasado.

Los asesinatos de periodistas registrados en lo que va de este año, mucho menos tienen avances; el caso de Cecilio Pineda, en Guerrero, todavía no apunta ni a las razones por las que fue ejecutado. El homicidio de Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz, cuenta con cinco hipótesis que van desde la riña personal hasta la ejecución del narco.

En el caso del homicidio de Miroslava Breach, se ha intentado esclarecer el asesinato por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en base a un ejecutado que se insiste en señalar como el autor material, partiendo de un mensaje encontrado a un costado del cuerpo de quien en vida era Gabriel Ochoa Cárdenas.

El otro caso empantanado es el del periodista de nota policiaca, Maximino Rodríguez Palacios, del colectivo Pericú, de La Paz, Baja California Sur, en donde las autoridades ministeriales ni siquiera han establecido los posibles móviles del asesinato, el que se registró apenas el pasado 14 de abril, en donde se pretende desvincular el homicidio con su actividad periodística.

Sin dinero, para proteger a periodistas

De acuerdo a datos que obran en el Mecanismo de Protección a Periodistas, de los 25 comunicadores que -en lo que va de este año- han sido objeto de agresiones físicas, y de los siete que cuentan con amenazas de muerte, a solamente cinco de ellos se les ha podido dotar de seguridad personal, el resto cuenta sólo con un “botón de pánico”.

El Mecanismo de Protección a Periodistas, que a la fecha otorga protección a 509 personas, entre periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, no cuenta con fondos suficientes para atender la demanda de los que son agraviados por el ejercicio de sus funciones, reconoce el diputado de Morena, Virgilio Caballero Pedraza, integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

La razón por la que el mecanismo no cuenta con fondos para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, es porque en el Proyecto de Egresos de la Federación 2017, no se destinaron fondos a esa partida, que es dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Cabe señalar que el Mecanismo de Protección opera con los fondos aportados al fideicomiso que con este fin fue puesto en operación desde el 2012, cuando se aportaron 40.8 millones de pesos. Al inicio de la actual administración el fondo se robusteció hasta llegar a 127. 5 millones de pesos, pero luego se dejó de invertir en la seguridad de los comunicadores.

En el 2014, este mismo fondo bajó a 118 millones de pesos. Para el 2015 se dispuso de solo 102 millones de pesos, monto que descendió en el 2016 a 88.9 millones de pesos. En el 2017 no se destinó recurso alguno a este fideicomiso, por lo que el Mecanismo de Protección ha tenido que trabajar con los fondos remanentes del periodo anterior, los que a la fecha se ubican en menos de 37 millones de pesos.

Ese es el monto total con que hoy cuenta el Mecanismo de Protección para atender las solicitudes de protección y seguridad de los comunicadores y personas defensoras de derechos humanos, mismas que van al alza en lo que va de ese año, con relación al mismo periodo del año pasado, por lo que se estima que los recursos podrían verse totalmente agotados entre septiembre y octubre próximo.

Autocensura, el mejor camino

Otra estadística que revela el estado de la libertad de expresión en México es el que refiere que, de los siete periodistas amenazados de muerte, todos han optado por seguir en el ejercicio periodístico, pero ahora sin tocar temas de corrupción, violencia y narcotráfico, atribuidos como principal causa para el origen de sus amenazas.

Por eso, la organización civil chilena Corporación Latinobarómetro, que se dedica al análisis de estudios de opinión de impacto social, colocó a México, al cierre del primer trimestre del 2017, como el cuarto país en América Latina con mayor autocensura, solo después de Ecuador, el Salvador y Guatemala.

A nivel mundial, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, las condiciones de violencia para los periodistas mexicanos ubican a nuestro país por debajo de naciones como Siria y Afganistán, dos estados que oficialmente se encuentran en guerra civil. Resaltando que, en México, los periodistas “realizan su labor informativa con valor y grandes esfuerzos”, esto a causa del “deterioro constante de la seguridad”.

Y es a causa de la inseguridad que muchos periódicos en todo el país han optado por la autocensura, como ocurre en el estado de Tamaulipas, donde el crimen organizado ha obligado a muchos medios a no publicar la situación real que sucede en las regiones, según lo explicó el periodista Enrique Juárez, del periódico El Mañana de Ciudad Victoria.

Los estados que mayor autocensura registran en sus medios locales de información son Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Oaxaca, en donde decenas de medios han optado por no publicar información relacionada con la presencia del crimen organizado, ni hechos de violencia, a fin de no exponer a sus reporteros a los riesgos de agresiones anónimas.

Impunidad, la constante

En los últimos 10 años, en todo el país se han registrado un total de 79 asesinatos de periodistas, de los que 47 corresponden al periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y 31 a lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, siendo el año más violento el 2016, cuando se documentaron 11 homicidios de comunicadores, casi uno por mes.

El 2017 ya se asoma como uno de los años que podría superar cualquier cifra anterior, pues en menos de cuatro meses ya se han registrado cuatro asesinatos de periodistas, de los que oficialmente no se han esclarecido las causas, mucho menos se ha dado con la detención de los homicidas, tanto materiales como intelectuales.

“La impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra la prensa alimenta un círculo vicioso que se perpetúa”, reconoce la organización Reporteros Sin Fronteras, en donde se toma por ejemplo los últimos cuatro homicidios de este año, en donde no existen avances sustanciales en la investigación para el esclarecimiento de los hechos.

El problema de la impunidad en los crímenes contra los periodistas mexicanos es reconocido de la misma forma por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se señala que, de todos los crímenes cometidos contra comunicadores, del 2000 al 2017, menos del 10 por ciento de los casos ventilados ante tribunales han podido concluir con una sentencia condenatoria que sancione a los responsables.

Los datos de la CNDH indican que, del año 2000 a la fecha, se han registrado 119 homicidios de periodistas, en donde 12 eran mujeres. También se tienen documentados los casos de desaparición de otros 20 comunicadores, de los que 20 son mujeres. Y se han registrado 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.

De todos estos casos, solo 5 de los 50 atentados a instalaciones a medios cuentan con un procesado en prisión, en 10 casos existen procesados por igual número de homicidios, pero en el caso de los desaparecidos no existe ningún avance de las investigaciones que pueda ubicar el paradero de alguno de los comunicadores.

Pero las cifras de la CNDH se quedan cortas frente a las emitidas por la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pues aquí se indica que, de julio del 2010 a diciembre del 2016, de las 798 denuncias que se recibieron en esa instancia, por agresiones a periodistas, solo se tiene registro de dos sentencias condenatorias, es decir el 99.7 por ciento de las agresiones continúan en la impunidad.

De acuerdo a los datos aportados por la FEADLE, a través de una respuesta emitida por la Oficina de Transparencia y Apertura Gubernamental, mediante el oficio PGR/UTAG/00882/2017, los casos de agresiones a periodistas que han sido atraídos por esa dependencia, van al alza; entre los años 2013 al 2016 se atrajeron 48 casos de delitos contra periodistas, en donde los abusos de autoridad fueron los más insistentes.

En el periodo del 2013 al 2015 fueron 14 asuntos de abuso de autoridad, 13 de amenazas, tres de daño a propiedad ajena, ocho por homicidio, tres por lesiones, uno por privación ilegal de la libertad, cuatro por robo, uno por tentativa de robo y otro más por tentativa de homicidio, los que se registraron en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Ponen tierra de por medio

Las condiciones de inseguridad para el ejercicio periodístico en México, no pueden ser mejor evidenciadas que con el autoexilio que se han impuesto ya dos comunicadores: apenas hace dos días, la periodista de Proceso, Patricia Mayorga Ordoñez, decidió radicarse en Estados Unidos para conservar su vida.

En esta decisión la periodista fue auxiliada por el Gobierno estatal de Chihuahua, que ayudó en los trámites de solicitud de exilio al gobierno de Estados Unidos, así como en el operativo para trasladarla de la capital del estado a un sitio en la frontera norte, donde el gobierno norteamericano dio entrada a los trámites de solicitud de exilio.

Patricia Mayorga tomó la decisión del autoexilio, luego de recibir amenazas de muerte de quien o quienes se estima se encuentran detrás del asesinato de la también comunicadora Miroslava Breach. Y es que las dos reporteras realizaron trabajos conjuntos de investigación sobre la presencia de células del narcotráfico entorno a algunos proyectos mineros y de desplazamiento poblacional en la sierra Tarahumara.

El que no corrió con la suerte de contar con el respaldo de su Gobierno estatal fue el periodista Martín Méndez Pineda, quien por sus propios medios salió de Guerrero el pasado 2 de febrero para poner a salvo su vida. Esta decisión la tomó luego de recibir amenazas de muerte por parte de elementos de la Gendarmería destinados a la entidad para el combate a las células del crimen organizado.

Martín Méndez Pineda hizo solo el trayecto desde Guerrero hasta Ciudad Juárez, luego que desde hacía semanas había venido recibiendo amenazas de muerte por parte de ocho elementos de la Gendarmería, a los que señaló de violentar garantías constitucionales de unos detenidos, tras un incidente automovilístico registrado en las inmediaciones de Acapulco.

El periodista de solo 23 años de edad, movido por el instinto de la conservación, se presentó sin mayor compañía en la garita fronteriza de El Paso, Texas, en donde ante funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas solicitó el asilo político bajo el argumento del riesgo que corre su vida en suelo mexicano.

Este caso es acompañado por Reporteros Sin Fronteras, donde se ha dado a conocer que el periodista guerrerense sigue internado, en el centro de detención de El Paso, en donde ya cumple 82 días sin que se resuelva su caso. Martín Méndez Pineda es representado por el abogado Carlos Spector, quien confía en una solución favorable para el comunicador.

Este 15 de mayo fue asesiando en Sinaloa Javier Valdez, uno de los periodistas con mayor reconocimiento en el tema de narcotráfico. Mientras que en Jalisco fue baleado el comunicador Jonathan Rodríguez, quien perdió la vida.