Hoy comienza la primera sesión ordinaria del segundo año legislativo de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso de Nuevo León. Las y los diputados inician el nuevo periodo con varias iniciativas pendientes por aprobar en el Pleno.

Hay propuestas que fueron el centro de la discusión hacia el final del primer año legislativo, las cuales exhibieron públicamente el rompimiento de las bancadas mayoritarias del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el gobierno de Samuel García, quien pertenece a Movimiento Ciudadano (MC). En primera vuelta fueron votadas iniciativas como la creación la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF), y reformas al artículo 87 de la Constitución local para que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) sea un órgano autónomo.

La Fiscalía se encargará de investigar y perseguir los beneficios o incrementos económicos injustificables, a quienes hayan participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita o que incurran en alguno de los delitos comprendidos en el Código Fiscal del Estado. Mientras que la Unidad será un órgano independiente y su operación no dependería del Gobierno estatal, pero sí de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero.

El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, aclaró que estos dictámenes fueron presentados para que los órganos de inteligencia financiera no sean utilizados para fines políticos.

“Cada vez que proponemos una iniciativa, allá viene un golpe personal”, dijo el coordinador, tras la filtración de una supuesta investigación de la UIFE a sus propiedades. También aclaró que sí tiene una empresa que se llama “Desarrollos Carfu”, pero tiene más de 20 años de operación y se dedica a la compra, venta y renta de inmuebles.

Los dictámenes están en espera de que se voten en segunda vuelta, y con el arranque de sesiones, tendrían que pasar al Pleno.

La iniciativa que crea la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera propone una reforma el artículo 2, fracción VII, y una adición a la fracción VI Bis 1 al artículo 10, así como adicionar los artículos 33 bis y 33 bis 1 de la Ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia.

“Para el ejercicio de las facultades, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, a la Fiscalía General se integrará al menos de los siguientes órganos y unidades, la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera”, dice el documento en su artículo 10.

Pero el argumento para que la UIFE pase a manos de la Fiscalía es inconstitucional, ya que invade la esfera de facultades del Ministerio Público (MP) previstas en el artículo 21 de la Constitución federal. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la resolución del juicio de amparo 12’1412016, sostiene que es el MP quien debe investigar los delitos.

Revocación de mandato, contrapeso del Congreso al gobierno

Diputadas y diputados del Congreso local tienen pendiente la aprobación de una iniciativa en segunda vuelta para la revocación de mandato.

Por una parte está la modificación a la Constitución del Estado y, por otra, reformas a la Ley de Participación Ciudadana en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

Los artículos primero y segundo transitorio de la reforma a la Constitución local tienen un decreto 84, expedido por el Congreso el 17 de diciembre de 2021, el cual establece que la revocación del mandato y demás disposiciones legales entrarán en vigor a partir del 5 de octubre de 2025. Es decir, serán aplicables a Samuel García, titular del Poder Ejecutivo.

Mientras que en la iniciativa de reforma a varios artículos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León busca realizar ajustes normativos, al dejar en desuso diversos conceptos como el plebiscito y referéndum. Otro objetivo es la incorporación de reglas específicas para la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo local.

Estas iniciativas fueron propuestas por la bancada del PAN, a cargo del coordinador Carlos de la Fuente, y fueron aprobadas en la Comisión de Legislación. Legisladores panistas consideran que contribuyen a garantizar el derecho de los ciudadanos de Nuevo León para acceder al instrumento de revocación de mandato.

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