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Reporte
Nacional

CASINOS

Arman megaoperativo de parodia

Javier Estrada

Lo que empezó como una simple diligencia de Conciliación y Arbitraje en el casino La Fortuna, terminó con un zafarrancho que protagonizaron supuestos cetemistas, presuntos agentes de Ministerio Público, fuerzas militares y al menos dos corporaciones de seguridad.

Por cerca de tres horas el Ejército, Fuerza Civil, la Policía de Monterrey y supuestos agentes de la PGR se dieron cita en el centro de apuestas, pero nunca dejaron en claro a los casineros si apoyaban con la fuerza pública la diligencia o si realizaban un operativo.


Nov 1, 2012
Lectura 6 min

Lo que empezó como una simple diligencia de Conciliación y Arbitraje en el casino La Fortuna, terminó con un zafarrancho que protagonizaron supuestos cetemistas, presuntos agentes de Ministerio Público, fuerzas militares y al menos dos corporaciones de seguridad.

Por cerca de tres horas el Ejército, Fuerza Civil, la Policía de Monterrey y supuestos agentes de la PGR se dieron cita en el centro de apuestas, pero nunca dejaron en claro a los casineros si apoyaban con la fuerza pública la diligencia o si realizaban un operativo.

El despliegue de este miércoles tuvo lugar en el mismo casino que en mayo pasado fue objeto de un intento de despojo por parte del juez Luis Armando Jerezano Treviño.

En esta ocasión, fue invadido por presuntos sindicalizados de la CTM que apoyaban un emplazamiento a huelga del negocio.

Cerca de las 11:00 horas, la actuaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Nancy Idalia Pérez Vargas, arribó al local acompañada de un supuesto líder sindical para informar a los propietarios sobre el emplazamiento.

La funcionaria informó que la diligencia había sido promovida por el cetemista Juan Enrique Contreras Cortés y presuntos trabajadores de Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V.

Esta empresa dejó de tener posesión del inmueble desde el primer intento de despojo que sufrieron los propietarios del casino.

Según los dueños del establecimiento, desde el pasado 1 de octubre la sociedad Doblecaras S.A. de C.V., es la que posee el inmueble a través de un contrato de arrendamiento.

Al centro de apuestas también llegó Érick Garza, quien se presentó como el representante legal de la empresa demandada y mostró una carta poder apócrifa, de acuerdo con los propietarios.

Este documento derivó de un acta de asamblea en la que el casinero Arturo Cardona Calderón cedió sus acciones de La Fortuna, pero el empresario argumenta que fue presionado a firmarla e incluso fue víctima de la privación ilegal de la libertad.

Un peritaje de grafoscopía también determinó que las firmas de su socio Jesús Andrés González que aparecen en la misma acta fueron falsificadas para el intento de despojo.

Mientras la diligencia se realizaba, en el exterior de la casa de apuestas aguardaban policías municipales, elementos de Fuerza Civil, supuestos cetemistas de a pie y también a bordo de taxis.

Cuando los dueños legítimos acreditaron la posesión del inmueble, la actuaria no pudo concluir el emplazamiento y se retiró de La Fortuna.

En ese momento, un grupo de encapuchados irrumpió en el establecimiento y ante la mirada de los militares desalojaron a clientes.

Algunos de los trabajadores quedaron adentro, unos alcanzaron a salir y otros más ya no pudieron ingresar al casino.

Dos de los encapuchados armados se presentaron ante los dueños como agentes del Ministerio Público Federal, pero nunca mostraron sus identificaciones.

Los propietarios de La Fortuna aseguran que se pusieron en comunicación con el Ejército, la PGR, la Policía regia y Fuerza Civil, pero les informaron que oficialmente no se realizaba ningún operativo en el casino.

En compañía de Javier Rivas, un ex técnico de La Fortuna que dejó de trabajar en el casino a principios de este año, los encapuchados se dirigieron a la cabina de monitoreo y desactivaron las cámaras de videovigilancia.

Posteriormente, tanto los militares como los encapuchados abandonaron el inmueble y lo dejaron a disposición de las fuerzas locales de seguridad.

Fuerza Civil desalojó a los sindicalizados una vez que los dueños comprobaron con documentos que son los arrendadores del inmueble.

Este sería el segundo intento por despojar a los empresarios del casino La Fortuna.

El juez federal Luis Armando Jerezano Treviño fue acusado en mayo pasado de formar parte de un grupo del crimen organizado que se dedica a extorsionar a casineros en Monterrey.

Jerezano Treviño, quien está suspendido desde agosto de 2011 bajo sospecha de corrupción por el caso del casino Royale, fue señalado en una denuncia penal como el responsable de la privación ilegal de la libertad que sufrió el propietario del centro de apuestas, Arturo Cardona Calderón.

El presunto secuestro del empresario fue cometido el pasado 14 de mayo en el municipio de San Pedro, y se habría llevado a cabo por órdenes de Jerezano Treviño con la intención de despojarlo de sus acciones de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V.
El socio del casino denunció a Jerezano Treviño y a otras cuatro personas por los delitos de robo, privación ilegal de la libertad, extorsión y delincuencia organizada, incluidos Manuel Balderas Ramírez, ex alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, y su hijo Antonio Balderas Martínez.

Existen dos denuncias contra Jerezano Treviño, una radicada ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, y otra penal ante la Procuraduría de Nuevo León, que exoneró al juez federal.

El Ministerio Público no otorgó valor probatorio a los audios y videos que implicaban al juzgador suspendido hace un año por el caso del casino Royale y al ex alcalde tamaulipeco.

En el Consejo de la Judicatura Federal la denuncia sigue congelada, aunque esta instancia suspendió temporalmente al juez, desde el 20 de septiembre de 2011, por los amparos que éste concedió a la empresa operadora del Royale.

Acusados de secuestro dirigieron la operación

El operativo que se montó el miércoles en el casino La Fortuna, que involucró a varias corporaciones federales, estatales y municipales, estuvo encabezado por dos polémicos civiles que han sido acusados de secuestro y extorsión.

Jerónimo Garza Chaib y el ex alcalde de Miguel Alemán Manuel Balderas  se apersonaron en las instalaciones de este centro de apuestas que es disputado legalmente por dos diferentes grupos.

Estos dos personajes fueron acusados penalmente por los delitos de secuestro, extorsión y crimen organizado por el abogado Arturo Cardona Calderón, socio del casino La Fortuna, en una denuncia que presentó el pasado 24 de mayo ante la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.

En esta misma denuncia, que el Ministerio Público dictó el no ejercicio de la acción penal, se acusó por los mismos delitos también al juez federal Luis Armando Jerezano, suspendido actualmente por el Consejo de la Judicatura.

Jerónimo Garza Chaib fue captado por una de las cámaras de seguridad instaladas afuera del casino La Fortuna, ubicado en el fraccionamiento Bernardo Reyes, en el norte de Monterrey.

Por su parte, Manuel Balderas no aparece en ninguno de los videos, pero testigos que estuvieron presentes en el operativo identificaron al ex alcalde de Miguel Alemán como uno de los hombres que dirigieron el operativo en el casino.


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