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LeydeRemuneraciones

Amparos para conservar salarios

Jesús Padilla

Funcionarios del Poder Judicial de Nuevo León han presentado amparos contra la Ley de Remuneraciones para conservar sus megasuledos pese a rebasar el tope salarial del gobernador Jaime Rodríguez y el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el Congreso local ya busca un representante del Consejo Ciudadano


Ene 10, 2019
Lectura 6 min
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En Nuevo León comenzó una ola de amparos ante la podadora de sueldos que representa la Ley Federal de Remuneraciones. Magistrados, jueces, secretarios y hasta personal administrativo del Poder Judicial del Estado han interpuesto este recurso para conservar los pagos mensuales que superan el tope salarial fijado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León ha recibido cerca de 800 amparos de funcionarios del Poder Judicial del Estado, que aún están en contabilización.

La ley contempla los artículos 75 y 127 de la Constitución para regular la denominación “del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos” y abarca los tres poderes de la Unión y los demás entes públicos dotados de autonomía, como la Fiscalía de Justicia de la entidad.

Funcionarios del Poder Judicial regiomontano califican de inconstitucional esta reforma, pues consideran que se trata de una medida enunciativa y no limitativa. Sostienen que hay un perjuicio por los efectos y consecuencias de esta ley

“Lo anterior con el objeto de que prevalezca la situación jurídica financiera, económica, personal, administrativa, fáctica, familiar y de entorno social e inconstitucional que impera en mi calidad de oficial administrativo de base juzgado de distrito”, dice un documento en poder de Reporte Indigo.

El escrito da cuenta de que los funcionarios pretenden conservar remuneraciones nominales, adicionales y cualquier otra percepción, en efectivo o en especie. Esto incluye dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, comisiones y recompensa de bonos. Otras prestaciones que se enlistan son los seguros de gastos médicos mayores, de vida y descuentos en el pago de impuestos.

800 amparos aproximadamente hay en Nuevo León

“Que se impida que se vean menoscabadas, reducidas o alteradas”, menciona el escrito.

De acuerdo con los tabuladores aprobados para el presupuesto de egresos 2019 el 27 de diciembre, magistrados y consejeros del Poder Judicial percibirán entre 167 mil 431 y 205 mil 568 pesos, lo que significaría hasta 93 por ciento más que el gobernador Jaime Rodríguez.

Los pagos por mes atentan contra la Ley de Remuneraciones estatal, que establece que nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo. El tabulador que compete a “El Bronco” fija 106 mil pesos.

Además, rebasan la percepción mensual del presidente López Obrador, que es de 108 mil pesos. A nivel nacional hay más de 21 mil funcionarios que han presentado 3 mil 806 demandas de amparo contra esta ley, según lo dio a conocer el Consejo de la Judicatura Federal.

+21 mil funcionarios a nivel federal se han amparado

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León ha promovido varios recursos para defender sus salarios. Se trata de, al menos, tres amparos impulsados por los miembros de este órgano.

Hacia un Consejo de Remuneraciones

Los sueldos de los funcionarios de primer nivel superan la percepción mensual de “El Bronco” y de López Obrador pero la fracción del PRI en el Congreso local propuso reactivar el Consejo Ciudadano de Remuneraciones que ya busca a su representante.

En entrevista con Reporte Índigo, Francisco Cienfuegos, líder de la bancada tricolor, habló de la importancia de este órgano.

“Mucho se hablado de que se asignan sueldos a los diferentes funcionarios de los tres niveles de Gobierno y de los tres poderes, lo importante aquí es que se active y que no sea a criterio de una sola persona o de un paquete fiscal”, expresó el tricolor.

Este órgano está integrado por representantes de diversas instituciones empresariales y de educación para hacer recomendaciones en los tabuladores, con rangos mínimos y máximos.

Los diputados aprobaron este miércoles 9 de enero convocar a sus integrantes para proponer un representante.

El Consejo está integrado por representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex), la asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales, (ERIC), el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, la Cámara de la Industria de la Transformación, (Caintra) y la Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios de Monterrey, (Canaco).

Además se suman instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Regiomontana (UR), la Universidad de Monterrey (UDEM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey (ITESM).

El objetivo es que los sueldos para los funcionarios del Poder Judicial del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, municipios y paraestatales estén bajo normativa.

“Existe en la Ley y en la Constitución este Consejo de Remuneraciones, lo correcto es que tenga este funcionamiento con parámetros, para que se tenga al 100 por ciento de la evaluación dictaminada de todos los niveles”, informó

Adrián de la Garza Tijerina, realizó la petición en representación de la bancada del PRI, y el Congreso local aprobó por unanimidad que los organismos remitan la información correspondiente del 4 de febrero al 4 de marzo en la Oficialía de Partes.

“Hasta el 4 de marzo tenemos como fecha límite para recibir las propuestas de representantes de cada organismo y universidades, y que tengan un lapso de cinco meses para que puedan hacer las recomendaciones”, agregó el diputado priista.

La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León ordena que el Consejo Ciudadano de Remuneraciones sesione cada año, lo que se tendría que hacer con esta reactivación.

“Lleva 10 años de no estar sesionando, de estar acéfalo”, criticó Cienfuegos del Consejo.

La última reforma de esta ley fue en 2008, en donde se incluyó a magistrados, consejeros de la judicatura, jueces, secretarios y cargos de dirección administrativa del Poder Judicial del Estado; así como a la Comisión Estatal Electoral y Auditoría Superior del Estado.

En esta Ley no está contemplada la recién creada Fiscalía General de Justicia, que dentro de su presupuesto tabuló megasueldos para su titular Gustavo Adolfo Guerrero y los fiscales anticorrupción y de delitos electorales, que rebasan el salario del presidente de México y del gobernador, Jaime Rodríguez “El Bronco”.


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