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CáRCELES

Los amparos de los capos

Luis Herrera

La Comisión Nacional de Seguridad y la Segob revelaron la existencia de 409 amparos interpuestos por criminales que cometieron ilícitos de carácter federal para evitar ser trasladados de los penales estatales donde se encuentran y así poder seguir delinquiendo gracias a la falta de gobernabilidad en dichas cárceles


Ene 10, 2018
Lectura 13 min
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Los altos niveles de autogobierno que pueden ejercerse en el interior de las cárceles estatales del país han llevado a que los miembros capturados de los grupos criminales luchen por mantenerse en esas prisiones locales por medio de amparos, obstruyendo así su traslado a reclusorios federales.

Los integrantes de cárteles como Los Zetas, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo, de Sinaloa, Arellano Félix, entre otros, se resisten a perder el control que han impuesto desde sus celdas en los penales estatales, y donde, en realidad, nunca terminan por desvincularse de las actividades ilícitas del exterior.

La CNDH observó que de las 131 cárceles estatales examinadas, en 66 hay autogobierno y sobrepoblación en 50

En 2017 se pudo palpar el grado de sometimiento en el que se halla el Reclusorio Preventivo de Jalisco, en Puente Grande, a manos de un CJNG enseñoreado entre narco-fiestas, o la total impunidad con la que operaba Luis Alberto González Nieto “El Tatos”, desde las prisiones del Estado de México, quemando, torturando y extorsionando a los otros internos.

De acuerdo con registros obtenidos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en todo el país se tiene conocimiento de 409 procesos jurídicos interpuestos por presos en cárceles estatales, que buscan impedir a toda costa su reubicación a penales federales (recurso de revisión RRA 5766/17). 

Estos más de 400 internos que han promovido amparos para mantenerse en prisiones estatales, están recluidos todos por delitos federales -166 con procesos abiertos y 243 sentenciados-, por lo que son sabedores de que deberían estar siendo custodiados en cárceles del Gobierno federal, donde la vigilancia de las autoridades es mucho mayor.

El 86 por ciento de estos presos que quieren seguir en las permisivas manos de los gobiernos estatales, enfrentan cargos por los ilícitos que más suelen vincularse con el accionar de los cárteles, a saber, delitos contra la salud (105), portación de armas de uso exclusivo del Ejército y sin licencia (206) y delincuencia organizada (40).  

Pero también hay casos de homicidio, secuestro, privación ilegal de la libertad, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa, tráfico de indocumentados, falsificación de moneda, defraudación fiscal, violación, e incluso de índole electoral.

En el informe obtenido de la CNS y el OADPRS se da cuenta de 22 organizaciones delictivas distintas que han recurrido a este tipo de estrategia jurídica, desde los de alcance más regional como Los Rojos y Los Granados que operan en el estado de Guerrero, hasta los de mayor envergadura como el CJNG, Los Zetas o de Sinaloa.

Hasta junio pasado la población total carcelaria del país ascendía a 209 mil 782 internos

La lógica que sigue el crimen organizado resulta entendible con los hallazgos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): de 131 cárceles estatales examinadas, en 66 hay autogobierno, y en 50, sobrepoblación; condiciones que no observó en las federales. Esa debilidad local es la que se busca explotar.  

A junio pasado la población total carcelaria del país ascendía a 209 mil 782 internos: 170 mil 302 del Fuero Común (81.18 por ciento), y 39 mil 480 del Federal (18.82 por ciento); de estos últimos, empero, só﷯lo 18 mil 557 están en centros federales, no así los 20 mil 923 restantes que siguen en cárceles locales.

Las cárceles predilectas

Las estrategias jurídicas contra las que lidia la CNS y el OADPRS, y que impiden el traslado de esos más de 400 presos por delitos federales hacia reclusorios del Gobierno federal, se pusieron en marcha desde las cárceles estatales de 23 entidades federativas del país.

Sin embargo, la mayor parte de estos internos que se resisten a ser reubicados a centros federales -o 58 por ciento-, están concentrados en los sistemas penitenciarios de sólo cinco entidades: la CDMX, con 85; Sinaloa, con 48; Guerrero, con 38; Chihuahua, con 35 y Baja California, con 33.

El informe de la CNS y su OADPRS revela que las prisiones estatales de mayor interés para los presos que cometieron delitos federales son el Cereso de Acapulco y el Centro Penitenciario Aguaruto en Sinaloa

Esas cinco entidades recibieron las siguientes calificaciones en el manejo de sus cárceles, luego de su supervisión por la CNDH: la CDMX obtuvo 6.85 puntos; Sinaloa, 5.88 puntos; Guerrero, 4.39 puntos; Chihuahua, 7.45 puntos y  Baja California, 7.40 puntos.

El informe de la CNS y su OADPRS revela cuáles son los centros de reclusión estatales de mayor interés para los presos por delitos federales, es decir, aquellas instalaciones locales que resultan las preferidas para estos internos que no quieren salir de la vigilancia local.

La CNDH emitió una recomendación por la muerte de 28 reclusos en el Cereso de Acapulco

En primer lugar está el Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Acapulco, Guerrero, donde hay 37 presos por delitos federales que se niegan a reubicarse, y que incluso pugnan por seguir bajo la supervisión del gobierno del mandatario Héctor Astudillo.

Apenas el 16 de diciembre pasado la CNDH emitió la recomendación 69/2017 al gobierno de Guerrero, por la muerte de 28 reclusos en esa cárcel en una riña acontecida el 6 de julio del 2017. El Cereso de Acapulco obtuvo, de hecho, una calificación reprobatoria de la CNDH con 4.76 puntos.

El segundo lugar es del Centro Penitenciario Aguaruto, en Sinaloa, con 36 presos federales que quieren permanecer en él; y se entiende: el 16 de marzo de 2017 se informó de la fuga de ese penal de cinco miembros relevantes del Cártel de Sinaloa, entre los que estaba Juan José Esparragoza Monzón, hijo de “El Azul”, y uno de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno federal.

Pero también se fugó Francisco Javier Zazueta, “Pancho Chimal”, a quien las autoridades consideraban jefe de seguridad de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y presunto autor de la emboscada a militares del 30 de septiembre de 2016, donde murieron cinco efectivos (el 15 de abril de 2017 se difundió su muerte en un enfrentamiento con marinos).

En aquella ocasión Cristóbal Castañeda Camarillo, subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, dio a conocer que los presos fugados contaban precisamente con amparos para impedir su traslado a centros federales: su plan de escape pendía de la fragilidad de Aguaruto.

Esa misma dependencia informó que los tres módulos en los que estaban recluidos esos internos antes de escapar, eran, en realidad, espacio de lujo de los que se recolectaron 75 televisiones de plasma, consolas de videojuegos, celulares, y dosis de cocaína y mariguana.

La cárcel de Aguaruto (o Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán) fue reprobada por la CNDH con 5.75 puntos.

Alta demanda

Hay otras cuatro prisiones locales que igualmente destacan por recluir a la mayor cantidad de presos federales amparados para no salir de ellos, y continuar así dentro de sus celdas.

Los lugares tercero y cuarto corresponden a dos prisiones del gobierno de la CDMX, se trata del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde hay 33 internos en este supuesto, y el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, con otros 21.

Ambos son, de hecho, los únicos dos penales del Gobierno de la CdMx que fueron reprobados por la CNDH en su última evaluación 2016, al haber obtenido para el caso del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, 5.61 puntos, y para el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, 5.76 puntos.

El quinto sitio lo comparten dos centros estatales con 18 presos federales cada uno con estrategias jurídicas en marcha: el Cereso Cadereyta, del Gobierno de Nuevo León, y el Cereso El Hongo, del gobierno de Baja California. El primero fue reprobado por la CNDH con 5.63 puntos, y apenas el 9 de octubre de 2017 fue el escenario de un motín que dejó a 18 internos sin vida.

Cárteles jurídicos

Si bien la mayor parte de los 409 presos federales con recursos legales para permanecer en cárceles estatales, enfrentan cargos por delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército -86 por ciento-, en 85 casos las autoridades identifican las ligas precisas con grupos delictivos específicos.

Así, puede saberse que los dos cárteles que más han recurrido a esta estrategia jurídica para rehuir la vigilancia del Gobierno federal, y seguir explotando la debilidad de las cárceles estatales, son Los Zetas y del Golfo, cada uno con 15 presos que tienen procedimientos legales con este fin.

El cártel de Los Zetas tiene juicios de amparo en marcha desde penales de Chiapas (tres, en las cárceles número 11, Tres y Cinco), Campeche (uno, en el centro San Francisco Koben), Jalisco (dos, en el Reclusorio Metropolitano), Quintana Roo (cuatro, en el Cereso Cancún), Baja California (cuatro, en el Cereso El Hongo) y Puebla (uno, en el Cereso Puebla).

El cártel del Golfo lo hace únicamente desde dos entidades federativas, Nuevo León, con nueve juicios desde el Cereso Cadereyta; y Chiapas, con otros seis desde el Cereso para Sentenciados 13, Tonalá.

Los dos cárteles que más han rehuido a la vigilancia del Gobierno federal para seguir explotando la debilidad de las cárceles estatales son Los Zetas y del Golfo, cada uno con 15 presos

Destaca también el cártel de Los Arellano Félix que tiene una decena de presos en el Cereso El Hongo de Baja California.

Esta estrategia jurídica también ha sido adoptada por el CJNG, con ocho internos que buscan mantenerse en cárceles de Guanajuato (uno, en el Ceprereso León), Colima (cuatro en su Cereso), Jalisco (dos en el Reclusorio Metropolitano) y Nuevo León (uno en Cereso Cadereyta).

El Cártel de Sinaloa y su brazo de Los Mexicles suman también ocho presos con estos recursos legales, en Sinaloa (uno,  en el Centro Penitenciario Aguaruto), Baja California (dos en Cereso El Hongo) y Chihuahua (cinco en Cereso Estatal Tres).

El grupo de Los Beltrán Leyva y sus dos desprendimientos, Los Rojos y Los Granados, han interpuesto siete procesos jurídicos en Guerrero (seis: uno en Cereso La Unión, y cinco en el Cereso Acapulco), y Morelos (uno, en el Cereso Femenil Morelos).

Mientras que las dos células del Cártel de Juárez, Los Aztecas y La Línea, tienen cuatro presos con suspensiones legales, todos en Chihuahua (tres en el Cereso Estatal Tres; y uno en el Cereso Estatal Femenil Uno); y la Familia Michoacana/Caballeros Templarios otros cuatro, en Colima (tres en su Cereso) y Edomex (uno, en  Ecatepec).

El cártel del Golfo se ampara desde los penales de Nuevo León y Chiapas, y el grupo de Los Arellano Félix desde Baja California

Mención aparte merece el “Primer Cártel de Guadalajara”, aquel que encabezaron Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y el prófugo Rafael Caro Quintero, y que mantiene aún hoy a cinco de sus miembros en la Comisaria de Sentenciados de Jalisco.

El resto de los casos –nueve- hacen referencia a grupos como Milenio, La Corona, La Oficina, La Resistencia, y otros poco conocidos como Cubano y Doble A.

Prisiones sometidas: Jalisco

Nunca como en 2017 había quedado tan expuesta la pobre rectoría del Gobierno de Jalisco sobre su sistema penitenciario, donde el dominio que ha adquirido el CJNG le permite incluso dar grandes fiestas en el  Reclusorio Preventivo de Puente Grande.

El sistema penitenciario de Jalisco es el décimo a nivel nacional con el mayor número de presos por delitos federales que no quieren dejar sus celdas

El poder que ejercía en las cárceles estatales de Jalisco José Luis Gutiérrez Valencia alias “Don Chelo”, “El Ojo de Vidrio” o el “7-7”, para el CJNG, no terminó, de hecho, sino hasta que sorpresivamente salió de su reclusión el 24 de noviembre pasado, sólo para ser abatido unos días después en un enfrentamiento con la Marina.

Ese recluso contaba precisamente con una de estas suspensiones judiciales que impedían su traslado a un centro federal, lo que le permitió consolidar la hegemonía del CJNG en Puente Grande, ante el vacío de poder que había dejado la ausencia del Gobierno estatal.

Lo cierto es que el sistema penitenciario de Jalisco es el décimo a nivel nacional con el mayor número de presos por delitos federales que no quieren dejar sus celdas, lo que no sorprende tras observar las imágenes de la narco-fiesta y el grado de control que ahí ejerce el crimen organizado.

En las cárceles de Jalisco la CNS y su OADPRS reportan 16 presos por delitos federales con procedimientos jurídicos para no ser trasladados a centros federales, y que enfrentan cargos por ilícitos como delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, contra la salud, homicidio y secuestro.

De estos, cinco están en la Comisaria de Sentenciados; seis en el Reclusorio Metropolitano; cuatro en la Comisaria de Prisión Preventiva (o Reclusorio Preventivo), y uno en la Comisaría de Reinserción Femenil.

Sobre 11 internos de esos 16 se conoce con mayor detalle el grupo criminal que se encuentra detrás: a dos se les identifica como miembros del CJNG y están en el Reclusorio Metropolitano; a dos más se les vincula con Los Zetas también en ese centro.

A otro se le liga con La Corona, grupo surgido tras el abatimiento de Ignacio “Nacho” Coronel en 2010, y está en el Reclusorio Metropolitano; y a uno más con La Resistencia, en ese mismo penal, un grupo que se disputó el territorio de Jalisco con el CJNG en el sexenio pasado.

No obstante, la organización criminal que más ha explotado esta vía jurídica en Jalisco para evitar su reubicación a cárceles federales, es el que la CNS y el OADPRS registran como Primer Cártel de Guadalajara, que lideró Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Caro Quintero.

Este grupo delictivo tiene cinco presos en la Comisaría de Sentenciados, en Puente Grande, con suspensiones vigentes obtenidas mediante juicios de amparo para no salir de ahí.

Como informó Reporte Indigo, el dominio del CJNG en el Reclusorio Preventivo estatal es tal que entre marzo de 2013 y 2017 esa cárcel permitió 150 ingresos de grupos musicales que se presentaron en sus instalaciones, varios con canciones que ensalzan a ese grupo criminal y al capo Nemesio Oseguera “El Mencho”, y en contraparte, la Comisaría de Sentenciados no registró ninguno de estos eventos (“La fiesta sigue”, 26 de Junio de 2017). 


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