No solo a nivel federal los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) están en riesgo, a nivel Ciudad de México también.

El 7 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 15 de febrero enviará una propuesta de iniciativa de ley para adherir a los órganos autónomos a su administración con el argumento de que cuestan mucho y sus funciones pueden ser realizadas por las secretarías federales.


Especialistas dice que los órganos autónomos son cuestionables pero necesarios y los capitalinos verán reducidos los espacios de participación si se les reducen los recursos

Mientras que en la capital del país, la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado 26 de diciembre un dictamen de ley propuesto por el Gobierno local para modificar el Presupuesto de Egresos 2021 y aplicar un recorte económico a los órganos autónomos locales de 396.2 millones de pesos.

El argumento es la atención de la contingencia sanitaria por COVID-19 y el dictamen podrá ser aprobado a partir del 1 de febrero, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones.

Los cuatro órganos autónomos —de un total de trece a nivel local— entre los que se repartirá el recorte de casi 400 millones de pesos son el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX); el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (CJCDMX); la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA); y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX).

Dicha cifra equivale al 1.95 por ciento del total destinado en 2021 a los órganos locales y de gobierno cuyo monto asciende a 20 mil 240 millones 760 mil 60 pesos.

El 11 de enero de 2020, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum también se pronunció al respecto del tema y señaló que está de acuerdo con hacer una evaluación a los órganos autónomos de la capital.

“Hay muchos que son sumamente robustos y que no se han visto sus resultados (…) hay que hacer una evaluación, porque no es defender a los organismos autónomos per se. Pienso, como el presidente, que es muy importante hacer una evaluación de todos estos organismos. En muchos de ellos tienen sueldos mayores que los del presidente, incluso se ampararon para no bajar su sueldo”, dijo.

Especialistas señalan que los órganos autónomos son cuestionables pero necesarios y los capitalinos verán reducidos los espacios de participación si se les reducen sus recursos y también si las autoridades continúan con la intención de centralizar el poder.

Reducción de espacios

Una de las funciones más importantes de los órganos autónomos es proveer y garantizar a la ciudadanía de espacios de participación.

Si a nivel local se reduce su presupuesto, también los habitantes de la capital se verán afectados, afirma Artemisa Montes Sylvan, directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis y académica de la Universidad La Salle.


Son instrumentos de la ciudadanía para tener un control y una supervisión del gobierno

Artemisa Montes Sylvan

Directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis

La especialista argumenta que los órganos autónomos proveen de figuras de participación ciudadana y protegen varios derechos, como los electorales y humanos de la población, por lo cual, es importante que sigan operando.

“La democracia directa no es que vaya el funcionario a un pueblo sino tener mecanismos clave que logren incidencia, eso es lo que tienen que diseñar los órganos autónomos”, declara.

Montes Sylvan indica que restarles recursos es una forma de centralizar el poder y restar contrapesos; y que si no tienen resultados, es por las limitaciones de ley y económicas.

Detalla que si gradualmente se les va recortando presupuesto o no aumenta, dichas entidades entran en un modo de supervivencia en el que solo pueden realizar sus funciones básicas.

En cuanto a las imposibilidades legales, pone de ejemplo que según las leyes y códigos electorales es casi imposible que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) organice una consulta pública o convoque a un proceso de revocación de mandato.

“Porque la ley pide que al menos del 10 por ciento de los inscritos en el padrón electoral estén de acuerdo, se pide mucho más gente de la que se requirió para llegar al puesto, porque para un cargo de representación popular no existe un mínimo”, menciona.

Regreso al pasado sin órganos autónomos

Los órganos autónomos fueron creados a partir de la incapacidad y del sesgo que había en el Gobierno para realizar tareas específicas como organizar elecciones y gestionar la política monetaria, señala Marco Antonio Zeind Chávez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por lo cual, desaparecerlos es una regresión a la década de los 80 cuando todo era realizado por el Gobierno federal.

“Después de las elecciones de 1988 y la acusación de fraude, se hizo evidente la necesidad de órganos autónomos y por eso en 1996 se creó el entonces Instituto Federal Electoral (IFE)”, menciona.

También, ejemplifica, la autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es un logro porque si los datos por los que se mide el desarrollo y crecimiento del país fueran recabados por el mismo Gobierno, tendrían sesgo.

Incluso, considera que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debería ser autónoma, contrario a lo que plantea el presidente de la República de que esta dependencia pueda absorber al INAI.

“De hecho la Función Pública debería ser un órgano autónomo, para que no sea un subordinado el que audite a su jefe”, menciona.

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