Alerta de género a modo en Jalisco
La decisión del Gobierno de Jalisco por declarar la Alerta de Violencia de Género en su modalidad estatal, y no federal como la que han seguido el resto de los estados, le permitió eludir la vigilancia externa de instituciones federales que habría traído la segunda opción.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) indica que actualmente hay 14 estados con trámites resueltos o en proceso para activar la Alerta del Gobierno federal, lo que hace de Jalisco el único del país que optó por rehuir el escrutinio de observadores federales.
Luis HerreraLa alerta estatal fue ‘blindada’ para que sólo pudiera ser promovida por el Instituto Jalisciense de las Mujeres
La instancia especializada en materia de género de la Secretaría de Gobernación, la Conavim, fue convocada sólo como espectadora en la modalidad de alerta de Jalisco
La decisión del Gobierno de Jalisco por declarar la Alerta de Violencia de Género en su modalidad estatal, y no federal como la que han seguido el resto de los estados, le permitió eludir la vigilancia externa de instituciones federales que habría traído la segunda opción.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) indica que actualmente hay 14 estados con trámites resueltos o en proceso para activar la Alerta del Gobierno federal, lo que hace de Jalisco el único del país que optó por rehuir el escrutinio de observadores federales.
En Morelos y el Estado de México, donde la Alerta la emitió la Secretaría de Gobernación (Segob), se crearon Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios supervisores en manos de instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el Inmujeres y la Procuraduría General de la República (PGR).
Ninguna de estas velará en Jalisco, donde la Alerta estatal por la que se decidió el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz excluye la participación de esas instituciones que habrían fiscalizado el actuar de su gobierno.
Hoy la Alerta federal, tras la reforma de su reglamentación en 2013, considera que el Grupo evaluador de su implementación lo integre el Inmujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de Segob, y CNDH, con dos académicos de rango nacional, dos locales, y un representante del gobierno estatal.
Jalisco pudo tener uno así de haber recurrido a la Segob, en su lugar, lo que se creó es un Grupo evaluador con el propio gabinete del gobernador, y sin autonomía, como: las secretarías de Gobierno, Salud y Educación, la Fiscalía General y el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).
La parte más independiente del Grupo local es la académica, con cuatro miembros de la UdeG, y uno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Solo como invitada
El desinterés del Gobierno local por involucrar a profundidad a la Federación en su Alerta, llevó a que la instancia especializada en materia de género de Segob, la Conavim, no fuera convocada más que como espectadora de un evento.
“Esta Comisión no tiene conocimiento respecto a la participación de alguna instancia de la Administración Pública Federal en el proceso de Alerta de Jalisco. En ese mismo sentido, no se ha solicitado a esta Comisión participar en las propuestas, únicamente fue notificada del inicio de la investigación e invitada a la presentación del informe derivado de dicho mecanismo”.
Es el oficio CNPEVM/242/2016, del 2 de marzo, signado por Alejandra Negrete Morayta, titular de Conavim, y el cual contradice la afirmación del Ejecutivo en el Dossier de su Alerta:
“El modelo metodológico fue asesorado por la Conavim de Segob y se siguieron los lineamientos de investigación que se estipulan a nivel nacional”.
Casos contrarios los del Estado de México y Morelos, donde la Conavim y las instancias federales “conjuntamente dan seguimiento a las medidas de seguridad, prevención y justicia contenidas en la Declaratoria de Alerta”, dice el Inmujeres en su oficio INMUJERES/SE/111/2016, en respuesta a Reporte Indigo.
Hay, pues, más vigilancia en el Estado de México que en Jalisco, aunque en este se dio un 34 por ciento de más asesinatos de mujeres de 2010 a 2015 (agosto), fueron 594 en Jalisco y 443 en el Estado de México, pero este tiene más de 8 millones de mujeres, y Jalisco la mitad.
Chiapas, Nuevo León, Baja California, Colima, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, y Veracruz tienen procesos abiertos para activar la Alerta de Segob, lo que evidencia la expansión de la violencia feminicida y sistémica contra la mujer.
En Guanajuato el 30 de julio de 2015 se determinó su improcedencia.
Sin ‘solicitud formal’
El mecanismo de Alerta estatal por el que optó el gobernador sacrificó el escrutinio federal, pero posibilitó la difusión de que fue el Ejecutivo quien solicitó la activación y la declaró: doble crédito.
En el Informe del Grupo local, página 31, se reseña que fue el gobernador quien pidió la Alerta: “Lo anterior, en ausencia de una solicitud formal para la activación de la Alerta por parte de algún organismo de la sociedad civil organizada o de derechos humanos”.
Empero, tan solo el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), la había solicitado desde mucho antes y recurrentemente, de ello hay antecedentes al menos desde 2010.
El Inmujeres confirmó, además, que el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local no prevé en su artículo 11 la opción de que una asociación u organismo de derechos pueda solicitar la Alerta -como sí lo hace el artículo 32 del Reglamento de la Ley General,- sino que debe hacerlo el IJM.
Es decir, que la Alerta estatal se “blindó” por las autoridades para que solo pueda ser promovida por el IJM, de ahí, pues, la carencia de “una solicitud formal”.
Pide buscar coordinación
La diputada federal por Jalisco, Candelaria Ochoa Ávalos, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, hizo un llamado al Ejecutivo para que incluya en la coordinación de la Alerta a la esfera federal y refuerce la del ámbito municipal.
Ella, aunque ha manifestado su interés por sumarse como aliada desde la Cámara de Diputados, dice: “a mí no me han llamado nunca. Lo que se tiene que buscar es una coordinación con instancias federales, estatales y municipales, tiene que haber una coordinación mucho más estable y legítima para ir midiendo los avances.
“La coordinación estatal no puede estar solamente en que el IJM llame a las titulares de los institutos municipales y les diga ‘vamos a coordinarnos’, sino más bien desde la Policía, Secretaría de Cultura, Comunicación, etc”.
Sobre si lee en la Alerta estatal un propósito por evitar la supervisión externa, dijo:
“Eso ustedes lo tienen que concluir, no podría afirmarlo ni negarlo, es importante que se haya declarado pero creo que sí tenemos que coordinarnos con instancias federales, estatales y municipales, si no va a ser muy difícil atenderlo”.
De 21 feminicidios en 2013, subió a 36 en 2014 y a 54 en 2015.