Ninguna de las alcaldías de la Ciudad de México tiene una buena imagen respecto a percepción de corrupción, indica la Encuesta de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas de la Ciudad de México 2019 (ECRIGE–CDMX 2019) dada a conocer en 2020.

Según el estudio, el primero realizado a las alcaldías que entraron en funciones a partir de 2018, los negocios y células económicas consideraron que la corrupción en las demarcaciones está en un rango que oscila entre el 78 y el 99 por ciento.

La encuesta, basada en la opinión de los propietarios de negocios o empresas de las demarcaciones, arroja que la alcaldía con más incidencia de anomalías es Azcapotzalco, el 99.1 por ciento dijo que hay con frecuencia actos de corrupción por parte de servidores públicos.

En segundo lugar está Xochimilco con el 95.4 por ciento de percepción de corrupción de sus funcionarios.

Mientras que en tercer lugar se encuentra Miguel Hidalgo: el 92.5 por ciento de los encuestados dijo que se cometen actos de opacidad e irregularidades por parte de los trabajadores.

Aunque ninguna de las 16 alcaldías está por debajo del 50 por ciento de percepción de corrupción, hay dos demarcaciones que no superan el 80 por ciento.

La primera es Gustavo A. Madero, en donde el 79.8 por ciento Reprobadas de los encuestados dijo percibir corrupción.

Mientras que la otra demarcación con menor percepción de que se cometen anomalías es Benito Juárez: el 78.9 por ciento de los entrevistados para el estudio consideró que los funcionarios son corruptos.

Respecto a qué tipo de trámites o procedimientos se comete más corrupción, los resultados de la encuesta revelan que el 74 por ciento de las unidades económicas consultadas mencionó que es para agilizar trámites.

Después, el 38 por ciento consideró que también pasa para evitar multas o infracciones.

Por último, en cuanto a las situaciones donde más ocurre, el 28.6 por ciento opinó que sucede durante la obtención de licencias y permisos.

En los procedimientos donde hay menor percepción de corrupción es en los procesos de licitación con el 10 por ciento; y en evitar el cumplimiento de la ley, con el 17 por ciento.

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