Ajuste de cuentas contra exgobernadores
En Baja California, Morelos y Veracruz, los gobiernos emanados de la 4T se comprometieron a llevar ante la justicia a los gobernadores de la administración anterior por haber tenido gestiones repletas de irregularidades, sin embargo, esta tarea no debe priorizarse por encima de las otras necesidades ciudadanas
Salvador VegaLos gobiernos de Veracruz, Morelos y Baja California han coincidido en una tarea: perseguir y buscar justicia contra exgobernadores y miembros de las pasadas administraciones.
Para estas autoridades emanadas de la contundente victoria en las urnas que mantuvo la coalición Juntos Haremos Historia en 2018, llevar ante los máximos tribunales a sus predecesores no sólo fueron promesas de campaña para combatir la corrupción, sino compromisos con una fuerte carga de responsabilidad que afectan el panorama político y social a escala nacional.
Debido a la opacidad en sus gestiones, escándalos de enriquecimiento ilícito y malos resultados en seguridad y desarrollo regional, los reclamos hacia exgobernadores como el veracruzano Miguel Ángel Yunes; Graco Ramírez del estado de Morelos o Francisco Vega de Lamadrid de Baja California, se orientan hacia transparentar sus cuentas, resarcir los daños generados a la entidad y castigar a los exfuncionarios estatales.
Sin embargo, en dichos estados existe una delgada línea que separa la imparcialidad en la rendición de cuentas de la búsqueda de una revancha en términos políticos.
En los casos de Veracruz y Morelos, los gobernadores Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco cuentan con poco tiempo para cumplir el reclamo ciudadano de llevar a las autoridades con historial probado de corrupción tras las rejas, pues de acuerdo con las constituciones de ambos estados –en sus artículos 77 y 143 respectivamente– la responsabilidad política contra un funcionario sujeto a la medida de Juicio Político se deberá exigir como máximo en el año siguiente a partir de que el funcionario señalado concluya su mandato.
Plazo que en el caso de estas entidades, vence el próximo 1 de diciembre.
En los casos de Veracruz y Morelos, los actuales gobernadores tienen hasta el 1 de diciembre para llevar a los exgobernadores y sus funcionarios con historial probado de corrupción tras las rejas
También puedes leer: Blanco Vs. Graco, ahora en terreno judicial
Graco uno de los exgobernadores a juicio
En el estado de Morelos, la sentencia de Cuauhtémoc Blanco hacia su rival político fue contundente: “ponte a temblar”. Palabras expresadas durante la campaña del hoy gobernador de la entidad que se sostienen con las múltiples denuncias presentadas ante el Legislativo y Judicial a lo largo de este año.
La primera de ellas se dio en el mes de febrero ante la Fiscalía General de la República (FGR), en donde el exfutbolista acusó a su antecesor por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“No se vale lo que hicieron el exgobernador y su familia a Morelos”, expresó Blanco sobre los daños provocados por la administración de Ramírez Garrido; los escándalos de corrupción, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos que tan sólo en el sector inmobiliario dejó endeudamiento y obra pública inconclusa, con registros superiores al 95 por ciento de contratos por adjudicación directa.
Un delito por el que la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, fue vinculada a proceso durante mayo de este mismo año.
En el mes de septiembre, el Congreso de Morelos recibió una solicitud de Juicio Político contra Ramírez, proveniente del despacho del gobernador. Un oficio que se discutió durante octubre y se analiza en estos momentos en el Legislativo local.
La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Alejandra Flores Espinoza, indicó que si los elementos de la denuncia cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se arrancará con el procedimiento contra el exmandatario estatal.
Un proceso que deberá definirse durante esta semana y que mantiene en suspenso a los exfuncionarios del gobierno perredista.
Evidencias sin sentencia
Para el diputado federal del Partido Encuentro Social, Jorge Arturo Argüelles Victorero, el desfalco al erario durante el periodo de Graco Ramírez es incontrovertible.
“A todas luces no sólo como legislador federal, sino como morelense y mexicano lo digo: el abuso y la robadera que se vivió en el sexenio pasado es evidente (…) los actos de corrupción y desvíos de recursos que a todas luces están ahí, pero que no han sido determinados”, comenta en entrevista para Reporte Índigo.
Para fundamentar su postura, el funcionario del ahora extinto partido, indica que el tema de los desvíos de recursos de la pasada administración y los escándalos derivados del fondo para la reconstrucción por los sismos de 2017 se tocaron en el Congreso de la Unión.
“En algún momento yo le pregunté a Alfonso Navarrete (secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto), quien estaba en el Pleno bajo juramento de decir la verdad, quién era el responsable de los desvíos de recursos del Fonden.
“Y él me dijo que el único responsable era Graco Ramírez. Así lo dijo ante nuestra soberanía y así quedó inserto en las evidencias”.
Retorno de recursos, no sólo juicio político a exgobernadores
El legislador de Morelos fue enfático al afirmar que pese a los intentos de llevar ante la justicia a funcionarios y exgobernadores corruptos, las medidas no sirven de nada si no existe una devolución del dinero desviado durante las pasadas administraciones.
A los morelenses de qué les sirve tener a personas encarceladas o gente en proceso pero no tener todo lo que se llevaron. Creo que no sólo es castigar con cárcel, sino que se devuelvan los recursos
“Mi opinión del Juicio Político es que lo lleven a cabo, pero de manera responsable y ética; sin sacar raja política y buscando resarcir los daños al pueblo de Morelos”.
‘Kiko a la Jaula’
A25 días de tomar las riendas de la entidad, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez realizó las primeras denuncias contra la administración saliente de Francisco Vega de Lamadrid.
Al exmandatario se le acusa de elevar la deuda de Baja California un 230 por ciento; pasando de 13 mil a 30 mil 948 millones de pesos
“La denuncia que hicimos es una de muchas que vamos a hacer, pero es muy importante porque son datos de 2017 y 2018 donde se refleja una triangulación de cuentas a través de 91 empresas. Una de las cuales ya está catalogada ante el SAT como empresa facturera.
“A estas empresas se les pagó por ‘asesoría’ mil 200 millones de pesos; pero no existe contrato, partida presupuestal, licitación ni ningún antecedente en Hacienda o en la Oficialía Mayor de estos pagos”, asegura el secretario de Gobernación, Amador Rodríguez Lozano.
En entrevista para Reporte Índigo, el funcionario de Baja California detalla que en la investigación se descubrió que para cubrir estas cuentas el gobierno de “Kiko” Vega solicitó un préstamo a corto plazo, el cual se utilizó para pagarles de contado.
“Tenemos casos de empresas que se constituyeron el mismo día que se les pagó. Empresas que no tienen la homoclave de la Secretaría de Hacienda y otras cuyos domicilios están en la Ciudad de México u otros lugares en donde están registradas dos o hasta tres en el mismo domicilio”.
“Por eso nosotros denunciamos al exgobernador de la entidad, a quienes fueron secretarios de Planeación y Finanzas –Antonio Valladolid y Vladimiro Hernández– a la Oficial Mayor, Loreta Quintero y a dos funcionarios más”, dice.
En las revisiones que ha llevado la nueva administración de sus antecesores acusan que en todos los lugares donde han buscado encuentran problemas de desvíos y sobreprecios
También puedes leer: Acusa formalmente Jaime Bonilla a Kiko Vega de fraude
Clamor ciudadano
Para el titular de Gobernación en BC, la búsqueda de justicia contra la administración panista saliente no se trata de una revancha, sino de una solicitud ciudadana.
“Tú sales a la calle y la gente te grita ‘a la jaula, a la jaula Kiko, ¡deténganlo!’. Este jueves me comentaron que los verdaderos panistas de la entidad –los que nunca estuvieron a favor de Kiko y su grupo– hicieron fiesta por la denuncia, y supe que están cruzando los dedos para que se le detenga”.
Amador Rodríguez agrega que en las revisiones que se han llevado a cabo en este primer mes de gestión, en todos los lugares donde se observa “encuentras problemas de desvíos y sobreprecios”, por lo que garantizó que se llegará hasta las últimas consecuencias.
Fiscalía naciente
El secretario puntualiza que a la par de la presentación de las primeras denuncias, se espera la consolidación de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, la cual ya está inscrita de forma constitucional y en vísperas de su arranque de operaciones.
“La Fiscalía General se va a encargar de todos los delitos del orden común y la Anticorrupción de los actos presuntamente delictivos derivados de (acciones) de servidores públicos, sin que dependa jerárquicamente una de otra”, puntualiza Rodríguez Lozano.
En el estado de Baja California, las denuncias contra Francisco ‘Kiko’ Vega se formalizaron este 19 de noviembre y continuarán, de acuerdo con las nuevas autoridades estatales, hasta que se logre resarcir el daño por el endeudamiento de la región
Persecución de exgobernadores: Entre la excusa y la acción
La hazaña de llevar a los exgobernadores corruptos a prisión no debe provocar el descuido de las necesidades de la ciudadanía. Así lo consideró José Óscar Valdés Ramírez, consultor legal y doctor en derecho constitucional y penal.
“De que hay tela para cortar, sí la hay. Porque prácticamente todos abusaron del erario del estado. En el caso de Veracruz no sólo fue Yunes, sino también el hijo del exsecretario de Seguridad, Jaime Ignacio Téllez Marie, vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado el 7 de noviembre pasado por el ejercicio indebido del servicio público”, comenta.
Para el especialista la búsqueda de juicios políticos es delicada debido a que puede servir como “distractor” para evadir temas más preocupantes, como la seguridad de los estados.
Además, Valdés Ramírez dice que los intentos de juicio contra exgobernadores de momento no aportan nada a la federación, solo ayudan en lo local a la imagen de las nuevas administraciones.
Como los gobernadores no han podido dar resultados, por eso se están yendo por ellos (los predecesores) para justificar que por lo menos están haciendo algo
“Vámonos a los precedentes: Javier Duarte no ha soltado un solo peso; Borge no ha soltado un solo peso; César Duarte sigue de fuga y si nos vamos al que estuvo en el bote, Andrés Granier (exgobernador de Tabasco liberado en mayo de este año), tampoco soltó un solo peso.
“Entonces la pregunta es, ¿qué se obtuvo? ¿Para qué se hace un proceso de estos si no se regresa el dinero? Los exgobernadores no regresan los recursos, prefieren ir a prisión que regresar el dinero”.
También puedes leer: Detienen a hijo del secretario de seguridad pública de Yunes Linares
Otro pleito casado
En el estado de Veracruz, la búsqueda de justicia contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares también se encuentra contra reloj.
Una de las resoluciones de mayor peso que favorecen el proceso de Juicio Político contra el panista fueron las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) en el mes de junio, dictadas contra los responsables de la comisión de varios delitos como compras irregulares por mil 116 millones de pesos para un sistema de videovigilancia; el registro irregular en la Cuenta Pública Consolidada de 27 mil millones de pesos y por falsear la existencia de 8.8 mil millones de pesos durante 2017.
De acuerdo con la denuncia del Orfis, los presuntos delitos están ampliamente documentados a través de contratos como el SSP-UA-111/17, firmado entre la Secretaría de Seguridad Pública y la empresa Comtelsat S.A. de C.V, para la compra, presumiblemente en sobreprecio, del sistema de seguridad.
Para que verdaderamente se cumpla con el reclamo de justicia contra los exgobernadores, la ciudadanía debe mantenerse vigilante de que las investigaciones no se utilicen de pretexto para el incumplimiento de otras acciones prioritarias.
