El uso de plataformas para ofrecer hospedaje, como Airbnb, ha agravado el problema de la demanda de vivienda en la Ciudad de México.

Desde el 2015, organizaciones civiles han documentado que desarrolladores inmobiliarios comenzaron a despojar de sus casas a vecinos de colonias céntricas como la Juárez y la Roma para alquilarlas a través de apps.

Los colonos perjudicados piden una ley que evite que los empresarios sigan desplazando a familias de sus hogares y les ayude a regresar a sus casas.

En respuesta al problema, en el Congreso local ya se inició el proceso para regular su uso.

Ana Patricia Báez Guerrero, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso y quien inició las labores para la regulación, explica que las mesas de trabajo para crear una ley que norme el uso de las aplicaciones iniciaron el 17 de febrero pasado y concluirán en marzo.

Desde la primer reunión, la Procuraduría Social (Prosoc) de la capital advirtió respecto a los desplazamientos.


Es un tema que también se va a regular, cuando llegan personas externas y buscan expulsar a los vecinos para poner en renta temporal el lugar

Ana Patricia Báez Guerrero

Presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso

La diputada busca crear una ley con la que se tenga un padrón de habitaciones en oferta por medios digitales que también ayude a que se cumplan las medidas de seguridad y de protección civil necesarias.

Baéz Guerrero agrega que con un registro se sabrá la magnitud real del problema del desplazamiento de vecinos, del que solo se ha enterado de algunos casos.

Además, ayudará a que los espacios alquilados como hospedaje temporal dejen de ser una competencia desleal para los hoteles.

Predios arrebatados

Sergio González, miembro de la organización 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, relata que han documentado al menos nueve casos donde empresarios aprovecharon que los habitantes de departamentos no cuentan con sus escrituras y les arrebataron su propiedad para convertirla en coworking o rentarla temporalmente a través de aplicaciones.

González comenta que los predios en los que se ofrecen rentas en el esquema Airbnb en la Juárez son Havre 69, Chihuahua 139, Córdoba 125, Liverpool 9, Versalles 84, Emilio Dondé 7, Marsella 73, Marqués Sterling 28 y Abraham González 29.

En la mayoría, los inmobiliarios reclamaron departamentos en condominios a través del hostigamiento legal con demandas, para después ofrecerlos en las apps de hospedaje, acusa González.

Al respecto del despojo en la Juárez, el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México informa que en la colonia hubo un aumento de las carpetas de investigación por este delito desde el 2015; en ese año se abrieron dos, cifra que aumentó a 27 en 2016. En 2018 descendió el número a 18 y en 2019 se registraron 19 indagatorias.

Mientras que la Sexta Encuesta de Servicios Notariales de la Ciudad de México del Colegio de Notarios del 2016 da un panorama de la carencia de documentación de propiedad de vivienda en la capital. Del total de ciudadanos que cuentan con una casa, solo el 45 por ciento tiene cómo acreditar que es suya.

Ante esto, el vecino exige una regulación en torno a Airbnb y las plataformas que frene la situación y la revierta.

“La Prosoc debe de participar en la creación de la ley para detener esta situación y que se diseñe un mecanismo para que los afectados vuelvan a sus hogares”, declara.


La diputada Ana Patricia Báez Guerrero busca crear una ley con la que se tenga un padrón de habitaciones en oferta por medios digitales

Las historias de los despojados por el boom de Airbnb

Daniel Cruz ha sido testigo en los últimos cuatro años de cómo dos de los departamentos del edificio donde vive, Jalapa 82, en la colonia Roma, han sido rehabilitados para ser ofrecidos como hospedaje en plataformas como Airbnb.

En 2016, dice, la inmobiliaria Reurbano llegó a su domicilio y entró a un par viviendas desocupadas, lo que despertó sospechas porque la mayoría de los habitantes del edificio son familia y se conocen desde siempre.

Cruz, quien ha vivido ahí desde que nació hace 28 años, relata que ante el arribo de la inmobiliaria, decidieron exigirle que probara que los dos espacios eran suyos.

Entonces Reurbano mostró las escrituras, remodeló los departamentos y los alquiló. Sin embargo, el joven dice que nunca supo cómo la empresa obtuvo los papeles.

“Veíamos a muchos extranjeros, iban y venían. Fue de 2016 a 2017 cuando notamos con más frecuencia eso, personas que no se quedaban más que unos días”, menciona.

En ese lapso observó hasta cuatro personas distintas ocupar los departamentos cada mes.

“Tanta gente sin conocerla, daba desconfianza. Mis sobrinos eran niños y me daba miedo de que esas personas les fueran a hacer algo”, agrega.


Las inmobiliarias reclaman departamentos en condominios a través del hostigamiento legal con demandas, para después ofrecerlos en las apps, acusan afectados

Aunque la empresa no intentó despojarlos porque sí tienen los documentos para comprobar la propiedad, sí trató negociar con su familia.

“A mi papá intentaron ofrecerle dinero por nuestro departamento, pero dijo que no”, afirma.

El caso de Cruz no es el único donde Reurbano ha ingresado en condominios y edificios con el objetivo de sacar provecho con las aplicaciones.

Darío Ramírez fue víctima de la empresa, que le hizo perder el hogar que habitaba desde hace 20 años.

Sus padres adquirieron un departamento en Versalles 84, al fallecer, no dejaron documentos para que Darío pudiera comprobar que era su casa.

En 2013, Reurbano llegó y al igual que en Jalapa 82, reclamó dos del total de 20 espacios para habitar.

Ramírez explica que sus vecinos estaban en una situación similar en cuanto a documentación, lo que aprovechó la desarrolladora.

Entonces Reurbano apostó por hostigar a los vecinos con demandas para cansarlos y que al final cedieran para despojarlos de su patrimonio.

“En muchas ocasiones no nos notificaron de las demandas, en 2016 llegaron cargadores y policías a desalojar a un vecino sin aviso”, detalla.

La estrategia de la inmobiliaria funcionó y se apoderó de alrededor de seis viviendas. Según Darío, solo siguen en resistencia tres inquilinos.

Él no pudo continuar con la batalla legal y fue desplazado a cambio de una indemnización. Actualmente vive en Turín 41, espacio que le presta un vecino solidario.

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