En el marco de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que surgió tan solo dos años después de que se estipulara el 28 de septiembre como la fecha para visibilizar los retos que prevalecen sobre el acceso a la salud y educación reproductiva en América Latina y el Caribe, la organización reveló que Aguascalientes es una de las entidades federativas donde las mujeres corren mayor peligro de ser criminalizadas por abortar.

De acuerdo con una investigación realizada por la organización de derechos humanos, en colaboración con la periodista Tania Magallanes, entre abril y julio de 2021, GIRE tuvo conocimiento de diversos casos de mujeres criminalizadas y denunciadas por dicha práctica.

El reporte “Criminalización del aborto en Aguascalientes: Un Foco Rojo”, lo más alarmante de las denuncias fue el patrón de atención por parte del personal de salud y de la Fiscalía General del Estado (FGE): “En todos ellos, los hospitales dieron aviso a la Fiscalía en cuanto las mujeres solicitaron atención médica, además de que se les coaccionó para que declararan que se habían provocado un aborto con la ingesta de pastillas”.

El documento menciona que, a su arribo a los nosocomios, el personal de la FGE interrogó a las mujeres, les tomó fotografías y les hizo firmar su declaración sin explicarles los alcances de ese procedimiento.

“Todas fueron tratadas como criminales y durante su estancia en los hospitales no se les dio la información completa sobre su situación jurídica”.

GIRE señala que cifras del reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Aguascalientes, entre abril y agosto de 2021 se han abierto 11 carpetas de investigación por el delito de aborto. De las cuales, una se abrió en abril, tres en mayo, dos en junio, cuatro en julio, y una más en agosto.

Aunado a esto, la organización señala que la violencia contra las mujeres en las instancias de salud estatales es una constante, y reporta que, en julio de 2019, una menor de edad solicitó la interrupción del embarazo bajo el amparo de la NOM-046, sin embargo, le fue negado el servicio bajo el argumento de que no contaban con personal no objetor de conciencia.

Cabe mencionar que el artículo 101 del Código Penal de Aguascalientes determina que el “aborto doloso es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, y a la persona responsable de cometerlo se le aplicarán de uno a tres años de prisión y de 40 a 80 días de multa, así como el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados “cuando se realice por la mujer embarazada o por otra persona con el consentimiento de la mujer”.

Lo anterior, contradice la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que a principios de septiembre determinó que es inconstitucional penalizar el aborto en todo el país, por lo que los jueces que lleven estos casos deberán aplicar los argumentos expuestos por la Corte para resolver los juicios que estén a su cargo.

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