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Agotan diálogo en Cajititlán

El 29 de abril del 2010, el entonces alcalde de Tlajomulco, Enrique Alfaro Ramírez, en compañía de su síndico municipal, Alberto Uribe Camacho, su secretario general, Ismael de Toro Castro, y Juan Partida Morales, encargado de la hacienda municipal, firmaron un contrato de comodato con los representantes del Comisariado Ejidal de Cajititlán, Juan Manuel Enriques Haro, presidente, Marco Romero Flores, secretario, y Martín Barajas Ángel, tesorero. 

"Tuvimos una junta con Ismael del Toro, Alberto Uribe y su departamento jurídico (…) Quedó de que nos iba a hablar. Nunca nos ha hablado"
Ignacio RodríguezAbogado ejidatarios Cajititlán
El pasado 13 de marzo, una veintena de ejidatarios apostados en la entrada de la PGR, expresó su descontento por medio de pancartas y consignas
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El 29 de abril del 2010, el entonces alcalde de Tlajomulco, Enrique Alfaro Ramírez, en compañía de su síndico municipal, Alberto Uribe Camacho, su secretario general, Ismael de Toro Castro, y Juan Partida Morales, encargado de la hacienda municipal, firmaron un contrato de comodato con los representantes del Comisariado Ejidal de Cajititlán, Juan Manuel Enriques Haro, presidente, Marco Romero Flores, secretario, y Martín Barajas Ángel, tesorero. 

En dicho contrato se fijaron plazos para la conclusión de cinco obras en beneficio de la sanidad de la Laguna de Cajititlán, las cuales debían estar listas a mediados del año 2011. Sin embargo, los ejidatarios alegaron que dichas obras no habían sido concluidas o estaban en malas condiciones y por lo tanto no funcionaban de forma adecuada. 

Es así como el 15 de septiembre del 2010, el secretario general de Tlajomulco, Ismael del Toro, asistió al ejido para levantar un acta circunstanciada para la regulación del nivel de agua, haciendo caso omiso a los cuestionamientos de los quejosos sobre el plan de obra pública para contrarrestar la contaminación.

En noviembre del 2012, Vania Sotomayor Ybarra e Ignacio Rodríguez García, en su calidad de representantes legales de los ejidatarios, presentaron las denuncias en contra de “todo aquel que resulte responsable” de los hechos antes mencionados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco.

Sin embargo estas denuncias no fueron escuchadas a nivel estatal, por lo que el pasado jueves 13 de marzo, una veintena de ejidatarios apostados en la entrada de la Procuraduría General de la República, expresó su descontento por medio de pancartas, en donde señalaban a Ismael del Toro y Enrique Alfaro como responsables de la contaminación de Cajititlán.

De esa forma acompañaron a sus representantes legales para ratificar la denuncia. 

En entrevista para Reporte Indigo, Ignacio Rodríguez, abogado de los ejidatarios, denuncia que este paso fue dado a partir de la negativa por parte de autoridades del Ayuntamiento de Tlajomulco para darle salida a un tema de importancia para los ejidatarios: 

“Estamos recurriendo a esta instancia porque nos van a ayudar más aquí (…) nos ponían muchos peros, porque hay que ver que como era una denuncia estatal, todo lo que es municipal, es estatal, y esto es ya federal. Allá el jefe no deja de ser el presidente municipal, todos van a lo que diga el presidente municipal”, explico Ignacio Rodríguez al preguntársele sobre este paso que se dio en un juzgado federal.

La denuncia fue presentada el pasado 15 de diciembre en la delegación estatal de la PRG, y el 6 de marzo de este año, por medio del oficio 921/2014 se les envió la notificación a los representantes legales, citándolos a ratificar por medio del acuerdo ministerial AP/PGR/JAL/GDL/AG2M3/5837/2013.

“Aquí ya no va a haber acuerdos con ellos (Ayuntamiento de Tlajomulco) de ninguna índole, no va a haber pláticas, ya nosotros tratamos de hacer una conciliatoria con ellos de que hagan las reparaciones, de que indemnicen a estas personas (los ejidatarios) y ellos no quieren, entonces aquí ya es hasta donde tope”, expresó Rodríguez García.

Así mismo, el representante legal explicó que en esta denuncia sigue en pie la acusación tanto a Ismael del Toro, Enrique Alfaro y Alberto Uribe por su inacción ante un problema que ya ha sido señalado por otras instancias estatales, como la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Centro de Estudios Técnicos de Aguas Continentales (CETAC).

“Los demandados en sí es, el expresidente, Enrique Alfaro, el presidente municipal, Ismael del Toro, su secretario, Alberto Uribe, y su representante jurídico también, porque no nos han dado contestación. No hay ningún secreto, de hecho desde el día 12 de abril del 2013, ellos en su departamento jurídico tienen una denuncia administrativa que no han tomado en serio, ni han dado contestación, ni nada”, señaló Ignacio Rodríguez García.

De acuerdo con las declaraciones de los representantes, estos tuvieron, a finales del año pasado, una reunión con Ismael del Toro para tratar de arreglar el problema, sin embargo esta reunión no fue pública ni tuvo acuerdos oficiales ya que se llevó a cabo por medio de un interlocutor, del que no se mencionó su nombre ya que es un amigo en común entre las partes.

“Tuvimos una junta con Ismael del Toro, Alberto Uribe y su departamento jurídico, “El Pope” (Ismael del Toro) le ordenó a Alberto Uribe que tomara las acciones para resolver este problema. Quedó de que nos iba a hablar. Nunca nos ha hablado, nosotros nos tomamos la libertad de hablarle a su celular directamente y no nos han resuelto nada”, reveló Rodríguez.

Además señaló que el proceso de pláticas fue detenido por el propio Alberto Uribe, uno de los directamente señalados en una ampliación de la denuncia deL 2012 por su carácter de presidente municipal interino.

“(El interlocutor) fue una persona amigo de ellos, y amigo de tus servidores, que no podemos decir quién, porque fue el mediador, pero no llegamos a ningún acuerdo”, recalcó el licenciado, quien agregó que esas pláticas no habían sido mencionadas públicamente, sino hasta el momento de la entrevista.

Según el testimonio, Ismael del Toro fue avisado de todo el proceso legal que estaría enfrentando de no darse los acuerdos necesarios para el saneamiento del agua de la laguna, el cual, por una inspección de Reporte Indigo a Cajititlán, se pudo constatar el hedor en la zona y un alto número de peces muertos a la orilla del lugar.

“Se le avisó a ‘El Pope’, se le dijo: se te va a hacer un juicio político, se va a ratificar la denuncia federal y ahí ya no hay vuelta para atrás. Dice (Ismael del Toro), ‘lic, ¿qué hago? Si mis empleados no quieren resolver, ¿yo qué puedo hacer? No puedo hacer solo todo’”, dijo Ignacio Rodríguez al explicar los motivos que dio el Ayuntamiento de Tlajomulco para detener las reuniones privadas de conciliación.

Por ahora, lo que esperan es la conclusión y buen funcionamiento de las obras prometidas en la administración de Enrique Alfaro, y la indemnización por la contaminación en vasos de la laguna que pertenecen a algunos ejidatarios, pues mencionan que “si a los pescadores se les pagó una indemnización de 30 millones”, ¿por qué no pagarles a los dueños de los terrenos aledaños de la laguna?

Los cerca de 50 ejidatarios a los que representan Vania Sotomayor e Ignacio Rodríguez forman parte, en su mayoría, de personas de la tercera edad. Tres ya han muerto en el camino hacia una solución al problema, sin que esta llegue.

Y aunque el pasado mes de febrero, en fechas de la famosa fiesta de los reyes en Cajititlán, Ismael del Toro prometió que este año se iniciarían las obras necesarias para sanear al 100 por ciento la laguna, las soluciones todavía no se ven.

Aunque el Poder Legislativo del estado de Jalisco ya aprobó una partida de 150 millones de pesos para la creación de módulos complementarios, que se instalarán en cada una de las plantas de tratamiento que se encuentran en las inmediaciones de la laguna.

Quejas ante CEDHJ por agua contaminada 

En enero de este año, habitantes del municipio de Tlajomulco de Zúñiga interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) 120 quejas en contra de las autoridades del Municipio que han permitido la distribución de agua contaminada con arsénico.

Esto, sobre todo, al hecho de que dicha agua se destina, en su mayoría, al consumo humano.

Las quejas interpuestas señalan directamente al alcalde, Ismael del Toro. 

En diciembre del 2013 la Secretaría de Salud de Jalisco ordenó clausurar un pozo que abastecía a la colonia Nueva Galicia, así mismo el titular de la dependencia, Jaime Agustín González Álvarez, reconoció que en 90 de los 125 municipios del estado, el agua se encuentra en estado deficiente.

Hasta el momento las declaraciones han sido pocas y no de parte del alcalde de Tlajomulco. Tal fue el caso de los resultados emitidos por CETAC, en los que Carlos Bernal Mora, director de Ecología y Medio Ambiente de Tlajomulco, indicó que el alcalde Ismael del Toro lo instruyó para mejorar las condiciones del agua.

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Aunque desde agosto pasado autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y académicos de la Universidad de Guadalajara instan a las autoridades locales a sanear la laguna de Cajititlán, desde el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga se realizan varios proyectos sobre ese tema.

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El proyecto político de Enrique Alfaro Ramírez generó una deuda para con los ciudadanos que viven a los alrededores de la laguna de Cajititlán, que se heredó de la administración interina de Alberto Uribe a la actual gestión de Ismael del Toro Castro. 

Lo anterior llevó a funcionarios de la administración de Uribe, encabezados por él, a declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado viernes 15 de agosto. 

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Detrás del grupo de ejidatarios que promovieron denuncias contra Enrique Alfaro e Ismael del Toro, están intereses de índole partidista por perjudicar el trabajo que Movimiento Ciudadano ha realizado en Cajititlán, refirió Ismael del Toro, alcalde de Tlajomulco de Zúñiga. 

El munícipe interpuso el 24 de marzo una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) “en contra de los CC. Vania Sotomayor Ybarra y/o Ignacio Rodríguez y de quien o quienes resulten responsables, esto por hechos que considero constitutivos de los delitos de chantaje, amenazas y lo que resulte”.