Agarran de bajada a Solaria Brisas

El Municipio de Monterrey presentará un juicio de lesividad para anular los permisos que otorgó al cuestionado proyecto inmobiliario Solaria Brisas, que rebasa ilegalmente pendientes naturales del 45 por ciento.

El Ayuntamiento regio buscará con el recurso nulificar las autorizaciones que concedió la actual administración de la alcaldesa panista Margarita Arellanes a los promotores de la obra, ubicada en el sur de la ciudad.

Con el juicio tratan de nulificar los efectos jurídicos de tres permisos, expedidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con base en un estudio con información falsa que presentaron los fraccionadores
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El Municipio de Monterrey presentará un juicio de lesividad para anular los permisos que otorgó al cuestionado proyecto inmobiliario Solaria Brisas, que rebasa ilegalmente pendientes naturales del 45 por ciento.

El Ayuntamiento regio buscará con el recurso nulificar las autorizaciones que concedió la actual administración de la alcaldesa panista Margarita Arellanes a los promotores de la obra, ubicada en el sur de la ciudad.

Una copia del proyecto del juicio contencioso administrativo que promoverá el Municipio, al que tuvo acceso Reporte Indigo, señala que la autoridad buscará combatir la ilegalidad de los permisos porque violan la normativa estatal.

El recurso legal, preparado por la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, que dirige Sandra Pámanes, va contra Operadora Torre Brisas, S.A. de C.V., la desarrolladora del fraccionamiento, y la constructora Promotora Abraham Lincoln, S.A., filial de Vidusa.

Con el juicio tratan de nulificar los efectos jurídicos de tres permisos expedidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, encabezada por Brenda Sánchez.

Las licencias impugnadas son sobre la factibilidad de urbanización, lineamientos generales de diseño urbano y proyecto urbanístico, y el permiso de rasantes, con el cual los promotores desmontaron ilegalmente el Cerro de las Brisas.

Los desarrolladores alegan que la superficie del terreno donde se planea el fraccionamiento habitacional unifamiliar no tiene pendientes naturales mayores al 45 por ciento y lo justifican con estudios topográficos que ellos mismos pagaron.

Uno es el que elaboró la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual los promotores allegaron en la etapa de lineamientos generales de diseño urbano.

El dictamen fue emitido el 23 de septiembre de 2013 por el Jefe del Departamento de Mecánica de Suelos de la institución educativa, Rodolfo Acosta Vázquez, quien manifestó que el predio presentaba una configuración topográfica uniforme y que no rebasaba el porcentaje permitido.

Con base en esos resultados, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey aprobó los permisos ahora calificados de “ilegales” por el propio Municipio regio.

A petición de los vecinos perjudicados, la administración de Arellanes encargó al despacho Juárez-Thompson Inc., S.A. de C.V., realizar otro levantamiento topográfico que determinó la existencia de pendientes naturales que van del 5 al 100 por ciento.

Con este nuevo dictamen, desde febrero pasado en manos de la Dirección de Fraccionamientos y Regularizaciones de Desarrollo Urbano y Ecología, el Municipio fundamentó el juicio de lesividad que promoverá para invalidar los permisos.

Basándose en las conclusiones del estudio, el recurso indica que los permisos sólo debieron haberse limitado a un área de 12 mil 442 metros cuadrados, pero no a la superficie total del predio de 23 mil 284 metros cuadrados.

Ello se debe, según el análisis de Juárez-Thompson Inc., S.A. de C.V., a que 9 mil 929 metros cuadrados restantes rebasan el máximo permitido de las pendientes, porque van del 45 al 100 por ciento.

Por esta razón, argumenta el Municipio de Monterrey, las licencias y autorizaciones que se expidieron para cubrir todo el terreno son ilegales.

“No se ajusta a una situación real del predio, pues nuevos estudios patentizan que el mismo sí cuenta con pendientes mayores al 45 por ciento, es por lo que se promueve el juicio de lesividad”, se lee en el documento.

El Ayuntamiento regio manifiesta que los permisos expedidos violan el artículo 196, fracción I, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, donde queda prohibido cualquier trabajo en áreas con pendientes mayores a ese porcentaje.

“Las licencias y autorizaciones otorgadas para fraccionar terrenos con pendientes mayores al 45 por ciento, resultan ilegales por ser contrarias a dicha disposición legal”, advierte la autoridad municipal.

El proyecto de juicio de lesividad impugna tres resoluciones administrativas específicas expedidas por la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Brenda Sánchez.

La primera es una del 22 de febrero de 2013, en la que informó a los desarrolladores sobre la factibilidad para erigir el fraccionamiento.

En esa resolución, la funcionaria aseguró que quedaba prohibido cualquier acción urbana en pendientes mayores al 45 por ciento y que en la primera etapa del proceso debían presentar los estudios topográficos necesarios.

El otro acto impugnado es una resolución del 20 de noviembre del año pasado, en la que la titular aprobó a Operadora Torre Brisas, S.A. de C.V., y a Promotora Abraham Lincoln, S.A., los lineamientos generales de diseño urbano y el proyecto urbanístico, luego de una rectificación de medidas.

Por último, se demanda la ilegalidad de una resolución del 6 de diciembre de 2013, en la que la secretaria autorizó a esas empresas el permiso de rasantes.

El recurso está dirigido al magistrado de la Sala Ordinaria en turno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Dentro del juicio contencioso administrativo, el Municipio de Monterrey designa al perito Erick Niord Juárez Parra,  para que conteste un cuestionario sobre las pendientes del predio y determine si superan el 45 por ciento.

En él se contemplan las firmas de las promoventes: la alcaldesa Margarita Arellanes, la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Brenda Sánchez, la síndica segundo Irasema Arriaga Belmont y la directora de Fraccionamientos y Regularizaciones, Adriana Moreno Reyna.

Por la naturaleza ilegal de los permisos, estas funcionarias solicitan en el documento, fechado el pasado 24 de marzo, la suspensión de los actos impugnados para evitar que se lleven a cabo trabajos en el fraccionamiento habitacional.

“De no concederse se seguiría (un) perjuicio al interés social en tanto se desarrollaría un fraccionamiento con el alcance que le dan unas autorizaciones evidentemente ilegales”, aseguran las servidoras públicas en el escrito.

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