Administrador regio pagó cuestionarios falsos en 2010

El actual administrador regio, Miguel Ángel Treviño Sandoval, autorizó el pago de los cuestionarios apócrifos que mandó a hacer la delegación estatal de la Sedesol, cuando estaba encabezada por la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes.

El funcionario municipal se desempeñaba como subdelegado Administrativo en el momento en que la dependencia federal transfirió 1 millón 966 mil 96 pesos a favor del proveedor que brindó el servicio, el topógrafo José de Jesús Albarrán García.

El actual administrador 
del Municipio no reconoció ese análisis, donde se revelaron inconsistencias en el 73 por ciento
"Se han tenido que sustituir aproximadamente el 40 por ciento de los beneficiarios, debido a que la información que provenía de los Cuestionarios de Información Socioeconómica de los beneficiarios originales era apócrifa”
José Ángel MolinaExcoordinador estatal de Microrregiones de la Sedesol
Las anomalías se suman a la investigación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social en contra de Treviño Sandoval, por incurrir en un posible daño patrimonial.
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El actual administrador regio, Miguel Ángel Treviño Sandoval, autorizó el pago de los cuestionarios apócrifos que mandó a hacer la delegación estatal de la Sedesol, cuando estaba encabezada por la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes.

El funcionario municipal se desempeñaba como subdelegado Administrativo en el momento en que la dependencia federal transfirió 1 millón 966 mil 96 pesos a favor del proveedor que brindó el servicio, el topógrafo José de Jesús Albarrán García.

Este contratista se encargaría de levantar 27 mil 210 Cédulas Únicas de Información Socioeconómica (CUIS) a beneficiarios del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.

Sin embargo, un análisis oficial detectó inconsistencias en el 73 por ciento de los trabajos entregados por el proveedor, como cuestionarios regresados totalmente en blanco y con información falsificada.

Las anomalías en la contratación se suman a la investigación que se sigue en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social en contra de Treviño Sandoval, por haber incurrido en un posible daño patrimonial a la institución.

El contrato número SDS/NL-ADQ-002/10 para el llenado de las encuestas, fue celebrado entre Arellanes y el proveedor el 5 de abril de 2010.

Reporte Indigo publicó ayer que dos excolaboradoras panistas de la munícipe denunciaron irregularidades incurridas en el periodo cuando la alcaldesa fue titular de la Sedesol, entre ellas, el levantamiento de los cuestionarios.

Las denunciantes fueron su sucesora, la exdelegada Yolanda Villarreal Elizondo, y la exsubdelegada de Desarrollo Social y Humano, Patricia Alejandra Lozano Onofre.

Las inconsistencias se detectaron en un análisis documental y de supervisión sobre las CUIS que elaboró la Coordinación Estatal de Microrregiones, entonces a cargo del panista José Ángel Molina Carrasco.

Este exfuncionario federal es actualmente quinto regidor suplente en el Cabildo regio y fue designado por la alcaldesa como director de Participación Ciudadana del Municipio de Monterrey.

El excoordinador estatal reveló las anomalías en un escrito girado al contratista el 24 de noviembre de 2010, remitido con copias a Arellanes y al exsubdelegado Administrativo, Treviño Sandoval.

En el oficio informó que la Sedesol recibió 40 cajas con sólo 18 mil 232 cuestionarios, es decir, casi 33 por ciento menos del material pactado en el contrato.

De éstos, solamente 11 mil 519 fueron llenados, mientras que los 6 mil 713 restantes se entregaron en blanco.

“Se han tenido que sustituir aproximadamente el 40 por ciento de los beneficiarios, debido a que la información que provenía de los Cuestionarios de Información Socioeconómica de los beneficiarios originales era apócrifa, ya que no se encontraban los domicilios y/o la persona entrevistada no cumplía con las características requeridas por el programa”, reveló el extitular.

Además de estas irregularidades, el excoordinador manifestó que el contrato obligaba a aplicar las encuestas en todas las viviendas de los municipios rurales de Aramberri, Rayones, Mier y Noriega, Iturbide, Doctor Arroyo y General Zaragoza.

De 12 mil 905 casas en las localidades donde se debían aplicar los cuestionarios, solamente se entregaron 4 mil 734, así que hubo un faltante en el levantamiento de 8 mil 171 encuestas ó 63 por ciento menos de lo acordado.

Debido a que en la revisión global de los trabajos se detectaron estas irregularidades, el excoordinador estatal notificó al proveedor que contaba con cinco días hábiles para justificar las fallas.

La Sedesol cubrió el servicio con dos transferencias de recursos federales, provenientes del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, a la cuenta bancaria número 072580005490207717, de Banorte.

Un anticipo del 20 por ciento de la licitación fue solicitado por el extitular Molina Carrasco al exsubdelegado Administrativo el 7 de abril de 2010, y el mismo día se giró el cheque número 9 mil 391.

Mientras que la autorización del otro 80 porciento para finiquitar el contrato fue requerida a Treviño Sandoval por la exsubdelegada de Desarrollo Social y Humano, la albiazul Susana Escalante Castillo, ahora segunda regidora por Monterrey.

La dependencia expidió el 1 de junio de aquel año el cheque número 9 mil 687 a favor del proveedor para concluir el resto de los pagos.

De acuerdo con las facturas del servicio entregadas a la Sedesol, el contratista tiene su domicilio fiscal en el número 19 de la calle Garza Ayala, en el centro de Doctor Arroyo.

Más de dos años después de estas transacciones bancarias, la subdelegada sucesora de Desarrollo Social y Humano, la también panista Patricia Alejandra Lozano Onofre, declaró improcedente los desembolsos y solicitó una revisión al procedimiento.

“Resulta improcedente dicho pago, toda vez que el trabajo realizado no cumplía con las expectativas pactadas en el contrato de referencia, por lo que queda como asunto en trámite de resolución”, informó en un oficio del 31 de octubre de 2012.

Mientras que esta exfuncionaria -ahora suplente del diputado local Enrique Barrios- elaboraba el escrito donde denunciaba el proceso irregular, los cuestionarios ya se habían pagado y Arellanes era la alcaldesa electa de Monterrey.

Desconoce anomalías, pruebas lo contradicen

El secretario de Administración de Monterrey, Miguel Ángel Treviño Sandoval, argumenta que no le correspondía vigilar las supuestas irregularidades

El exsubdelegado de la Sedesol aseguró que nunca estuvo al tanto de las anomalías detectadas en el levantamiento de cuestionarios a beneficiarios, aunque la revisión oficial lo contradice.

El funcionario argumentó que su participación en el asunto únicamente abarcó la autorización de los pagos solicitados por el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, a cargo del excoordinador estatal José Ángel Molina Carrasco.

El exsubdelegado Administrativo de la Sedesol dijo que las anomalías en la aplicación de las encuestas probablemente se detectaron cuando él ya no formaba parte de la estructura de la dependencia.

“Desconozco esa parte, la verdad. Te digo, a lo mejor yo no estaba, era la parte de la administración donde yo no me encontraba. 

“En el momento en el que yo estuve, yo tengo la solicitud por parte del coordinador del programa para realizar los pagos”, expresó.

Sin embargo, un oficio en el que se dan a conocer las irregularidades, firmado el 24 de noviembre de 2010 por el excoordinador estatal de Microrregiones, Molina Carrasco, fue remitido con copia a Treviño Sandoval en su calidad de subdelegado.

Pero el actual administrador del Municipio regio no reconoció ese análisis, donde se revelaron inconsistencias en el 73 por ciento de los trabajos.

“No se nos entregó absolutamente ningún documento o algo que mencionara que había irregularidades”.

La revisión oficial indica que hay cuestionarios entregados totalmente en blanco y con información apócrifa de beneficiarios de las zonas rurales supuestamente visitadas.

Pero el exsubdelegado insistió en que su participación solamente fue en el proceso de licitación y en los pagos que él autorizó, a petición del programa federal, que desembolsó 1 millón 966 mil 96 pesos para finiquitar el contrato.

“La parte que le toca a la Subdelegación Administrativa es obviamente nada más de la contratación del proveedor, ya la parte que corresponde a quién realizó (las encuestas), qué información entregó, le corresponde al programa propiamente.

“Yo simplemente recibo la solicitud por parte del programa, donde dice: ‘¿Pagamos o no pagamos?’. En ese momento me dijeron: ‘Se paga’”.

Dos años después de la contratación, los pagos fueron declarados improcedentes y sujetos a un proceso de revisión por la exsubdelegada de Desarrollo Social y Humano, Patricia Alejandra Lozano Onofre.

El funcionario recordó que en la licitación participaron alrededor de cuatro competidores y que se adjudicó el contrato al topógrafo José de Jesús Albarrán García, porque fue el que ofreció la propuesta más económica.