Algunas decisiones que las y los diputados del Congreso de Nuevo León votan contravienen

Aceptan migajas: mujeres lo rechazan

Aunque la paridad federal contempla que las mujeres puedan llegar a puestos de primer nivel en el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y órganos autónomos, este derecho quedó a medias en Nuevo León

Diputadas y diputados del Congreso local aprobaron en primera vuelta cortar la homologación de reformas de la Constitución federal con la local en materia de paridad total, tras no armonizar varias normativas para que las mujeres accedan a cargos de toma de decisiones.

Aunque la paridad federal contempla que las mujeres puedan llegar a puestos de primer nivel en el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y órganos autónomos, este derecho quedó a medias en Nuevo León.

El pasado de junio de 2019, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron por unanimidad una iniciativa en materia de paridad en todo, dictamen que tiene que homologarse en la Constitución de todas las entidades federativas.

Pero Nuevo León decidió no acatar esta armonización total.

El diputado de Morena, Luis Armando Torres, aseguró que este dictamen, por ser un retroceso para las mujeres, se debió rechazar para reformularse para que quede armonizado con la paridad federal.

“El presente dictamen debe desecharse tal como está propuesto y debe reformularse para que quede armonizado acorde a la Constitución federal, no se puede permitir que los derechos por lo que históricamente han luchado las mujeres por interés de nuestra cultura machista”, dijo el legislador.

La iniciativa no garantiza la paridad de género en el nombramiento de comisionados en organismos autónomos, en nombramientos de magistrados del Poder Judicial, así como de las juezas en el Tribunal Superior de Justicia.

Además, establece que el gabinete del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos será paritario en el 2021, cuando las normativas federales garanticen este principio de manera progresiva conforme a las nuevas posiciones vacantes.

Las diputadas de la bancada Independiente Progresista, Claudia Tapia; del Partido Verde Ecologista de México, Ivonne Bustos Paredes; de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón; y de Nueva Alianza, María Dolores Leal, reconocieron que había carencias para establecer la paridad total, pero aceptaron que se cortara, y la calificaron como un avance.

“No voy a permitir se pierda lo ganado, hay que recordar que en el proceso legislativo aún hay oportunidad de subsanar las carencias del dictamen en la segunda vuelta, porque no compañeros diputadas y diputados se unen al trabajo.

“Para que en la segunda vuelta se meta la paridad total, y no se vote ahorita en contra de lo que ya logramos”, dijo Tapia.

Calificar avance; es conformismo

Integrantes de las organizaciones civiles Red Paridad y Derecho a Gobernar, rechazaron este dictamen aprobado en primera vuelta, pues consideran que está “mocho”, y lo calificaron como inconstitucional.

Desde temprano, las mujeres llegarán a la entrada principal del Congreso local para manifestar su rechazo al dictamen, pues consideran que no cuenta con una paridad total.

“Paridad total, piso parejo… nunca espero nada de ustedes (diputados) y aún así logran decepcionarme”, se mostraban las mantas de las mujeres que integran la organización Derecho a Gobernar.

La presidenta de la Red Paridad, Marielena Chapa, consideró que no existe voluntad política para aprobar la paridad total, y dijo que calificar como avance este dictamen, es entrar en el conformismo.

“La paridad es todo o no es, es paridad total o no va, no es un logro, es paridad total o no lo es, es una posición muy conformista, se conforma por meter alguna cosa articulado”, señaló Chapa.

Por su parte, la secretaria del Juzgado Quinto del Poder Judicial, Eusebia González, quien promovió un amparo al no ser considerada para el cargo de magistrada, dijo que este dictamen limita la paridad y la posterga.

“Si nos sujetamos a esas reglas, realmente no estamos teniendo una reforma de paridad, que dejen de engañarnos, se queda corta y la limita, incluso habla de un lenguaje de procurará y no garantizar. Los transitorios de esas reformas limitan la paridad. Ya no queremos las migajas”, dijo González.

Aprueba violencia política

Diputados del Congreso local aprobaron una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que establece como sanción grave por abuso de funciones, al funcionario que comete violencia política de género.

El documento promovido por la diputada de la bancada Independiente Progresista, Claudia Tapia, plantea sanciones desde la suspensión en el cargo, hasta la inhabilitación definitiva a quien incurra en estas prácticas.

“Avanzamos para tener un marco jurídico suficiente que nos garantice el derecho a gobernar y participar en la política libres de violencia. Con la reforma estamos homologando La Ley de Responsabilidades Administrativas.

“A quien cometan esta falta administrativa se impondrán sanciones desde la suspensión del empleo hasta la inhabilitación definitiva para desempeñar algún cargo como servidor público”, dijo Tapia.

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