La impunidad en el abuso policial es un problema que la Ciudad de México arrastra desde hace varios años y persiste pese a los cambios de administración.

Del 2018 al 2020, menos del 5 por ciento de las quejas recibidas por dicho agravio fueron resueltas a favor de los agredidos, según datos obtenidos a través de una solicitud de información realizada por el Sistema InfomexDF a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX).

Especialistas consideran que esta situación se debe a que es complicado probar que se comete una violación a los derechos por parte de los policías.

Afirman que se deben implementar mejores mecanismos de supervisión de la actuación policial, incluso, hacer uso de las herramientas tecnológicas.

Esta problemática se mantiene pese a que en los últimos dos años, cuando empezó la administración actual, las denuncias ante el órgano por abuso policial disminuyeron.

Las denuncias por abuso policial

De enero de 2018 hasta octubre de 2020 se presentaron 5 mil 34 quejas por presuntos casos de abuso policial en la capital, de acuerdo con la petición de información 320000076820, cuya respuesta está fechada el pasado 24 de noviembre de 2020.

Del total, 2 mil 906 procesos de investigación por queja ya concluyeron y tienen una resolución, esto es el 57 por ciento. Sin embargo, solo en 89 de ellas, el 3 por ciento, fallaron a favor de los quejosos.

En los demás casos, por diversos motivos, no se concluyó el proceso a favor de la víctima. De acuerdo con la fuente citada, la principal causa es que no hubo indicios de una violación a los derechos, lo que supuestamente ocurrió en mil 129 quejas.

Mientras que la segunda razón es que se declararon improcedentes, con 194 denuncias. La tercera razón fue que no se pudo localizar a la persona peticionaria, con 151 casos; mientras que en 4 se resolvió que no hubo ninguna violación.

El principal impedimento

La falta de pruebas es el principal impedimento para que se pueda resolver si hubo o no abuso policial en las quejas mencionadas, dice Arturo Luis Cossío Zazueta, especialista en Derechos Humanos y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El catedrático explica que si de inicio se concluye que no hay elementos que indiquen una violación a los derechos o ésta se declara improcedente, es por la falta de pruebas.

Afirma que el abuso policial es una práctica que, regularmente, carece de pruebas para ser acreditado.

“No basta con poner la denuncia, se necesitan elementos que acrediten el abuso policial, en todos los casos, si la recomendación se sigue como un proceso sancionador de delito o de violación de derechos humanos deben haber elementos probatorios, si solo hay el señalamiento es muy difícil que prospere”, señala.

Detalla que la violación a los derechos mencionada ocurre en su mayoría sin testigos. “Si un policía te detiene en tu automóvil y vas solo, te puede agredir y nadie va a ver”, declara.

Además, explica, los policías que permiten que los graben con el celular son aquellos que no están violando los derechos ni abusan de su autoridad.


La falta de elementos probatorios para acreditar el abuso policial es el principal impedimento para que la CDHCDMX pueda resolver a favor de los denunciantes

“Como ciudadanos podemos grabar el actuar policial con nuestros celulares pero es obvio que quienes violan los derechos no van a dejar que se filme y por eso es que en muchos casos no hay pruebas”, dice.

Por otra parte, respecto a la no localización de los peticionarios, otra de las razones que impiden que prosperen las quejas, Cossío Zazueta afirma que esto es un desistimiento de la denuncia por miedo.

“Los visitadores van al domicilio y las personas no están o no contestan el teléfono, esto es porque le tienen miedo a los policías o a otras autoridades y no quieren continuar con la denuncia”, menciona.

Herramientas tecnológicas

Una forma de supervisar y que exista un registro del actuar policial, es que los agentes lleven una cámara que grabe cómo trabajan, considera Cossío Zazueta.

Además, para evitar que haya impunidad, el especialista recomienda que cuando una persona es víctima de una agresión de la autoridad, no solo vaya a la CDHCDMX sino también a la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

“La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México determina si hubo o no violación a los derechos y de ahí remite al órgano interno de control o a las autoridades competentes una recomendación.

“Sin embargo, la FGJ tiene más capacidades de investigación para determinar si hubo abuso de autoridad, es otro camino que se puede tomar por parte de las víctimas”, indica.

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