Absuelven de falsificación a socios de casino La Fortuna
Tres de los socios del disputado casino La Fortuna anotaron su primera victoria jurídica y ayer fueron absueltos del delito de falsificación de documentos.
El juez Primero de lo Penal en el Estado, Luis Andrés Moya González, dictó sentencia absolutoria a Sergio Jiménez Escobar, Arturo Cardona Calderón y Jesús Andrés González González.
Éstos dos últimos están presos en el Penal de Cadereyta.
El auto de libertad a favor de los casineros se otorgó dentro del juicio número 82/2013, porque la autoridad consideró que no había delito qué perseguir.
Javier EstradaTres de los socios del disputado casino La Fortuna anotaron su primera victoria jurídica y ayer fueron absueltos del delito de falsificación de documentos.
El juez Primero de lo Penal en el Estado, Luis Andrés Moya González, dictó sentencia absolutoria a Sergio Jiménez Escobar, Arturo Cardona Calderón y Jesús Andrés González González.
Éstos dos últimos están presos en el Penal de Cadereyta.
El auto de libertad a favor de los casineros se otorgó dentro del juicio número 82/2013, porque la autoridad consideró que no había delito qué perseguir.
El juez penal no otorgó valor probatorio a un acta fraudulenta de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A., de C.V., con la que el grupo de operadores del juez suspendido, Luis Armando Jerezano Treviño, pretende adueñarse del establecimiento.
Los socios legítimos del centro de apuestas, sin embargo, aún tienen pendiente el juicio número 115/2013, por el delito de despojo de cosas inmuebles agravado.
El expediente fue abierto luego de la cuestionada aprehensión de los propietarios por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría de Nuevo León.
Los socios fueron arrestados en un operativo el 7 de agosto del año pasado en el restaurante del Hotel Safi, en San Pedro.
La aprehensión de los dueños culminó con el hostigamiento por parte del grupo de Jerezano Treviño, quien es señalado en declaraciones ministeriales como el autor intelectual del despojo de la Fortuna.
Los familiares de los socios afirman que el chantaje y la extorsión del juez inició en septiembre de 2011, cuando les exigió 100 mil pesos mensuales.
Pero fue hasta el 14 de mayo de 2012 que las amenazas se materializaron con el secuestro de Arturo Cardona Calderón, quien denunció que el plagio tenía la intención de arrebatarle sus acciones del centro de apuestas.
Para liberarlo le pidieron firmar una supuesta acta de Asamblea General de la compañía, en la cual cedía sus derechos a la agrupación.
Aunque el casinero acompañó en su denuncia pruebas en audio y video que vinculaban directamente de la privación ilegal de la libertad a Jerezano Treviño y a sus operadores, la Procuraduría del Estado dictó el inejercicio de la acción penal.
Este acoso continuó con un supuesto emplazamiento a huelga de una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y una clausura con inspectores falsos del Municipio de Monterrey, que fue desmentida por el propio Ayuntamiento regio.
Erick Garza Treviño, uno de los abogados del juez, confesó ante la Procuraduría General de la República que esas operaciones fueron planeadas por Jerezano Treviño.
En medio de estas revelaciones, Reporte Indigo publicó que la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, le incautó una cuenta bancaria de 1.5 millones de dólares en Texas, donde lavaba dinero.
Ahora, después de siete meses de litigio, las autoridades judiciales del Estado absolvieron a los socios en este primer juicio.
Magistrado valida testimonio falso
El magistrado estatal José Eugenio Villarreal Lozano validó una escritura apócrifa, con la que justificó girar la orden de aprehensión por falsificación de documentos en contra de los casineros.
El integrante de la Undécima Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, fue el que en un inicio le otorgó valor al escrito fraudulento que deriva del secuestro del casinero Arturo Cardona Calderón.
Se trata del acta de la supuesta Asamblea General de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., la exoperadora del establecimiento.
El dueño fue plagiado para obligarlo a ceder sus acciones en la compañía, por un grupo comandado por el juez de Distrito Luis Armando Jerezano Treviño, investigado por lavado de dinero en México y Estados Unidos.
La escritura fue protocolizada ilegalmente por el Notario Público Número 35 de Nuevo León, Ricardo Efraín Vargas Güemes, quien certificó diversas copias de esa acta que se contradicen entre sí.
Por un lado, dentro del juicio por falsificación de documentos número 82/2013, el fedatario rindió el testimonio en Monterrey para la supuesta cesión de 500 acciones a los operadores del juez suspendido.
En este proceso, los abogados de Jerezano Treviño, Erick Garza Treviño y Juan Antonio Villarreal Gutiérrez, promovieron la denuncia en el Juzgado Primero de lo Penal en el Estado.
El titular de esa primera instancia, Luis Andrés Moya González, negó la aprehensión en contra de los casineros Sergio Jiménez Escobar, Arturo Cardona Calderón y Jesús Andrés González González, los dos últimos actualmente presos.
Pero los representantes legales apelaron la negativa y el recurso procedió con el magistrado estatal y él mismo giró la orden, aunque carece de esa atribución.
En cambio, en el expediente 115/2013, que se desahoga en el Juzgado Segundo de lo Penal, encabezado por Raymundo Martínez González, el testimonio del notario difiere con el anterior.
La transcripción del acta aparece que fue hecha en San Pedro y por la venta de sólo 50 acciones.
Ambos escritos contradictorios fueron certificados por el notario y estuvieron a la vista del magistrado, quien pese a esa irregularidad, ordenó el pasado 17 de febrero girar la aprehensión.
Diversos peritajes oficiales y privados determinan que esa acta contenía firmas falsas.
El más reciente fue emitido el 5 de febrero de este año por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dentro de la averiguación previa número PGR/SEIDO/UEIARV/012/2013.
El dictamen en grafoscopía, elaborado por peritos de la dependencia federal, estableció que se desprendían notables diferencias en la rúbrica de uno de los socios.
“No presentan un mismo origen gráfico las firmas a nombre de Jesús Andrés González, que obran en el documento motivo de estudio”, concluyó el análisis.
La Procuraduría General de la República emitió una medida cautelar que dejó sin efectos el acta fraudulenta y ordenó el aseguramiento del casino, que permanece cerrado desde entonces.
