A 11 años de la aprobación de la ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la Ciudad de México se ha convertido en una opción no sólo para las capitalinas, sino también para las mujeres de otros estados del país donde son criminalizadas.
Hoy hace 11 años entró en vigor la ley que despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación en la capital del país y se reconoció el derecho de las mujeres de decidir libremente sobre su cuerpo.
De entonces hasta el pasado 18 de abril han sido atendidas 194 mil 153 mujeres, de las cuales 57 mil 429 son residentes de otras entidades y 69 extranjeras, de acuerdo con las últimas estadísticas de la Secretaría de Salud local.
+194 mil
“Nos parece que ha sido una de las grandes conquistas para las mujeres en la Ciudad de México, no la única (…) pero sí creemos que la despenalización de la interrupción del embarazo ha marcado un hito en términos de derechos para las mujeres”, señaló Nayeli Yoval, directora de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A. C.
“Ha ayudado no sólo a las mujeres de la Ciudad de México, sino tenemos estadísticas muy claras de que las mujeres de la mayoría de los estados vienen a practicarse abortos o interrupciones de embarazo en la Ciudad de México, eso nos habla de que todas necesitamos ese derecho y que más bien sólo estamos provocando que la gente tenga que moverse”
Por ejemplo, está el caso de las mujeres que por su condición de pobreza no pueden trasladarse para tener un aborto de manera segura y se ven obligadas a acudir a lugares clandestinos donde ponen en riesgo su vida.
+57 mil
Para Yoval, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una ciudad de vanguardia, pese a que el último sexenio ha dejado muchos sinsabores en término de derechos humanos y la política de igualdad de género.
Aún así, la capital del país es la única ciudad que reconoce el aborto como un derecho, pues aunque en otros estados está permitida la interrupción del embarazo es sólo bajo ciertas condiciones. Como consecuencia las mujeres que desean ejercerlo libremente mueren, son encarceladas o tienen prejuicios, dijo.
El conservadurismo es otro de los obstáculos, sobre todo en entidades como Guanajuato y Querétaro, donde se ha encarcelado a mujeres por abortar de manera espontánea, mientras que aunque Yucatán permite el aborto con la causal de pobreza, organizaciones de derecha han llegado a agredir a feministas o clínicas que dan el servicio de interrupción del embarazo apegados a la Ley, explicó Yoval.
En el caso de la capital se deben de fortalecer los servicios y sobre todo la conciencia social de que es un derecho humano para las mujeres, sobre todo porque si no se logra esa despenalización también social, se siguen poniendo en duda estos derechos y pueden ser aprovechados por personas que buscan ponerlos a consulta pública, dijo.
69
La ley que despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
“Entonces creo que es muy importante que reivindiquemos esto como un gran logro del movimiento feminista en torno al avance de los derechos humanos de las mujeres y seguir fortaleciendo que los derechos humanos no pueden estar en consulta”.
Rompe mitos y estigmas
La ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ha roto mitos y estigmas a 11 años de su aprobación, señaló Aimé García, coordinadora del área de relaciones interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Por ejemplo, García señaló que el 34 por ciento de las usuarias atendidas en servicios de ILE se dedica al hogar. “Entonces estamos hablando que la mayoría de la mujeres que interrumpen el embarazo son mujeres casadas, ese dato nos parece importante, además el 80 por ciento que interrumpen también son mujeres católicas”, dijo.
Lo que significa que independientemente del nivel económico, credo o estrato social, las mujeres se sienten libres de decidir sobre su cuerpo y de manera integral, pues además se genera un proceso de prevención a través de la facilitación de los métodos anticonceptivos.
“Creemos que ese 80 por ciento de mujeres que son católicas, que han interrumpido su embarazo lo han hecho en libertad de conciencia, que no sólo es un derecho humano, sino es un precepto religioso que permite que las mujeres en esa libertad, sin sentir culpa ni pecado pueda interrumpir su embarazo”, agregó.
A más de una década de haber entrado en vigor, el reto ahora es que la Interrupción Legal del Embarazo que hay en la Ciudad de México se armonice y amplíe a otros estados de la república y permita a las mujeres que viven ahí ejercer su libertad, sin tener que trasladarse a la capital.
Aidé señaló que el Estado Mexicano está obligado a dar cumplimiento a todas las recomendaciones y compromisos adquiridos en los mecanismos internacionales, es decir, que se deben de armonizar las leyes federales y estatales relacionadas con el aborto para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que buscan un aborto legal.
“El aborto por violación es legal en todo el país, sin embargo, en los estados, sobre todo en los estados con perfil conservador, las mujeres han sido criminalizadas como en Guanajuato, donde mujeres fueron encarceladas con sentencias de más de 20 años y muchos de esos casos fueron abortos espontáneos”, dijo.
Libertad asegurada
Ante comentarios como el del candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, quien prometióponer a consulta derechos como la adopción homoparental y el aborto, Aidé García, coordinadora del área de relaciones interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) dijo que éstos no están en riesgo de perderse.
“Creemos que hay una base sólida, jurídica, que ha permitido que esta ley esté en vigencia desde hace 11 años, nos parecería un poco absurdo que alguien pueda o pretenda echar atrás estas leyes y estas garantías, porque ya son declaraciones constitucionales. Ya incluso están respaldadas no sólo con instrumentos internacionales, sino con mecanismos nacionales de protección”, señaló.
Por lo que pidió a quien llegue a la Jefatura de Gobierno que respete y fortalezca este marco jurídico que garantiza a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo.