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‘Aboga’ diputado por casino

César Cepeda

Como director jurídico del Municipio de Monterrey, José Adrián González Navarro revocó una clausura del Casino Revolución que hace dos años impuso la administración del exalcalde Fernando Larrazabal.

El ahora diputado local del PAN firmó el 3 de febrero de 2012 una resolución en la que determinó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología regia no tenía facultades para decidir si este centro de apuestas operaba como casa de apuestas o no.


Dic 12, 2013
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Como director jurídico del Municipio de Monterrey, José Adrián González Navarro revocó una clausura del Casino Revolución que hace dos años impuso la administración del exalcalde Fernando Larrazabal.

El ahora diputado local del PAN firmó el 3 de febrero de 2012 una resolución en la que determinó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología regia no tenía facultades para decidir si este centro de apuestas operaba como casa de apuestas o no.

Este documento está convertido hoy en la principal prueba que está presentando a su favor la empresa Players Palace, S.A. de C.V., operadora del Casino Revolución, para tratar por la vía del amparo tumbar una nueva clausura que impuso el Municipio de Monterrey hace tres meses.

El 17 de septiembre de este año la administración municipal que encabeza la alcaldesa Margarita Arellanes cerró de manera definitiva este centro de apuestas ubicado en la avenida Revolución por falta de licencias municipales.

El instructivo, del cual Reporte Indigo tiene una copia, lo firmó González Navarro presentándose como superior jerárquico de la Sedeu gracias a un acuerdo delegatorio de facultades que le otorgó el exalcalde Fernando Larrazabal.

El escrito está dirigido a la abogada Mayra de León Moreno, apoderada legal de María Eugenia y Daniela Garza Villarreal, hijas de Rogelio Garza Cantú, dueño de este centro de apuestas que fue asesinado en el 2009.

La abogada del Revolución presentó un recurso de revisión en el Municipio de Monterrey en contra de la clausura que impuso la Sedue municipal el 30 de agosto de 2011, después del ataque al Casino Royale de Monterrey donde murieron 52 personas.

González Navarro resolvió que era procedente esta impugnación y declaró nulo y sin efectos la resolución del 5 de octubre de 2011 en la que Sedue rechazaba regularizar las licencias municipales para restaurante-bar, centro de video juegos y billar que tenía este establecimiento. 

La dependencia municipal negó los permisos alegando que el uso de suelo que solicitaba el Casino Revolución no correspondía al giro de casa de apuestas que había sido detectado en una inspección ocular.

Pero el entonces director jurídico de Larrazabal consideró  en su análisis que el Municipio de Monterrey no tenía facultades para determinar un giro que era de competencia federal.

“En primer lugar porque el predio cuenta con la licencia específica de uso de edificación para el giro de ´videojuegos´, y no corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en el caso específico, determinar si la actividad desarrollada a través de las máquinas instaladas en el inmueble materia de las licencias o por el simple hecho de que en la fachada del inmueble se indique la palabra “Casino”, corresponde o no al giro de casino”, se lee en la resolución municipal que firmó el exdirector jurídico de Larrazabal.

Y concluye González Navarro que la clausura municipal es ilegal porque escapa de la competencia de la autoridad municipal.

“…Pues tal atribución es competencia exclusiva de la Secretaría de Gobernación, o en su caso de la autoridad judicial ante la que que se acredite o no tal extremo, pero se insiste no es un tema que le toque a la autoridad municipal dilucidar, en tanto no puede determinar sino a través de los conocimientos técnicos relativos, la función real de las máquinas…”.

González tenía esas facultades por un acuerdo delegatorio de facultades que le otorgó el entonces Alcalde Fernando Larrazabal  en el 2009 y por lo tanto se ostentaba como superior jerárquico para resolver recursos de competencia exclusivas del Alcalde.

En su momento el Revolución fue incluido por el exalcalde Fernando Larrazabal, actual diputado federal, en una lista de casinos que operaban gracias a los amparos del Poder Judicial de la Federación.

La semana pasada Reporte Indigo publicó que la empresa que opera el Casino Revolución interpuso una denuncia penal en la Procuraduría del Estado en contra de funcionarios municipales que ordenaron su cierre en septiembre.

Hace dos semanas, en calidad de indiciado, compareció ante el Ministerio Público el inspector de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, quien estuvo a cargo de la diligencia que derivó en el cierre del Casino Revolución.

En los próximos días se espera que también sea citada por la Procuraduría del Estado, la titular de la Sedue, Brenda Sánchez, por haber ordenado el cierre de este establecimiento que carece de permisos de uso de suelo para operar como centro de apuestas.

El Casino Revolución ha sido blanco de ataques de parte del crimen organizado en los últimos dos años.

El 4 de abril de 2011 este centro de apuestas fue atacado a balazos y con una granada que su estallido dejó una persona lesionada.

El 27 de julio de 2012 fue atacado a balazos por un comando y con una granada que no estalló.


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