2020 el año de la desinformación

Durante la presentación de su informe anual sobre libertad de expresión en México, Article 19 resaltó que el 2020 fue el año donde el discurso oficial distorsionó más la percepción de la realidad

A dos años del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, persisten las dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder, así lo indica el informe anual “Distorsión: el discurso contra la realidad”, presentado por la organización Article 19.

En el que se reveló que durante 2020 se mantuvo la desinformación desde el Gobierno mediante un intento de control y censura de internet, y la violencia contra la prensa, que se mantiene a la alza con 692 ataques contra la prensa. Cifra inédita de acuerdo con el reporte.

Leopoldo Maldonado, director general de Article 19 Oficina para México y Centroamérica, afirmó que el sello de la administración en curso en 2020, fue “utilizar la distorsión como mecanismo para alterar la percepción de las realidades al deformarlas mediante el discurso”.

No obstante, reconoció que es imposible cambiar en un par de años la configuración de un país cuyo deterioro de la vida pública existe desde hace 50 años.

De este modo, alertó que se mantienen “viejos anclajes autoritarios en materia de libertad de expresión”, pese a que actualmente gobierna un partido que recibió una legitimidad sin precedentes en las urnas.

Por lo que el informe resuelve si los cambios que se pregonan van en dirección de la plena vigencia de los derechos humanos o si es la construcción de una hegemonía política, y si hay coincidencia entre la realidad que se busca transformar y el discurso que gira en torno a una idea de cambio.

Así como evaluar si la estrategia que se llevó a cabo en el primer año y la forma de enfrentar la crisis sanitaria y su impacto en el segundo año, ayudan a vislumbrar el carácter de un Gobierno y la forma en la que este percibe la transformación.

Agresión a la prensa

El informe establece que el ambiente de violencia contra la prensa se mantiene en ascenso, como ha sido en los últimos 13 años, y 2020 se coloca como el periodo más violento desde que se tiene registro.

Lo anterior, debido a que de enero a diciembre se contabilizaron 692 agresiones contra medios de comunicación posiblemente vinculados con su labor, lo que representa un 13.6 por ciento más que en 2019: una agresión contra la prensa cada 13 horas.

En poco más de dos años de este Gobierno, 17 periodistas han sido asesinados, y tan solo en 2020 ocurrieron seis de estos crímenes.

Las entidades que más sufrieron estos ataques fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, donde, en conjunto, sobrepasan 47 por ciento del total nacional de agresiones.

Mismas que, según el reporte, vienen desde el mismo aparato estatal y se multiplican por la estigmatización de la prensa que se ve propagada desde el poder.

Article 19 considera que esta situación alienta a autoridades locales a ejercer el mismo tipo de discurso contra los medios, y se envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos.

Es así que las narrativas estigmatizantes “un impulso para ameazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado”

Control y censura de internet

El informe apunta que existe una vocación autoritaria para sobrerregular diversos aspectos de internet a fin de “menguar su potencial democratizador y evitar que la narrativa y del desempeño oficiales se sujeten a escrutinio y crítica sociales”.

Como ejemplo, cita las iniciativas promovidas por el senador Ricardo Monreal y otros actores públicos para la regularización de las redes sociales.

Las cuales están “alejadas de los principios y directrices establecidos en los estándares internacionales de derechos humanos, ya que, directa e indirectamente, contemplan medidas que interferirían con el acceso y uso de internet”.

Desigualdad informativa en la pandemia

Se documenta que en 2020 casi cien periodistas murieron a consecuencia del COVID-19, lo que visibilizó la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores este país.

Es así que las carencias laborales de los periodistas contribuyen a “un mayor estado de vulnerabilidad y en ello convergen las responsabilidades del Estado y los dueños de los medios de comunicación”.

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