Someten al Conacyt de Buylla: le ordenan mantener becas del SNI a universidades privadas

El 3 de marzo el Conacyt aprobó la reforma al reglamento del SNI que modificó los criterios para la entrega de apoyos económicos
Indigo Staff Indigo Staff Publicado el
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Este jueves, un juez federal le ordenó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mantener las becas del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a más de 100 universidades privadas.

Lo anterior después de la controversia producida a partir del amparo promovido por particulares para que la Junta de Gobierno del Conacyt mantenga las becas de investigadores y científicos en instituciones privadas.

De hecho, hace un mes, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó una suspensión provisional contra la reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Tras esto, un juzgado federal ordenó mantener por tiempo indefinido tanto los derechos como los beneficios del SNI después de la reforma que los descartó para seguir recibiendo sus recursos.

De esta manera, el organismo encabezado por María Elena Álvarez-Buylla deberá garantizar las becas para los investigadores procedentes de las instituciones privadas.

El amparo, además, fue promovido por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y un grupo de académicos de las universidades Anáhuac y Panamericana.

Los quejosos impugnaron la reforma al Reglamento del SNI, publicada el 20 de abril, por la cual más de mil 600 investigadores y científicos de universidades privadas ya no podrían acceder a esos fondos.

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Previamente, el juez requirió a Conacyt entregar su informe previo sobre la modificación del reglamento con un plazo máximo hasta el 22 de junio, cuando se celebró la audiencia incidental y poder resolver sobre la suspensión provisional solicitada.

Lo anterior porque el 3 de marzo el Conacyt aprobó la reforma al reglamento del SNI que modificó los criterios para la entrega de apoyos económicos para los especialistas.

Finalmente, la suspensión definitiva estará vigente durante todo el tiempo que tome tramitar el juicio para aclarar si la reforma violó derechos humanos, lo que tomaría un año o más, si el caso eventualmente es atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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