El candidato a regidor del partido PRD en Apaseo el Grande fue asesinado el 30 de marzo durante un ataque a balazos en esta localidad, informó la Fiscalía General del estado de Guanajuato, Alejandro Galicia Juárez es una de las tantas victimas de la violencia política en México.
Durante los primeros 192 días del actual ciclo electoral, los atentados contra políticos y funcionarios sin militancia o aspiraciones, suman 138 víctimas mortales.
Desde septiembre de 2020, cuando empezó el periodo de las elecciones, un total de 61 políticos y 78 servidores públicos sin militancia han sido asesinados, indica un informe de la ONG Causa en Común.
Asimismo el informe ‘Indicador de Violencia Política en México 2021’ de Etellekt señala que desde el pasado 7 de septiembre de 2020 y hasta el 17 de marzo de 2021 se registró un total de 231 agresiones contra personas políticas con un saldo de 211 víctimas; 160 hombres y 51 mujeres.
En contraste con la campaña política de 2018 que registró un saldo de 152 políticos asesinados -48 precandidatos y candidatos- y 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos, lo que representa una alza del 23.4 por ciento, respecto al mismo periodo.
Además, según lo referido por el informe, el 90 por ciento de las agresiones fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local.
Y aún más alarmante casi 8 de cada 10 víctimas de asesinato doloso eran opositoras a la fuerza política que dirigen los gobiernos estatales.
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Estos 138 asesinatos se cometieron en 25 entidades y 109 municipios del país. Veracruz encabeza el primer lugar nacional con el 12 por ciento del total de víctimas.
Indicador de Violencia Política en México de @etellekt_ (Actualización marzo 20, 2021). Con el asesinato de la aspirante a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, asciende a 61 el número de personas políticas asesinadas en el proceso electoral (cont.)https://t.co/voyClGRBz1
— Etellekt Consultores (@etellekt_) March 20, 2021
Las elecciones más violentas de los últimos 24 años
Desafíos estructurales relacionados con la inseguridad pública, la construcción de instituciones para el combate a la criminalidad y los estragos de la pandemia de COVID-19 son retos que enfrentan las autoridades en los próximos comicios.
Además, que México vive un ambiente de polarización social, donde cada vez es más complejo ejercer nuestro ‘derecho a disentir’.
Recordemos que hace apenas unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Instituto Nacional Electoral (INE), al que se refirió como “supremo poder conservador”, luego de que el Consejo General del organismo autónomo determinó retirarle la candidatura a varios abanderados de su partido, Morena.
Al respecto, Tania Roque, profesora de comunicación política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señala que en cualquier democracia tenemos el derecho a disentir y estos derechos humanos se han visto cada vez más acorralados.
“No hay una escucha, no hay un debate abierto para posicionar ideas y planteamientos concretos de las distintas opciones policías que hay en el país”, señala la experta en comunicación política.
El clima de polarización se mezcla con la inseguridad que se vive en el país.
Se ha denunciado que grupo del crimen organizado han criminalizado los procesos electorales, esto se atribuye al interés de la delincuencia por controlar políticamente a las localidades mediante la policía o los dirigentes.
Según la investigación ‘Legalidad y violencia en los procesos electorales locales’, durante las campañas cada vez es más común que los aspirantes a un cargo de elección popular o a las autoridades electorales sean intimidados o agredidos por grupos delincuenciales.
Existen acusaciones y denuncias sobre la infiltración de grupos criminales en las camarillas partidarias para financiar o acceder a la candidatura por un puesto público.
Carlos Rubio, gerente de Riesgo Político de Integralia Consultores, señaló que una buena parte de los eventos de violencia política son llevados a cabo por el crimen organizado, principalmente en contra de gobiernos municipales para tener recursos, información y control en ese nivel de gobierno.
Amenazas, asesinatos dolosos, privación ilegal de la libertad, infracciones contra la dignidad, robo, despojo de oficinas, ataques a familiares, daños a la propiedad, ataque contra los colaboradores e intimidación son algunos delitos que se cometen contra los candidatos y aspirantes a cargos populares, según el estudio ‘Indicador de Violencia Política en México 2021’.
El mismo estudio señala que las próximas elecciones podrían convertirse en las más violentas que ha vivido México en los últimos 24 años debido a que se ha presentado la cifra más alta de postulantes a cargos de elección.
Retos de las autoridades
La criminalidad que hay en los procesos electorales “es un problema que vulnera la capacidad de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes democráticos” indica Rubio.
Los actos de violencia durante los procesos electorales contaminan o destruyen los mecanismos y las condiciones que incentivan la participación política de los ciudadanos
La Constitución Política nos garantiza derechos político-electorales; la ciudadanía puede votar y ser votada, y en la actualidad se vulneran estos derechos, lo que indudablemente vulnera a la propia Democracia mexicana, reflexiona Roque.
Uno de los principales retos que enfrentan las autoridades es ofrecer la mayor seguridad posible a aspirantes que se encuentran en situaciones o zonas de alto riesgo.
Rubio menciona que deben existir acciones más decididas por parte de policías federales y locales, así como de ministerios públicos para prevenir la violencia política en México.
El gobierno federal presentó el 4 de marzo una estrategia para proteger a candidatos y aspirantes a cargos populares; sin embargo, desde que se anunció han sido asesinados 5 aspirantes a alcaldías en los municipios de La Perla (Veracruz), Nuevo Casas Grandes (Chihuahua), Isla Mujeres (Quintana Roo), Casimiro Castillo (Jalisco) y Chilón (Chiapas).
“Hacemos un llamado a las autoridades para decirles lo obvio, que las buenas intenciones y los discursos no son suficientes”, sentenció María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
“Nuestra democracia se encuentra en asedio desde varios frentes”, entre los que se encuentra el riesgo de participar en contiendas electorales.
Con relación a la estrategia planteada para proteger a las personas candidatas a cargos de elección popular, Roque señala la necesidad de que ésta se implemente de manera transversal en municipios y estados y puedan protegerse a todas a las personas políticas que participan en este proceso electoral.
Y sentencia es muy complejo que se desarrollen unas elecciones con civilidad y en ambiente de paz cuando se vive un ambiente de polarización.
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Como ciudadanía tenemos la responsabilidad de ejercer un voto razonado y salir a votar con las medidas sanitarias pertinentes, porque mientras más se van acrecentado las franjas de abstencionismo, más se debilita la construcción de los procesos democráticos, señala la académica.