Álvarez-Buylla Roces llegó al Conacyt con el objetivo de centralizar las decisiones en materia de CTI. Foto: Especial

Científicos e investigadores buscarán frenar a María Elena Álvarez-Buylla

María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Conacyt, se ha encargado de centralizar la ciencia en México, por lo que este año la comunidad científica del país continuará con su lucha por detenerla por el bienestar de la nación     

La comunidad científica en México confiaba en que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador las cosas cambiarían para bien.

Tener un financiamiento vasto para la investigación y su aplicación, la dignificación de las condiciones laborales para los trabajadores y poner la ciencia al alcance de todos eran algunas de las cuestiones que pensaron se lograrían; sin embargo, la historia ha sido otra.

La labor durante este sexenio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), institución responsable de establecer las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en el país, no ha sido sobresaliente y menos la de su directora María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien ha sido acusada de sólo buscar el poder a través del fanatismo y el activismo, en lugar de priorizar la ciencia.

“Lo que quiere hacer Álvarez-Buylla es controlar la ciencia. Ella puede tener el poder, pero desde hace mucho perdió la autoridad”
Antonio LazcanoInvestigador

Álvarez-Buylla Roces, destacada bióloga y Premio Nacional de Ciencias 2017, con el objetivo de centralizar las decisiones en materia de CTI,  emprendió una batalla por quitarle poder al Foro Consultivo Científico y Tecnológico y lo logró; ahora busca hacer lo mismo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En este caso la lucha continua.

Su interés por controlar las decisiones en este sector también la han llevado a ignorar a la comunidad científica durante la creación de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología o al querer construir un “nuevo Conacyt” y transformarlo en Conahcyt, es decir, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Ante este panorama incierto y de muchos cambios, estos son algunos temas que seguramente acapararán la atención dentro de este sector:

La lucha de María Elena Álvarez-Buylla contra el CIDE

María Elena Álvarez-Buylla Roces impuso a un director, cambió el reglamento y desapareció programas educativos, lo que ha provocado marchas y protestas de la comunidad estudiantil y la renuncia de destacados investigadores. La última baja fue la del doctor Alejandro Madrazo Lajous.

“El Gobierno decidió destruir al CIDE. Tardé en verlo y aceptarlo, pero hoy me resulta innegable” aseguró Madrazo a través de una carta que hizo pública y en la que también señala que también están purgando la institución de voces críticas del gobierno

Finalmente, a la comunidad del CIDE les deseó “paciencia, resiliencia y una pronta liberación de la actual pestilencia”.

Recursos que no ayudan  a la Ciencia, Tecnología e Investigación

Para el rubro de CTI, este año se destinarán 128 mil 746 millones de pesos; es decir, el 1.5 por ciento del presupuesto nacional, lo cual a simple vista sería una buena noticia; sin embargo, tras esta cantidad destinada se esconden los proyectos prioritarios de esta actual administración.

Las dependencias más beneficiadas serán la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Energía, esta última recibirá 7 mil 146 millones de pesos que, de acuerdo con la Red ProCiencia MX, este dinero no esta destinado a la ciencia y la tecnología, sino a la compra de títulos  valores.

Así que si bien este año habrá un incremento, no todo el dinero estará en función de fortalecer la investigación científica en el país.

Legislaciones se aferran al pasado

Después de un largo retraso, una iniciativa de Ley de Ciencia, denominada Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) fue ingresada por parte del Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su discusión.

La comunidad científica acusa que la iniciativa presidencial parece retornar al pasado en lugar de proporcionar el marco legal para avanzar hacia un futuro mejor. Además, no contempla instrumentos de apoyo a la investigación ni un sistema de gobernanza en el que participen todos los sectores involucrados.

También elimina drásticamente la autonomía de los Centros Públicos de Investigación y no incluye de manera igualitaria a todas las instituciones en donde se produce conocimiento científico y tecnológico.

Finalmente, no especifica el monto del financiamiento que el Estado deberá asignar a las actividades de ciencia y tecnología ni establece mecanismos de transparencia para su operación.

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