Hace unos días, un grupo de afganos aterrizó, junto con sus familias, de manera segura en la Ciudad de México gracias al apoyo que recibieron del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Alrededor de 124 afganos llegaron la madrugada del 25 de agosto al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital.

Por el momento, los afganos, en su mayoría periodistas, recibirán protección humanitaria temporal en México, indicó la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard indicó que México abrió sus puertas a los periodistas afganos “a fin de protegerlos y para ser coherentes” con la política exterior del país.

La Secretaría de Gobernación también emitió una opinión favorable para dar asilo político a personas de nacionalidad afgana que lo requieran, de conformidad con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y en atención a la solicitud realizada por la cancillería.

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Responder de manera adecuada a los flujos de personas es un deber de todos los gobiernos del mundo. Asumimos esa responsabilidad con
entereza y unidad, puntualizó la entonces secretaria de Gobernación,  Olga Sánchez Cordero.

Trato a migrantes centroamericanos

La política de asilo de la que hablan ambos funcionarios es distinta a la que viven cientos de migrantes centroamericanos en nuestro país.

Apenas en marzo de este año, México inició el despliegue de cientos de agentes migratorios y efectivos del ejército y la Guardia Nacional en la frontera sur del país con el objetivo de lanzar una nueva ofensiva contra el tráfico de migrantes.

El gobierno mexicano anunció que limitará los cruces no esenciales desde Guatemala con el argumento de evitar la propagación del coronavirus.

El INM explicó en un comunicado que se instalarán más controles de documentación y filtros sanitarios y se vigilarán las zonas de cruce ilegal de personas con drones y mecanismos de visión nocturna.

Incluso el pasado 30 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció una “reacción errónea” por parte de personal militar que disparó contra un vehículo de civiles en Motozintla, Chiapas, que causó la muerte de la persona proveniente de Guatemala.

El más escandaloso despliegue de las fuerzas mexicanas en la frontera sur que se registró en México ocurrió hace casi dos años después de que Trump amenazara a México con imponer aranceles si no controlaba el flujo de migrantes.

En respuesta, el gobierno mexicano coloco el 23 de enero de 2020 a integrantes de la Guardia Nacional (GN) en la autopista que comunica Ciudad Hidalgo con Tapachula, en Chiapas, los uniformados detuvieron el avance de la caravana migrante.

Elementos de Guardia Nacional colocaron sus escudos y toletes para empujar y encapsular a los ciudadanos centroamericanos, entre ellos se encontraban menores de edad, incluso los rociaron con gas lacrimógeno, según se puedo observar en videos que circularon en redes sociales en ese momento.

De acuerdo con Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, de 2019 a la fecha se registraron 381 mil 962 ingresos irregulares al país y de ellos, 82 mil 719 son menores de edad.

Aunque se esperaba que el gobierno del presidente Joe Biden terminara con todas las políticas anti-migrantes de su antecesor Donald Trump, estas promesas aún no se han cumplido.

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