María Asunción Aramburuzabala es conocida en el mundo de los negocios por ser la heredera de un “imperio” multiplicando sus ganancias.

Pero en cuestión de estos días su apellido casi impronunciable se ha puesto bajo los ojos mediáticos por sus duras declaraciones en contra del matrimonio López-Dóriga-Pérez. 

La razón no es sencilla y más valdría analizarla. Les acusa legalmente de extorsión porque, aparentemente, un grupo de vecinos lidereados por ambos presionó a su constructora para que pagara 5 millones de dólares. 

Desde su versión, los dólares son para que no tuviera problemas con ellos en la construcción de un desarrollo inmobiliario en Polanco (uno de los barrios exclusivos de la Ciudad de México). 

Desde la versión de ellos, es una cantidad que justifica las pérdidas en la plusvalía de sus propiedades por tal construcción.  

El periodista de televisión, Joaquín López-Doriga, se ha limitado a montar este conflicto sobre el medio de comunicación impreso que “destapó” la prueba. Pero de los argumentos de la empresaria, nada. 

Una de las primeras cosas que debemos tomar en cuenta es que si existe una “guerrilla” urbana en las ciudades, cada vez con mayor incidencia en el debate público, es la de los desarrollos inmobiliarios verticales. 

Los permisos, las adecuaciones de suelo, las afectaciones sociales sobre la fragmentación de relaciones, son algunos de los puntos que están sobre la mesa entre habitantes y autoridades. 

Esto se replica en todas las ciudades como un problema-solución emergente. Lo mismo en París que en Monterrey o en donde se presenta este caso. 

Bajo tal contexto es muy difícil determinar la cadena burocrática de responsabilidades u omisiones que permitan por una parte, tal como dice la teoría, regresar la densidad a los barrios que ya cuentan con los servicios para activar el desarrollo económico (del cual queramos o no dependemos).

Y, por otra, como lo dice la práctica, frenar cualquier interés que atente contra el medioambiente o la vida social y cultural de los espacios. Es realmente difícil encontrar un punto de equilibrio. 

Lo que nos ha demostrado las declaraciones de Mariasun (como la conocen) es poner al desnudo que no solamente los funcionarios públicos o los políticos tienen un precio para el mejor postor.  

Lamentablemente, esto agrega al conflicto una variable que es conocida, pero de la que no se habla. 

¿Quiénes son los vecinos que se quejan? Ésa es una pregunta que cualquier tomador de decisión bajo tal situación tiene derecho a hacer. La evidencia de que vivimos en un país no sólo de corruptos, sino de “chantajeadores” profesionales. 

Capaces de definir el rumbo de la ciudad por los propios intereses que en apariencia son comunes, cuando no lo son. 

El debate, la polémica o la discusión sobre estos desarrollos no tendrá fin. 

Menos cuando se sigan autorizando sin una visión integral de ciudad humana o bajo el amparo de Ley (no todo es especulación ni teorías de la conspiración). 

Hoy, más allá de la infraestructura o equipamiento, tendríamos que enfocarnos sobre lo que hace mucho más daño que 40 pisos encima de su cabeza, si es que lo hace: la ética que nos está haciendo tanta falta para no caer en la desagradable situación de poner en duda la integridad de las vecindades en los barrios. 

Porque al menos dos vecinos de una clase alta como es Polanco, nos demuestran una conducta que bien puede presentarse en otros casos que no sean visibles, y que alguien en este momento, bajo la piel del papel llamado “vecino”, esté “negociando” el interés común en un chantaje. 

Definitivamente, algo no estamos haciendo bien. No.