En apenas un espacio de días, autoridades federales de distintos ámbitos han exhibido graves ilegalidades en el sector de la comercialización de combustibles, y aunque los distintos entes públicos ya han puesto manos a la obra, aún queda mucho por hacer para llevar a cabo una verdadera limpia en el mercado de las gasolinas.

A mediados de la semana pasada, el administrador general de aduanas del SAT confirmó lo que ya era un secreto a voces en el sector energético: la existencia de una compleja red de corrupción en la frontera norte que permite el paso ilegal de combustible importado, sin que este pague impuestos. A esto se sumó la advertencia del lunes pasado del aún titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, quien alertó por un nuevo tipo de rastrillo localizado al interior de una gasolinera, el cual permite controlar el flujo de la bomba y alterar los litros que se venden a distancia y así robar a los consumidores. Lo cierto es que, acompañado a una apertura en el mercado de los combustibles, las verificaciones de la Profeco han mejorado su eficacia, pero aun así, hay afectaciones al consumidor final.

Todavía no se ha llevado a la palestra nacional, pero el tema de la comercialización de combustible que no cumple con la norma ambiental en las zonas metropolitanas es otra problemática muy presente. ¿Empezarán pronto las autoridades competentes a prestar atención a esto?

El choque que viene

Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado martes, de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, se marca también la apertura de nuevos frentes de batalla entre las partes.

Mientras que los partidos de oposición ya anunciaron que intentarán derogar esta ley mediante una acción de inconstitucionalidad, las empresas con contratos vigentes de generación eléctrica también están preparando su estrategia legal, al menos en dos frentes. Por una parte, buscarían de igual forma mitigar las afectaciones que les puede generar la nueva Ley mediante recursos judiciales o bien, buscando el arbitraje de la Cofece; mientras que por el otro lado, algunos ya están preparando la defensa de sus contratos, después de que, con la publicación de la ley se abriera el plazo para revisar los contratos de generación y compraventa de energía para comprobar que son rentables para el Gobierno.

La posibilidad de la terminación anticipada de los mismos, de manera unilateral, ha generado mucha preocupación, nos comentan.