Debido a las malas condiciones económicas y de seguridad en diversos países latinoamericanos, en los últimos años ha aumentado el movimiento de las personas migrantes, aquellas que buscan una mejor calidad de vida y más oportunidades. Es por ello que se ven orilladas a dejar a su familia y se aventuran a llegar a Estados Unidos.

La pandemia ha ocasionado que este fenómeno aumente, pues surgen necesidades apremiantes, lo que ha provocado que, en los primeros tres meses de este año, las solicitudes de refugio que ha recibido México, se incrementaron.

La Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) reportó que mil 169 guatemaltecos, mil 793 salvadoreños y 11 mil 574 hondureños han solicitado refugio en nuestro país. En total, se han recibido 22 mil 606 solicitudes de todas las nacionalidades, lo que representa un incremento del 31 por ciento en comparación con años anteriores.

Lamentablemente, a la par de cada historia existen personas que lucran con la necesidad de otros, es el caso de quienes cobran por pasar personas a nuestro país vecino, estableciendo tarifas de hasta 11 mil dólares.

Evidentemente estos actos configuran tráfico de personas. Hecho que debe castigarse con la cárcel.

Ante esta problemática se vuelve necesaria la coordinación entre gobiernos, por lo que es urgente proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, y reconocer la disposición del Gobierno de Estados Unidos, mediante la vicepresidenta Kamala Harris, de acordar con el Gobierno mexicano, fortalecer los mecanismos binacionales para compartir inteligencia.

Con el propósito de combatir las redes transnacionales de traficantes de personas que ponen en riesgo la seguridad de las personas migrantes.

Se tiene que poner especial atención en que los 10 mil elementos de la Guardia Nacional que serán enviados a la frontera sur de México, así como los mil 500 soldados y 7 mil policías de Honduras, no vulneren los derechos y libertades de quienes migran de sus países esperando tener un mejor futuro.

México tiene especial responsabilidad con los derechos humanos, sobre todo porque nuestro país es el paso de un gran flujo de personas. Es vital que el Ejecutivo federal entienda su gran e importante responsabilidad para así poder desempeñar un buen trabajo, protegiendo siempre los derechos de toda persona migrante.