Después de un puntual y fructífero transcurso de reflexión y debate, el pasado sábado 11 de diciembre, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), culminó su XXIII Asamblea Nacional, donde precisó su perfil ideológico en la democracia social y ubicó al partido en el centro-izquierda del espectro ideológico-político nacional. El PRI declaró ser un partido demócrata social, comprometido con la lucha por una igualdad social, verde, en una robusta democracia integral, producto de reformar el poder

La democracia social que hoy enarbola el PRI, además de inherente al lema que lo identifica desde el 18 de enero de 1946: Democracia y Justicia Social, resulta de la evolución del concepto a lo largo de las declaraciones de principios aprobadas en las XIX, XX, XXI y XXII asambleas nacionales, y constituye “(…) también un llamado a la reconciliación y a la unidad, en un país deliberadamente polarizado por la cotidiana e intencional exacerbación de sus contradicciones”.

Así, el PRI aprovecha los grados de libertad que le otorga su carácter de oposición en la lucha por el poder, para continuar la restitución de su fortaleza. Se asienta con firmeza en la corriente histórica progresista que lo sustenta, para dar un salto hacia adelante, subrayar su ideología, y manifestar su equidistancia, tanto del neoliberalismo, “ese liberalismo economicista creador de oligopolios y desigualdad social”, como del populismo autoritario “que logró ascender al poder ante las debilidades que padecen las democracias incompletas que, encerradas en su circuito electoral, se olvidaron de cumplir su cometido en el ejercicio del poder”.

Junto a la democracia social, el PRI también se decantó en favor de una economía social de mercado, “(…) competitiva e integrada al mundo, armónica entre un Estado rector promotor del desarrollo social y un mercado libre, con sólidas instituciones, ajeno tanto a aquel mercado libertino y salvaje de inspiración neoliberal, como a los dislates estatistas del populismo.” Un modelo económico de desarrollo sostenible, capaz de generar empleo con salario justo y remunerador, eliminar la pobreza extrema y engrosar a las clases medias, basado en una política de creación de infraestructura verde y reindustrialización competitiva, sustitutiva de importaciones –vía precio y calidad– en condiciones de economía abierta, focalizada en el fomento a la pequeña y mediana empresa, y atento a atraer y asentar en México las cadenas de valor en relocalización, a nivel global.

Propuso un modelo de desarrollo social, fincado en el impulso a una educación del siglo XXI, con plena libertad de cátedra, integrada con los requerimientos de la industria 4.0 y plural, así como en el rescate de la salud, tan lastimada por el Gobierno populista, como “un derecho que nos pertenece y que no nos vamos a dejar arrebatar”, fundamental para el desarrollo igualitario de México, a través de su universalización.

Mandató edificar un modelo de desarrollo político para la Reforma del Poder, que retome la asignatura pendiente de reglamentar la ley del Gobierno de coalición y avanzar hacia el fortalecimiento y la modernización democrática del régimen presidencial con prácticas parlamentarias, así como del Estado de derecho, para frenar la impunidad.

El PRI ve a México como un país de jóvenes “que año con año se incorporan a la toma de decisiones ciudadana, y cuya visión del mundo ya es plenamente digital”, y a ellos apuesta con un partido “muy sólido en sus capacidades digitales” y un mayor número de candidaturas para la juventud.

Con estas definiciones sustantivas, de su XXII Asamblea Nacional, surgió un PRI restituido y preparado para la reconquista del poder, en bien de México.