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Opinión

Ante las condiciones de distanciamiento social para prevenir los contagios de COVID-19, los gobiernos del mundo han implementado mecanismos para fomentar que el estudiantado continúe con su aprendizaje desde casa.

En la caso de México, el pasado 3 de agosto, el secretario de Educación Pública, anunció un convenio con la iniciativa privada para la difusión de contenidos educativos a través de radio y televisión, con la posibilidad de llegar a más hogares mexicanos, sin embargo, en cuanto al alumnado con discapacidad sólo señaló que las transmisiones se realizarán con lenguaje de señas mexicano y los libros de texto gratuito serán impresos en braille y macrotipo.

Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, en el país residen 29.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, de los cuales 580 mil 289 menores, es decir, el 2 por ciento, presentan alguna discapacidad.

La población infantil con discapacidad, muestra dificultad para aprender, recordar o concentrarse; ver aún y cuando usen lentes; hablar o comunicarse; tienen problemas emocionales; caminar, subir o bajar usando sus piernas; bañarse, vestirse o comer; escuchar aunque usen aparatos auditivos y realizar actividades motrices como mover sus extremidades, entre otras.

No debe pasar desapercibido que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en su artículo 24, señala que es obligación de los Estados parte, en este caso de México, reconocer y hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, asegurando además, que el sistema educativo sea inclusivo y con acceso a todos los niveles.

Por ello, es preocupante que las autoridades federales solamente contemplen para este regreso a clases, pocos elementos para lograr que las personas con discapacidad accedan a la educación. Con ello, dejarán sin este derecho humano a miles de menores, desprotegiendo a un gran sector de la infancia mexicana y negándoles la oportunidad de continuar con su preparación educativa.

Que lamentable que en su estrategia, de por sí cuestionada, estén poco priorizadas las personas con discapacidad, lo que las invisibiliza y las deja sin protección del Estado mexicano. No se trata de improvisar mecanismos, sino de combatir el rezago educativo.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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