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Opinión

Resulta inobjetable el grave deterioro económico con el que dejaron a México las pésimas administraciones del PRI y del PAN, resultando en bajo crecimiento económico, inestabilidad y pérdida de activos productivos. Desde la primera crisis de la deuda en 1982 hasta el 1 de diciembre de 2018, el crecimiento económico ha sido errático.

Por lo tanto, en la Cuarta Transformación de la República, nos propusimos trabajar en un gobierno sensible promoviendo una nueva economía basada en el desarrollo sostenido, sustentable e incluyente, en el marco de un proceso de redistribución del ingreso.

Esto significa transitar de una economía dominada por los poderosos intereses financieros hacia una economía productiva; establecer un nuevo equilibrio entre el sector de exportación y el mercado doméstico; propiciar nuevas relaciones con el exterior; introducir la planeación democrática del desarrollo; definir nuevos vínculos entre el campo y la ciudad; rescatar el ingreso popular y redefinir el papel del Estado. Separando el poder económico del poder político.

Para instrumentar esta estrategia se requiere asumir un papel importante de rectoría, regulación y promoción del desarrollo, plasmadas en medidas legislativas impulsadas en el Congreso.

Un Estado democrático supone rendición de cuentas y por lo tanto, una fiscalización oportuna y transparente del ingreso, gasto y deuda pública. También, supone la búsqueda de consensos entre los distintos actores sociales y esferas de gobierno con miras a lograr un pacto social democrático en el que todos aporten algo, pero en donde también los beneficios se repartan equitativamente favoreciendo a la gente que menos tiene.

Por tanto, desde el Senado de la República estamos generando las reformas necesarias para comenzar a revertir los efectos devastadores que nos heredaron las pasadas administraciones. En este sentido, en el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara alta, estamos impulsando la Iniciativa de Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, para lograr corregir los problemas de condonación fiscal, mejorar el sistema tributario y de participaciones.

Esta Ley, está encaminada en fomentar más planeación, a formular presupuestos ordenados y a lograr una mayor calidad del gasto y mejor uso de la deuda. Por lo tanto, es un instrumento de política pública responsable que tiene tres objetivos prioritarios: Finanzas públicas sostenibles, menores costos de financiamiento y transparencia y rendición de cuentas.

La Ley de Disciplina Financiera establece una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permite a las entidades federativas y los municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y poder lograr así, la estabilidad del sistema financiero.

Una nueva política económica debe ser parte fundamental de la nueva realidad democrática que estamos viviendo. Un manejo adecuado de la política económica debe permitir la redistribución de la riqueza nacional como eje estratégico del combate a la pobreza, para fortalecer el federalismo y la democracia, instrumentar una adecuada fiscalización de los recursos públicos; avanzar en el combate a la corrupción y eliminar el uso discrecional de los recursos públicos. En consecuencia, la política económica y la política fiscal no deben limitarse a la simple recaudación de impuestos; deben ser ante todo promotoras del desarrollo económico y social.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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