Ya inició formalmente en comisiones, entre señalamientos y golpeteo, el proceso para dictaminar la iniciativa de Reforma Eléctrica, pero la situación poco ha cambiado y las fuerzas políticas de un lado y del otro parecen estar en la misma posición que hace unos meses. Más allá de que se logre un acuerdo o no (lo que realmente luce muy complicado hoy en día), ya ha quedado claro que Morena va a intentar que se vote el dictamen antes de que concluya el periodo ordinario, impulsados ahora por el Presidente de la República, mientras que los principales partidos de oposición no parecen compartir ni la urgencia ni la propuesta de los guindas y sus aliados. Ahora, nos comentan, comienza otra lucha en una trinchera diferente, la electoral, en donde cada una de las partes va a intentar cargar el costo político a la otra por la probable parálisis para sacar adelante la reforma para el sector, en un sentido o en otro, de cara a las elecciones. Si se llega a votar un dictamen en materia eléctrica, aunque no sea ni el que quieren Morena y el Presidente ni el que quisiera la oposición, no será una reforma adecuada a las circunstancias que hoy se viven en materia de generación eléctrica.

Aquí parece que el interés es político y electoral. ¿Quién impondrá su narrativa?

Mantiene CRE tendencia negativa

La Comisión Reguladora de Energía mantiene su muy particular pulso con la iniciativa privada y sigue con la línea de negar prácticamente todos los permisos y autorizaciones solicitados a empresas en el sector eléctrico y de hidrocarburos.

Apenas en la sesión de ayer del órgano de Gobierno de la CRE, sus integrantes negaron dos permisos de almacenamiento de petrolíferos Operadora de Terminales Marítimas y Terminal de Hidrocarburos Gotemburg, mientras que otras dos solicitudes en el sector eléctrico, de las empresas Eoliatec del Istmo y la española Iberdrola, también recibieron una negativa.

En la sesión del 17 de diciembre pasado, la CRE también había negado tres permisos de almacenamiento de hidrocarburos a particulares.

El problema, nos comentan, es que estas decisiones son tomadas sin aparentes motivos técnicos, porque los comisionados no han expresado las razones detrás de la negativa, lo que viene a reforzar la tendencia de que las decisiones son más políticas que otra cosa, ya que, coincidentemente, favorecen a las empresas del Estado en detrimento de los particulares, y sobre todo, de la competencia, por la forma en que se afecta a toda la cadena del sector energético.