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Opinión

En 2015, durante la campaña a la gubernatura, el entonces candidato Jaime Rodríguez Calderón ya dejaba entrever que la primer gran cruzada de su gobierno sería en contra de Rodrigo Medina y de su equipo de colaboradores en el gobierno de Nuevo León.

Sin embargo, más de 3 años después, el antecesor del ‘Bronco’ ha librado prácticamente todos los procesos que se iniciaron en su contra, y lo mismo los ‘medinistas’ cuyos casos se han ido cayendo y los pocos pendientes que quedan siguen su proceso en libertad.

La ‘cacería’ del ‘Bronco’ y su fiscal Anticorrupción Ernesto Canales (principal responsable de la deficiencia en la integración de los casos) está regresándole al mandatario. Primero la imputación que hoy se va a confirmar en contra del subsecretario del trabajo Adalberto Nuñez, pero también está pendiente el caso del ‘cobijagate’ cuyo principal señalado es Rogelio Benavides.

La compra del dron también será una vía por la cual buscarán llegar directamente a Jaime Rodríguez, cuyas cuentas públicas son revisadas muy minuciosamente en busca de cualquier desliz.

Los priistas y sus aliados se quieren cobrar la afrenta y no parecen dispuestos a dejar que el gobernador se vaya limpio.

Continúa rechazo por La Estanzuela

Vecinos del sur de Monterrey se manifestaron el día de ayer en rechazo al desarrollo inmobiliario que se pretende construir en terrenos colindantes al Parque la Estanzuela.

Protestaron por la instalación de una malla ciclónica que, denuncian, obstruye el paso del arroyo El Calabozo.

También por la probable construcción de un desarrollo inmobiliario en la zona, el cual cuenta con una autorización federal para el cambio de uso de suelo de más de 25 hectáreas.

Ambos predios (el terreno cercado y el que cuenta con autorización federal) pertenecen a Desarrollo Inmobiliario Omega.

Vaya situación que se le viene al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, pues los vecinos exigen que no otorgue los permisos de construcción para el desarrollo habitacional colindante con La Estanzuela.

También estuvo presente la diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón, quien asegura que promoverá un juicio contra los funcionarios que autorizaron el desarrollo y buscarán frenar la construcción mediante un “Juicio de Lesividad”.

La inconformidad es porque, a pesar de no estar dentro del Parque, las obras sí podrían traer un daño ecológico en zona, en tiempos donde lo que se necesita son más áreas verdes por la crisis de contaminación que vive el área metropolitana.

Al escritorio de Adrián de la Garza han llegado serios proyectos para mejorar la calidad del aire, por lo que el edil parece que pronto tendrá que tomar una postura, pensando incluso en sus aspiraciones para 2021.


* Esta opinión no refleja la del periódico
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