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Opinión

Los transportistas no parecen estar dispuestos a tirar la toalla en el conflicto por el alza a la tarifa del transporte público.

Desde el pasado fin de semana, algunas rutas comenzaron a aplicar incrementos de forma unilateral, en algunas casos de 12 a 14 pesos y en otros de 12 a 17 pesos, según reportaron algunos usuarios.

Todo esto a pesar de que la propuesta de incrementar la tarifa fue rechazada el pasado 13 de mayo durante la reunión del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad.

Ante esto, el gobierno estatal encabezado por Jaime Rodríguez Calderón ha decidido, de momento, no emprender acciones en contra de los empresarios transportistas.

Sin embargo, el senador panista por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, junto con Rocío Montalvo, líder de la organización Únete Pueblo, presentaron el día de ayer una denuncia penal en la Fiscalía estatal en contra de los transportistas por el aumento a la tarifa sin autorización.

Ahora será el órgano encabezado por Gustavo Adolfo Guerrero el que tendrá en su mano tomar alguna medida para poner un freno a los transportistas, algo que no ha hecho el gobierno independiente de “El Bronco”.

Núñez gana tiempo

La audiencia en donde presumiblemente sería vinculado a proceso el subsecretario del Trabajo en Nuevo León y exdirector de Fomerrey, Adalberto Núñez Ramos, fue pospuesta para el próximo 4 de junio.

El argumento del funcionario, quien llegó acompañado de dos abogados, fue que su anterior defensor renunció el fin de semana, por lo que los nuevos litigantes no tuvieron tiempo para conocer el expediente judicial del caso.

El fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, así como otros funcionario de la Fiscalía estuvieron presentes en la audiencia y estuvieron de acuerdo en postergar la cita.

A pesar de que con esta estrategia Núñez gana tiempo para preparar su defensa, fuentes de la Fiscalía insisten en que el funcionario sí será vinculado.


* Esta opinión no refleja la del periódico
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