Resulta que, al revisar la iniciativa que el Colegio de Abogados entregó en la Oficialía de Partes el pasado 3 de julio, a través del licenciado Alejandro Gómez, para evitar que caduquen las propuestas de ley o reformas ciudadanas, la de García se parece mucho.

Pero existe una diferencia abismal entre la iniciativa de los abogados y la del legislador electo. La propuesta de Alejandro Gómez dice que, en caso de que el documento no se dictamine en 15 días por la o el presidente de la comisión a donde llegó, él o ella tengan una sanción económica.

Además en caso de que no transite el dictamen, la explicación tendría que ser fundada y motivada. La iniciativa de García solo alarga la vigencia de caducar y no hay sanciones.

Amenaza de sanciones

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció que se mantendrán las restricciones por la tercera ola de contagios de COVID-19, es decir, establecimientos con un aforo de 50 por ciento y el cierre hasta la medianoche. Habrá una sanción para los restaurantes, antros, salones de fiestas y estadios que no cumplan con las medidas sanitarias.

Hasta ahí pudiera parecer prudente la determinación del gobierno de “El Bronco”; pero ¿que pasará con las dependencias estatales que no cumplan?, ¿también las cerrarán?

Porque algunas no cumplen los lineamientos sanitarios, por ejemplo, por la falta de insumos, sobre todo en el Metro, en donde se acaba muy rápido el gel antibacterial.

No obstante, nos dicen en la Secretaría de Salud que temen que la sanción de cerrar comercios pueda derivar en corrupción si se comienzan a pedir “moches” por pasar por alto el incumplimiento de las medidas.

Veremos si también se acompañan las restricciones con medidas severas para los funcionarios que sean sorprendidos al no aplicar la sanción y exista una verdadera vigilancia.