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Opinión

El enfrentamiento entre el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el titular de la Fiscalía General de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, originado principalmente por el tema presupuestario, sigue vigente. El último intento de “El Bronco” para ejercer presión sobre el fiscal es una iniciativa presentada por el Ejecutivo ante el Congreso local con la que se pretende reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Específicamente, la iniciativa propone una modificación al Artículo 8 de la citada ley. Actualmente se establece que el presupuesto de la fiscalía “no podrá reducirse en términos reales al aprobado en el ejercicio inmediato anterior”.

Con el cambio que propone Jaime Rodríguez, se cambiará el no podrá reducirse por “se procurará que no se reduzca” en términos reales respecto al aprobado en el ejercicio inmediato anterior, conforme al análisis que realice el Congreso del Estado.

Aunque el cambio en la redacción es menor, implica que no habrá obligación de respetar el piso del presupuesto anterior y por tanto, pueda ser más reducido en el siguiente año.

Hay que recordar que la asignación presupuestal para el ejercicio 2019 de la fiscalía generó controversia, pues el mandatario estatal envió una propuesta muy inferior a la que solicitó Guerrero, quien inclusive argumentó que con insuficiencia presupuestaría sería imposible que la dependencia hiciera una correcta labor.

Está en manos de los legisladores dar el aval a la iniciativa, aunque de entrada luce complicado que vayan a tomar partido por “El Bronco” en esta pugna.

Pasan la charola en Fiscalía

Justamente al interior de la fiscalía que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero existe una gran molestia entre los elementos operativos, quienes ahora son “obligados” a aportar un donativo para la colecta de la Cruz Roja, eso sí, dependiendo del cargo es el monto que se requiere.

De acuerdo con un oficio que trascendió el día de ayer, se solicita como donativo, desde 150 hasta 800 pesos según el puesto que se ocupe.

A los agentes ministeriales se les solicitaron 150 pesos; a los jefes de grupo, 200; a los detectives, 300; a los coordinadores, 400; y a los comandantes en jefe, 800.

Sería bueno que el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero aclarara esta situación, que informara si estaba enterado si dio su anuencia para pasar la charola, o de lo contrario, que investigara qué funcionario está detrás de estas acciones.

Seguramente después de la recolección de la cuota obligatoria, los altos mandos de la fiscalía presumirán la aportación que la dependencia hizo a Cruz Roja. Veremos si también explican a detalle de dónde salieron los recursos.


* Esta opinión no refleja la del periódico
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