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Opinión

La votación por la reforma constitucional que, entre otras cosas, establecía el llamado pin parental, dejó en evidencia la primera gran fractura entre los dos principales partidos de Nuevo León: el PAN y el PRI.

Acción Nacional era el principal interesado en sacar adelante la iniciativa del diputado de Encuentro Social, Juan Carlos Leal Segovia. Sin embargo, al final serían los votos en absternción del tricolor los que terminarían inclinando la balanza para que el dictamen fuera rechazado. En contra votaron seis de los siete diputados de Morena, únicamente Celia Alonso no votó.

Este posible rompimiento podría revivir la alianza que establecieron las bancadas del PRI y de Morena al inicio de la legislatura, misma que después sería desactivada por el PAN, que buscó el control del Poder Legislativo junto con el tricolor.

El PAN buscó que la votación del pasado viernes fuera nominal, no por tablero, pero el resto de las bancadas se impuso, lo que refuerza las versiones de ruptura. Quien resultó clave para que no se “escondieran” las votaciones fue la progresista independiente Claudia Tapia, quien se remitió a la Ley Orgánica y les recordó que en toda la Legislatura no se ha registrado una sola votación nominal.

Van por Karina Barrón

Organizaciones y mujeres neoleonesas iniciaron un movimiento para que la diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón, sea removida de su cargo como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local.

El principal señalamiento es que la legisladora tenido un desempeño deficiente en su trabajo en la protección de las mujeres niñas y adolescentes.

Las mujeres de Nuevo León se sienten agraviadas por su voto a favor de la reforma al artículo 1 de la Constitución local en marzo de 2019, en el que se reconoció un falso derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, lo cual claramente contraviene el principio progresividad de los derechos humanos.

Hay que recordar además, que Karina esperó hasta el último momento para votar a favor de la reforma al artículo 3 de la Constitución local, que proponía instaurar el pin parental y con ello limitar la participación de los menores en actividades donde se promueven valores como la equidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos, así como el acceso a la educación sexual y libre de discriminación.

Otro punto que cuestiona es que Barrón ha estado en la Comisión por cuatro casi cuatro años incumpliendo la Ley Orgánica y el Reglamento Interior, pues ese cargo es rotativo.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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