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Opinión

Bernardo González Garza, exprocurador y exsecretario de Seguridad en Nuevo León, asumió ayer el puesto de titular de la recién creada Unidad de Inteligencia Financiera estatal y su regreso al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón no dejó indiferente a la clase política en la entidad.

Aunque en sus declaraciones públicas tanto González como el propio Rodríguez Calderón afirmaron que este ente trabajará con sigilo y que no busca persecuciones, lo cierto es que existe inquietud en que desde la unidad se opere políticamente en contra de los adversarios de “El Bronco”.

La UIF de Nuevo León llevará a cabo indagatorias sobre actividades financieras, tanto de particulares como de funcionarios públicos, que puedan constituir un delito y seguramente estará muy activa durante el proceso electoral en curso, pues es en estos periodos donde se suele mover mucho dinero.

Bernardo es un funcionario de toda la confianza de “El Bronco” y aunque la unidad a su cargo sí tendrá que rendir cuentas a la UIF federal, llegado el momento, ¿mantendrá su autonomía o será un jugador político para la sucesión de 2021?

Ataque a derechos en el Congreso

Una iniciativa de organizaciones y diputados antiderechos fue enviada a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte para revivir el tema del pin parental, una figura inconstitucional.

La coordinadora de la bancada Independiente Progresista, Claudia Tapia Castelo, advirtió que estos grupos y estas posturas buscan ganar influencia en el Congreso local, poniendo bajo ataque los derechos humanos.

La legisladora advierte que no están a favor de la familia como una institución básica de la sociedad compuesta de formas diversas, sino que están a favor de un tipo único, negando cualquier variación.

Para finalizar, Tapia Castelo, muy sutil, pidió que la Comisión se avoque a legislar con la Constitución y los tratados internacionales en mano y nada más.

Nos dicen que sin duda esta lectura de Tapia en el Pleno caló mucho, sobre todo al diputado del PES, Juan Carlos Leal Segovia, a la priista Karina Barrón y al legislador de Morena, Melchor Heredia, quienes promueven regresar a legislar el pin parental, junto con organizaciones antiderechos.

Llama mucho la atención que Barrón, como priista salga a apoyar esta iniciativa, cuando el partido al que pertenece, en el artículo 1 de sus estatutos, se considera progresista e incluyente y esta propuesta es todo lo contrario.

¿No conoce los estatutos de su nuevo partido? Ojalá y el dirigente del PRI de Nuevo León, Heriberto Treviño, le haga llegar una copia de los mismos a su diputada, por si acaso.


* Esta opinión no refleja la del periódico
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