Redes de poder MTY: El incómodo ‘49’ para Mariela Saldivar y primeros sancionados por ‘broncofirmas’

Lo más destacable durante el segundo día de trabajo legislativo del Congreso local en el primer periodo ordinario del tercer año de la Legislatura fue la forma en que la mayoría de los diputados “reventaron” el quórum cuando la diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, subió el tema de la transparencia del llamado bono de gestoría.

El artículo 49 del Reglamento del Congreso, o simplemente “el 49”, como lo llaman los diputados, establece que cada legislador recibe una cantidad de dinero, que se estima sea de 133 mil pesos mensuales, que se utiliza para pago de salarios, apoyos y gasto de papelería, entre otras cosas.

En un año, cada diputado podría recibir más de un millón de pesos, sólo si pertenecen a uno de los grupos parlamentarios registrados en el Poder Legislativo, si no, simplemente no recibe dinero. Pero el tema de transparentar este recurso incomoda a más de un legislador.

Esta cantidad se deposita a cada coordinador de la bancada por parte la Tesorería del Estado, pero existen, nos dicen, algunos diputados que lo reciben directo y que, incluso, entregan documentos a esta dependencia sobre el destino final de estos recursos.

También hay que recalcar que la falta de quórum puede considerarse como la “bienvenida” como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local a Guadalupe Rodríguez Martínez, quien ya en su segundo día tuvo dificultades para conciliar con todos los grupos ponerle fin al debate.

Primeros sancionados por ‘broncofirmas’

Sin dar nombres, la FiscalíaGeneral de Justicia de Nuevo León, encabezada por Gustavo Adolfo Guerrero, anunció la separación de su cargo de 11 trabajadores, en lo que sería la primera sanción de su tipo en contra de los implicados en la recolección irregular de firmas de apoyo para la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón a la Presidencia de la República.

Entre quienes fueron despedidos de la fiscalía se encuentran un director, un coordinador de área y tres agentes ministeriales, quienes habrían sido partícipes de la ilegalidad cuando el hoy órgano autónomo aún era Procuraduría estatal y forman parte de los 571 funcionarios que fueron señalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber desviado recursos del estado al recabar firmas en horario laboral.

Según el comunicado emitido por la fiscalía, esta resolución definitiva la tomó la Visitaduría General el martes 1 de septiembre después de haber concluido los expedientes de responsabilidad y de determinar que dichos servidores faltaron a los principios de neutralidad e imparcialidad en la equidad de la competencia electoral.

Además de la remoción del cargo, se ordenó la cancelación del certificado de servidor público y la anotación respectiva en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.