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Opinión

Además de haber llegado con la intención de hacer una “limpia” de personajes cercanos a su antecesor, Osvaldo Robles, en el Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, una de las primeras cosas que operó Diana Luisa Adame tras su nombramiento en febrero fue un ajuste de sueldo.

Según el portal de Transparencia de Nuevo León, la ex coordinadora de Comunicación del Gobierno Estatal tiene un sueldo bruto de 96 mil pesos, mientras que Robles tenía una percepción mensual de 88 mil pesos. Es decir, a pesar de tener el mismo puesto, Adame Castillo fue consentida con 8 mil pesos más en la nómina.

Pero eso no es todo, pues a las personas que se llevó de Comunicación Social para el Sistema de Radio y Televisión también las tiene con buenos sueldos.

Esto contrasta con el trato que le ha dado a otros colaboradores que estaban antes de su llegada, a los que incluso habría denigrado laboralmente, como los casos Verónica de la Rosa, brazo derecho de Robles, Gerardo López Moya y otro grupo de empleados, que fueron relegados o, incluso, separados de sus cargos.

Pero mientras la tensión sigue al interior del Canal, al menos Diana Luisa Adame y sus incondicionales pueden estar conformes con sus remuneraciones.

Tapia se deslinda

La legisladora de la bancada Independiente Progresista en el Congreso local, Claudia Tapia Castelo, se deslindó del paquete de iniciativas que reforman al artículo 63 de la Constitución local, que quitarían atribuciones al Poder Ejecutivo en el nombramiento de titulares de organismos estatales.

La legisladora mandó un escrito el día de ayer a la oficial Mayor del Congreso, Armida Serrato Flores, para que realice el procedimiento necesario a fin de que se retire su suscripción a la iniciativa 13562/LXXV, que fue presentada el 10 de junio pasado.

Esto lo realizó en su derecho de presentar y retirar iniciativas con fundamento al segundo párrafo del artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y le solicitó, además, que notifique a la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado del PRI, Jorge de León.

Esta decisión representa un voto menos en caso de que el dictamen llegue al Pleno del Congreso. Tapia estudió a profundidad la iniciativa y reconoció que existe una invasión a la esfera del Gobierno estatal, además de mostrar su postura de creer y defender la división de poderes en Nuevo León.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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