A dos días de que inicie formalmente el periodo de campañas electorales en Nuevo León, los partidos y los aspirantes a un puesto de elección popular en el estado están aún en incertidumbre.

Esto se debe a que la Secretaría de Salud del estado, a cargo de Manuel de la O, no ha dado a conocer ningún protocolo sanitario para las mismas, y parece más que evidente que de aquí al próximo viernes no habrá lineamientos para desarrollar campañas en medio de la pandemia de COVID-19.

Esto ya ha despertado muchos cuestionamientos por parte de la clase política, sobre todo por la sospecha de que el gobierno encabezado por Jaime Rodríguez intente sacar algún beneficio político de toda esta incertidumbre.

¿Qué restricciones hay para llevar a cabo actos proselitistas?, ¿se puede convocar a eventos informativos?, ¿puede haber reuniones entre militantes o simpatizantes de algún partido o candidato?, ¿qué pueden hacer o qué no pueden hacer los candidatos a un cargo de elección popular? Las preguntas no tienen respuesta hasta el momento.

Queda muy presente la declaración a inicios de año del secretario Manuel de la O, quien afirmó que, en caso de que se considerara que la situación sanitaria aún era grave, se podrían suspender o posponer las elecciones en el estado.

¿A quién beneficia realmente tanta ambigüedad?

NUEVO REVÉS PARA EL CONGRESO

La revocación de dictámenes inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido una constante para el Congreso de Nuevo León.

Y ahora, para exhibir las deficiencias legislativas, los ministros de la Corte le dieron un revés a la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, que invalidó la declaración 3 de 3 para proveedores en licitaciones de obras públicas del Estado y Municipios.

Pero además, la SCJN rechazó la definición de falta grave; las reglas de sanción a personas morales; la imposición de la inhabilitación definitiva como sanción administrativa; la incorporación de las faltas de corrupción de servidores públicos y chantaje.

Es decir, la Corte prácticamente tumbó la nueva ley, planteada en la Comisión Anticorrupción, a cargo de Arturo Bonifacio de la Garza.

La Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso de Nuevo León pasará a la historia como la que más derrotas acumuló en controversias constitucionales. No ganó una.

Tan sólo hay que recordar la revocación de la sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, así como la controversia del magistrado Ángel Mario García Guerra, que por poco les cuesta la destitución a los diputados.