Redes de poder: La transparencia cuesta

La Fiscalía General de la República pide un pago de un millón 423 mil 775 pesos para reproducir los archivos certificados en versiones públicas de las masacres de San Fernando, Tamaulipas, y de Cadereyta, Nuevo León. El caso de San Fernando se refiere a las 72 personas migrantes centroamericanas que fueron secuestradas y asesinadas cuando viajaban hacia Estados Unidos y transitaban por la localidad tamaulipeca en el año 2010. El caso de Cadereyta está relacionado con los restos de 49 personas que fueron lanzados en 2012 sobre una carretera de ese municipio neoleonés. Reporte Índigo solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia los archivos en versión pública de ambos hechos, y la FGR contestó que podría enviar copias certificadas por la cantidad mencionada o copias simples por una cantidad de 90 mil 388 pesos. La FGR no se niega a entregarlos, pero para ello será necesario desembolsar una gran cantidad de dinero.

Compromiso con la paridad

El reciente fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), apunta a sentar un precedente en materia de equidad de género. A la par de la declaratoria de la reforma constitucional en materia de paridad de género por la Comisión Permanente del Congreso, el TEPJF aprobó el pasado miércoles 5 de junio la resolución del magistrado José Luis Vargas, para anular la elección por la que pobladores de la colonia Cuauhtémoc en San Mateo del Mar, Oaxaca, eligieron a través de usos y costumbres a integrantes de la agencia de policía municipal por no haber permitido participar a mujeres. Aunque el fallo de la sala regional Xalapa planteaba pasar la falta y esperar hasta la próxima elección para pedir que se deje participar a mujeres, el mensaje fue concreto y positivo: nunca más una elección sin mujeres y se ordenó repetir los comicios.

Nuevo integrante del CPC

Finalmente este día, la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción dará a conocer al nuevo integrante del CPC. Hay que recordar que Enrique Carpizo, presentó una demanda de amparo por una resolución que lo dejó fuera del proceso sin tener la oportunidad de sostener una entrevista con los integrantes de la Comisión de Selección, lo cual retrasó el nombramiento. Hoy, después de una resolución judicial, Carpizo tendrá oportunidad de entrevistarse con los evaluadores, quienes posteriormente darán a conocer el nombre de quien reemplazará a Mariclaire Acosta en el CPC.