Redes de poder: Horas extra en FGR

Una resolución en el pleno del INAI podría meter en serios apuros a la FGR, pues tras una solicitud de información de un particular, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero deberá dar a conocer el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en primera instancia por los delitos de desaparición de personas y desaparición […]

Una resolución en el pleno del INAI podría meter en serios apuros a la FGR, pues tras una solicitud de información de un particular, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero deberá dar a conocer el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en primera instancia por los delitos de desaparición de personas y desaparición forzada, así como la causa penal y juzgado donde fueron dictadas, de 2007 a 2012. La Coordinación de Planeación y Administración de la FGR había respondido que solo contaba con los datos desde 2013 a 2019. Ahora los funcionarios de la Fiscalía trabajarán horas extras para cumplir con lo solicitado, y por los años que comprende la solicitud, lo que lleguen a encontrar no será agradable.

En la mira por mercados

La investigación que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México por los recientes incendios en mercados, además de revelar las posibles causas de los siniestros, también podría sacar a la luz una red de complicidades y corrupción con un historial de casi dos décadas, desde los primeros años posteriores a la llegada del PRD al poder, nos comentan. Al parecer habría muchos exfuncionarios y operadores perredistas que permitieron una serie de irregularidades e ilegalidades en los mercados, o al menos voltearon hacia otro lado. Algunos se retiraron de la política, otros siguieron en el PRD y nos dicen que más de uno es de los que dieron el salto a Morena. Atentos.

Planteamientos reales

La reclasificación y posible prohibición de videojuegos considerados violentos que propuso el director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) Rodolfo González Valderrama parece más una declaración con la que el funcionario o la propia Segob buscan acaparar la atención y generar debate tras los hechos en una escuela privada en Coahuila, si no una ocurrencia. Pero lo cierto es que a 10 días de la tragedia, difícilmente se puede tomar estas posibles medidas como una verdadera política pública para evitar episodios similares. ¿Por qué la SEP o la propia Segob no escuchan a los docentes? Quizá si los involucraran más y pusieran más atención a los relatos de lo que viven al día a día en cuestión de violencia con los alumnos y los padres de familia, sí podrían tomar medidas preventivas.

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