Como una bocanada de oxígeno debió tomarse en el Gobierno de Jalisco la publicación, por parte del Gobierno de México, de la Declaratoria de Emergencia para municipios jaliscienses que resultaron afectados por el huracán Nora, pues los daños que ha valorado el Gobierno de Enrique Alfaro se han estimado hasta en 500 millones de pesos.

Aunque la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha generado incertidumbre y malestar para los Gobiernos estatales que se han visto afectados por los fenómenos de la naturaleza, con la publicación de la “Declaratoria de Emergencia”, seguramente el gobernador Alfaro podrá dormir más tranquilo, pues implica el acceso a recursos públicos de la Federación.

Incluso, el senador Clemente Castañeda expresó al respecto: “Si bien, la declaratoria de emergencia es un gran avance, es fundamental que el Gobierno de México siga colaborando con el Gobierno de Jalisco para rehabilitar a todos los municipios perjudicados, cuyos daños ascienden a los 500 millones de pesos”.

Ahora la duda radica en saber cuántos recursos destinará la Federación al estado de Jalisco para la reparación de los daños que generó Nora, la relación de Alfaro y el presidente López Obrador pasa por un buen momento, lo que puede resultar favorable para el estado.

TRES AÑOS DESPUÉS

A tres años de que se revelara que 444 cadáveres se encontraban en dos tráileres en una bodega en Tlaquepaque, sin ser identificados ni siguiendo los cuidados forenses necesarios, la ola de culpas, responsabilidades, dimes y diretes entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el Servicio Médico Forense (Semefo) y la Fiscalía del Estado, continúan.

Resulta que ayer fueron imputados por la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción por el delito de abuso de autoridad en agravio de la sociedad y de víctimas indirectas indefinidas, Octavio Cotero Bernal, exdirector del IJCF y Eduardo Mota del Semefo.

La defensa de los exfuncionarios pidió tiempo, mientras tanto Cotero y Mota acusan persecución política y señalan que los responsables de los “tráileres de la muerte” siempre fueron los de la Fiscalía. Lo cierto es que a tres años, todavía no hay avances, justicia ni castigos.