La aprobación de las reformas a Ley de la Industria Eléctrica en la Cámara de Diputados, a falta del esperado aval en el Senado, ya aceleró los movimientos internos de algunas empresas con intereses en el sector energético, quienes, nos comentan, ya comenzaron los acercamientos con actores políticos, en el Poder Judicial y en los órganos autónomos.

Descartada prácticamente la opción de incidir en el Legislativo, donde no ha tenido obstáculos, y con entes como la Comisión Reguladora de Energía o el Centro Nacional de Control de Energía alineados a la Secretaría de Energía, los esfuerzos para cabildear podrían concentrarse en la Comisión Federal de Competencia Económica, que, así como promovió una controversia constitucional en contra de la Política Energética de Sener en 2020 que terminó frenada en la Suprema Corte, podría también considerar algún recurso legal ante las modificaciones, argumentando que este nuevo esquema atenta contra la competencia.

Hay que recordar que hace unas semanas, la Cofece ya recomendó a la Cámara de Diputados no aprobar la iniciativa, al considerar, justamente, que los cambios propuestos afectarían severamente la competencia en el sector energético.

¿Se quedará solo en una recomendación del órgano autónomo?

DENUNCIA, EL PRIMER PASO

Los señalamientos sobre una presunta red de contrabando y corrupción mediante la cual se evaden impuestos y se importa combustible de manera ilegal hacia México ya llegó a través de una denuncia a la Cámara de Diputados.

Dicha denuncia, presentada de forma anónima, fue recibida por el diputado veracruzano de Morena, Ricardo Exsome Zapata, quien forma parte de la Comisión de Energía en San Lázaro.

En el documento enviado al legislador se detalla de forma muy pormenorizada el modus operandi en donde estarían supuestamente involucrados, ya sea por acción u omisión, desde autoridades aduanales, compañías importadoras, transportistas y empresarios del sector gasolinero. La denuncia ya fue el primer paso, ahora lo que sigue es que la Comisión de Energía, que preside Manuel Rodríguez González, le entre de lleno al tema, y al menos exhorten a las autoridades para que realicen las indagatorias.